El 30 de septiembre de 1973, Juan Oyarzún, Sergio Muñoz y Juan Escobar fueron ejecutados por militares y al margen de toda legalidad. Según estableció la sentencia de la investigación de este caso, dictada el 23 de diciembre de 2016, los hechos correspondieron a homicidios calificados y “delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas”.
Sin embargo, el 2 de octubre de 1973, respecto de este caso “La Tercera” informó que fueron ejecutados por disparar a población militar en calle Bío Bío, y que luego se habrían dado a la fuga. “Fueron alcanzados en la calle Nataniel con Arauco, donde el vehículo chocó. En ese mismo lugar fueron ejecutados en conformidad al Bando N 24”, indicaba el texto, titulado como “Fusilados 9 extremistas”.
Una vez aclarado judicialmente el crimen, la familia de Juan Oyarzún, Sergio Muñoz y Juan Escobar solicitó a través de una carta que tanto El Mercurio, Las Últimas Noticias y La Tercera rectificaran la noticia difundida en 1973, sin embargo, solo los dos primeros medios accedieron.
Así, iniciaron acciones judiciales para que La Tercera aclarara la información, y en abril la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la rectificación, sin embargo, el medio apeló.
Finalmente, el pasado 17 de septiembre la Corte Suprema ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones y durante las próximas semanas el medio deberá aclarar la información.
Paola, hija de Juan Oyarzún indicó a Radio y Diario Universidad de Chile que “ellos injuriaron, fueron cómplices del dictador y ni siquiera tienen la decencia de publicar una noticia verdadera, nosotros antes les enviamos una carta y esa fue una de las críticas de los ministros en la Corte de Apelaciones, que no había humanidad de parte del medio porque el alegato de ellos era que han pasado muchos años, pero en realidad tiene que ver con que queda develado, a través de la rectificación, que fueron cómplices y activos”.
Además, explicó que junto con el dolor que les provocó la muerte de sus familiares en 1973, las noticias difundidas por los medios de comunicación también les afectaron, pues fueron juzgados como terroristas por su entorno, y discriminados con frecuencia, a pesar de que en realidad eran víctimas de un crimen de lesa humanidad.
“Nuestro recurso de protección es un gran logro, inédito, nunca alguien pensó que se podía lograr. Yo siempre supe y tuve la intuición de que si lo íbamos a lograr y esto no es solo para mis familiares, es para todos aquellos que no han tenido la posibilidad de que se limpie la información, que se diga la verdad”.
Por su parte, Margarita Pastene, presidenta del Colegio de Periodista también destacó la importancia de este fallo: “No tenemos más que celebrar esta decisión de la Corte Suprema porque nos permite ir, de alguna manera, cumpliendo con lo que tenemos en deuda con la sociedad chilena de lo que aconteció en dictadura con los medios de comunicación”.
La presidenta del Colegio de Periodistas también ofreció disculpas públicas a los familiares de las víctimas porque los medios “no estuvieron a la altura” y aseguró que el fallo “es un ejemplo de que la justicia va estar alerta a lo que los medios realicen respecto de la entrega de información con verdad y justicia”.
En relación al cumplimiento de la sentencia, una vez que se conozca el cúmplase se informarán los plazos de La Tercera para rectificar la información, la que debe ser a través de una nota de prensa que no ocupe menos del espacio que se le dedicó a la información de 1973.