Un nuevo requerimiento para aclarar la propiedad de los fondos previsionales llegará hasta el Tribunal Constitucional. Esta vez el caso corresponde a una enfermera de Punta Arenas que solicita el retiro del dinero, pues de quedarse con la pensión, recibiría cerca de 200 mil pesos, lo que le impediría poder cubrir sus gastos y necesidades actuales, en especial los del tratamiento de una enfermedad crónica y el pago de deudas que superan los 400 mil pesos mensuales.

Su caso se suma al de la profesora de Antofagasta, María Angélica Ojeda, que tras interponer un recurso de protección en la Corte de apelaciones de Antofagasta abrió la ventana para que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto de la legitimidad y disposiciones del decreto ley 3500 que funda el actual modelo de pensiones.

Así, durante las próximas semanas ambos casos deberán ser revisados por el TC, que deberá pronunciarse sobre la propiedad de los dineros previsionales.

El vocero de NO+AFP, Luis Mesina, valoró que las acciones judiciales estén tomando este camino y comentó que lo del sur de Chile “se inscribe dentro de la misma estrategia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta”.

“Nos tiene muy contentos, porque con esta decisión el Tribunal Constitucional va tener que pronunciarse sobre el fondo, que es lo que siempre buscábamos”, dijo.

El dirigente agregó que “si somos propietarios, lo que queremos no es sacar la plata para que cada uno de nosotros haga lo que quiera, nosotros queremos una respuesta colectiva solidaria, queremos que si la corte termina dándonos la razón podamos avanzar rápidamente y sin intermediadores hacia un sistema realmente de seguridad social, eso es lo que buscamos”.

En tanto, Carolina Espinoza, también vocera de la Coordinadora, dijo que agotarán las instancias para que se esclarezca la propiedad de los fondos.

“Lo que nosotros hemos logrado con esta estrategia jurídica es poner en la agenda pública una demanda ciudadana que es vital y urgente. Tenemos expectativas respecto de que vamos a usar todos los canales y vamos a hacer todas las apelaciones y presentaciones que fundan este derecho tan importante que es el de propiedad, que estaría garantizado en la Constitución Política de nuestro país, pero también, y de fondo, lo que ha planteado la Corte de apelaciones de Antofagasta es cuestionar el derecho a seguridad que estaría consagrado, y que sin embargo este decreto 3500 hoy día no está dando cuenta”.

La estrategia de Cuprum    

Fernando Atria, presidente de la fundación La Casa Común, comentó las medidas que ha realizado AFP Cuprum para frenar estas acciones judiciales y así evitar que el recurso pase por el Tribunal Constitucional.

Respecto de ello, indicó que el abogado de la administradora de fondos de pensiones, Omar Cortés, presentó una solicitud de reposición y apelación contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta con el objetivo de modificar la resolución del tribunal.

“Por razones técnicas-jurídicas que no corresponde ahora especificar, esos recursos son manifiestamente improcedentes, pero vale la pena preguntarse por qué a la AFP Cuprum le interesa que la cuestión no llegue al Tribunal Constitucional”, sostuvo.

“Y eso se hace ahora más claro cuando ya no hay uno, sino dos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional”, agregó Atria respecto del caso de la enfermera de Magallanes.

El abogado socialista Fernando Atria, presidente de la fundación La Casa Común, ha liderado la estrategia de presentación de recursos de protección en distintas cortes de Apelaciones para que los afiliados a las AFPs exijan el retiro de sus fondos.

Además, la estrategia de AFP Cuprum para evitar el Tribunal Constitucional involucra otra maniobra. Esto, ya que Cortés también presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema, con el que pretenden que, de insistir la Corte de Antofagasta con requerir al TC, el recurso de protección presentado por la profesora pase por la Suprema.

“Ellos ven que esos procesos pueden servir para despertar una discusión que hace mucho tiempo debería haberse suscitado, sobre la real naturaleza del sistema de pensiones chileno y sobre la realidad, o no, de la propiedad sobre los fondos que tantas veces nos han dicho que los trabajadores tienen sobre sus cuentas”, comentó el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Mientras transcurren los diez días que dictó el TC para el traslado de la causa, la Corte de Antofagasta deberá pronunciarse respecto a la maniobra de AFP Cuprum. Mientras tanto, el requerimiento de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ingresará este jueves al órgano para la revisión de su admisibilidad.

Una nueva convocatoria

Este nuevo envío de un requerimiento al Tribunal Constitucional se da en medio de la convocatoria de NO+AFP a una nueva marcha familiar agendada para este domingo 6 de octubre desde las 11 de la mañana desde Plaza Italia.

Según comentaron desde la organización No + AFP, esperan que el impacto que ha generado el debate sobre la propiedad de los fondos se vea reflejado en la asistencia a esta marcha, y junto con ello llamaron a la ciudadanía a seguir exigiendo un sistema de seguridad social y a que los parlamentarios escuchen estas demandas para rechazar la reforma previsional del Gobierno.