El pasado 5 de diciembre se realizó en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile la quinta sesión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, iniciativa establecida por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza en enero de 2014.

El objetivo de la iniciativa es crear un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la naturaleza y evidencien la destrucción de la tierra, reconociendo que los ecosistemas tienen derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales con legitimación legal en los tribunales.

En la instancia se revisaron tres casos chilenos: la minería de litio en el desierto de Atacama, la privatización del agua en Chile y las amenazas a la Patagonia, lugar de reserva de agua y vida, los que fueron analizados por jueces.

En esta ocasión los cargos estuvieron representados por el líder indígena ecuatoriano Yaku Pérez; la abogada de la Universidad de Chile Nancy Yáñez; el economista y político ecuatoriano Alberto Acosta; el investigador de Chile Sustentable Antonio Elizalde; la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa; y el analista internacional Raúl Sohr, mientras que el abogado ambientalista argentino Enrique Viale ofició como fiscal.

Diario y Radio Universidad de Chile conversó respecto del caso de la Patagonia con Peter Hartmann, miembro de la organización Aisén Reserva de Vida, quien participó como presentador de este tema en el Tribunal de Derechos de la Naturaleza.

En concreto, en la exposición se abordó la destrucción, ecocidio e intervención de los ciclos de agua en la Patagonia. Las mineras, la salmonicultura, el turismo y el calentamiento global son parte de las amenazas al territorio y sus habitantes, parte de ellos, pueblos indígenas como los kawésqar o los yagán.

Peter Hartmann explicó que el problema no son solo las industrias que han tenido que enfrentar, sino las que aún podrían querer instalarse en la Patagonia: “Mostramos cosas que están pasando en las cuales se afecta el agua y la vida. Nos hemos pasado décadas luchando contra mega proyectos hidroeléctricos, boom pesquero y los incendios. Ahora las amenazas son más bien de la minería, de las salmoneras y que nos vengan a salir otra vez con algún otro mega proyecto. Es posible, pero hoy está principalmente centrado en salmoneras y mineras el tema”, dijo.

Respecto de estas amenazas, no solo se abordó el daño ambiental que provocan las mineras y las salmoneras contaminando el mar, dejando residuos o arrasando con sectores naturales. También se hizo mención a la postura que el Estado ha tomado frente a este tipo de proyectos en áreas como la Patagonia.

Peter Hartmann dijo que “el Estado siempre está del lado de los malos, cosa que no debiera ser. Está muy ausente cuando le toca fiscalizar, hacer cumplir leyes, cumplir hasta su propia Constitución. Ni siquiera eso se cumple y tenemos que ser nosotros, las instituciones ciudadanas, los Pepitos Grillos y estar constantemente revolviendo el gallinero y mostrando los problemas que hay”.

“Nosotros haciéndoles la pega, es una cuestión increíble, versus los mayores mega proyectos que han habido en la historia de Chile. No la pasamos muy bien, más encima nos acusan de ecoterroristas y cuanta cosa más”, comentó.

Peter Hartmann – Créditos: Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.

En esa línea, Hartmann se refirió a lo importante de realizar actividades como este tribunal ante la situación que enfrenta nuestro país: “Viene muy bien en estos momentos en Chile, en que estamos por hacer una nueva Constitución y en la cual evidentemente será muy importante que aparezcan estos derechos, porque los humanos nos vamos a defender, pero a la naturaleza, ¿quién la defiende? Y estamos en una civilización, una sociedad chilena, que francamente es ecocida, porque estamos masacrando todo para producir crecimiento económico, sin dar mayores beneficios a nadie”.

En lo que refiere a los perjuicios sufridos por los pueblos indígenas de la Patagonia, Leticia Caro, representante del pueblo kawésqar, fue la encargada de reflexionar al respecto: “El problema de los territorios es que la lucha no termina, para nosotros hoy es lo mismo que fue la ganadería antaño. La ganadería terminó con el pueblo selk’nam y tehuelche porque fueron desplazados de su territorio. A nosotros nos pasa lo mismo con la instalación de la salmonicultura, no podemos acercarnos a los espacios que están concesionados, la salmonicultura se toma los cursos de los ríos, donde sacamos agua, contamina de forma desmedida los fondos marinos”, explicó.

En lo que refiere al veredicto, que aunque no es vinculante sirve como antecedente sobre la visión de expertos en este problema, el juez Antonio Elizalde informó que el caso fue acogido y exhortó al Estado a cambiar su actitud cómplice con el extractivismo y a respetar los lugares de conservación. A la vez, se sugirió tomar acciones si es que se concreta una nueva Constitución, dejando establecido en ella los derechos de la naturaleza.