En una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este martes, en el patio Andrés Bello de la Casa Central de la Universidad de Chile, autoridades y académicos de la casa de estudios, en conjunto con organizaciones sociales ligadas a la defensa de los derechos humanos, hicieron un llamado al que denominaron “Gran Acuerdo por los Derechos Humanos”.

Luego de 52 días de movilizaciones que han evidenciado una profunda crisis política y social, los representantes de la casa de estudios y dirigentes sociales exigieron el cese de las graves violaciones a los derechos humanos; así como políticas de seguridad y orden con enfoque en esta materia y la creación de, por una parte, una ley general de víctimas de violaciones de derechos humanos y, por otra, una ley de acceso a la justicia.

En representación de la Universidad, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, abrió la convocatoria señalando la importancia del contexto actual en el debate sobre la protección de los derechos humanos.

“Este es un día muy especial no sólo porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos, sino que porque estamos en un momento clave en nuestro país, justamente, en esta materia, una situación que jamás pensamos que volveríamos a vivir; que al cabo de los años el ‘Nunca Más‘ finalmente no ha sido respetado”, sentenció la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones.

En representación de la Universidad de Chile, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, destacó la importancia que toman los derechos humanos en el contexto actual. Foto: Felipe Poga | Prensa UChile.

Por su parte, el académico y coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, explicó en detalle todos los elementos que componen la propuesta que las organizaciones, en conjunto con la casa de estudios,.

A las exigencias antes mencionadas, se sumaron la creación de un organismo estatal que reúna información sobre las denuncias y establecer claramente las responsabilidades de cada uno de los actores.

En este último punto Nash hizo un llamado a los parlamentarios en el marco de las acciones constitucionales que se llevan en el Congreso en contra del Presidente Piñera y el ex ministro Chadwick. 

“El Parlamento tiene una posibilidad única en la historia de fijar el estándar de derechos humanos con los cuales van a ser juzgados en 20, 30 ó 50 años más, cómo la clase política respondió frente a las violaciones graves, masivas y sistemáticas ocurridas durante este período“, invitó el doctor en Derecho.

“Pero además nos parece que es necesario avanzar en las responsabilidades institucionales y, particularmente, en las responsabilidades de mando en Carabineros de Chile”, agregó Nash.

“Es impresentable que hoy las principales autoridades de la institución que ha sido responsable de estas violaciones de derechos humanos sigan en sus cargos. No hay credibilidad en un nuevo acuerdo de derechos humanos sin responsabilidades de tipo institucional, además de las responsabilidades políticas y penales”, sostuvo el académico de la Universidad de Chile.

El denominado “Gran Acuerdo por los Derechos Humanos” fue suscrito por, además de la Universidad de Chile, distintas organizaciones sociales. Entre ellas, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Foto: Felipe Poga | Prensa UChile.

El documento también busca hacerse cargo de la que, señalan, es una de las grandes deudas que dejó la transición: la verdad, justicia y reparación. En ese sentido, exigieron la creación de una comisión para redactar un informe que incluya toda la verdad sobre los hechos.

Fue la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, quien se refirió a este punto, asegurando que para este ítem es necesario otro de los puntos que abarca el acuerdo: el terminar con los discursos de confrontación y empate.

“Queremos en este informe ser muy rigurosos, que no venga la política del empate. Aquí no aceptaremos y no nos pasarán el gol como lo hicieron en el informe de verdad y reconciliación“, indicó la presidenta de la AFEP.

“La idea es entregar los elementos, la fuerza y la presión al Gobierno, porque esto tiene que partir de parte del Estado, ya que es el Estado el que tiene que reparar políticamente, socialmente y económicamente, tanto a las víctimas como a sus familiares”, añadió Lira.

En concreto, totalizan nueve las propuestas del llamado “Gran Acuerdo por los Derechos Humanos”, que la Universidad de Chile y las organizaciones sociales anunciaron como “la única forma en que se puede enfrentar los desafíos que tenemos en la agenda social, constitucional y de seguridad”. Este documento, señalaron los suscritos, será enviado al Poder Ejecutivo a través de la oficina de partes La Moneda y entregado al Poder Legislativo a través de las presidencias de ambas cámaras del Congreso.

También se hizo parte del documento la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y su presidenta, Alicia Lira, hizo un llamado a lograr verdad, justicia y reparación. Foto: Felipe Poga | Prensa UChile.

*Fotografía destacada: Felipe Poga  | Prensa UChile.