Fueron dos semanas de negociaciones entre la Mesa del Sector Público y el Gobierno que no estuvieron exentas de polémicas ni desencuentros. Finalmente, tras llegar a un acuerdo con diez de los 16 gremios que componen la mesa, este miércoles, el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La oferta final del Ministerio de Hacienda considera un alza nominal de 2,8 por ciento para aquellos trabajadores cuyas rentas brutas sean menores a los dos millones de pesos. Sobre ese monto, el reajuste será de un 0,7 por ciento nominal.

Si bien hubo consenso en el reajuste de un 2,8 por ciento a los sueldos bajo los dos millones, la piedra de tope estuvo en el reajuste para los ingresos más altos. Algo que fue criticado por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien calificó de “contradictoria” la posición de quienes se restaron del acuerdo.

“Lo que realmente complicó la cosa acá es que nosotros para las rentas más altas del sector público hayamos un propuesto un reajuste menor. A mí me sorprende porque en el discurso público muchas veces lo que se tiene, incluidas estas organizaciones, es acortar la brecha entre las rentas altas y las rentas bajas y, en este caso, el discurso no funciona cuando la propuesta afecta la realidad a aquellos que les toca”, dijo Briones a T13 Radio. “Es una contradicción pareciera ahí entonces resulta bastante curioso”, agregó.

La oferta final del Ministerio de Hacienda considera un alza nominal de 2,8 por ciento para aquellos trabajadores cuyas rentas brutas sean menores a los dos millones de pesos. Sobre ese monto, el reajuste será de un 0,7 por ciento nominal. Foto: Ministerio de Hacienda.

Esto,  porque la propuesta fue rechazada por las principales agrupaciones que componen la mesa, como lo son el Colegio de Profesores, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Confederación Nacional de la Salud Municipal (CONFUSAM) que, junto con las otras tres organizaciones que se restaron, totalizan el 70 por ciento de los funcionarios públicos del país.

¿Las razones? La última oferta significaría un aumento por debajo del IPC, lo que implicaría, en la práctica, rebajar los ingresos de cientos de empleados fiscales, y que el costo de enfrentar las demandas ciudadanas se cargue a los mismos que las levantaron: los trabajadores y sus familias.

Así lo explicó, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el histórico dirigente y actual vicepresidente de la CONFUSAM, Esteban Maturana, quien acusó al ministro Briones de chantajear a las organizaciones, amenazando con no entregar el bono de término de negociaciones si no aceptaban la última oferta.

“El ministro incurrió en el chantaje, esa es otra cosa que también utilizó como herramienta en esta oportunidad. El ministro señaló en uno de los procesos de negociación que si no se aceptaba el acuerdo que él estaba poniendo sobre la mesa, aquellos gremios que no firmaran el acuerdo se iban a quedar sin el bono de cierre de negociaciones, el bono de término de conflicto o como se le quiera llamar”, acusó Maturana.

“Con eso nos chantajeó y cayeron algunos que, lamentablemente, tienen más intereses en las lucas del hoy y del ahora; y se les olvida que esos bonos son pan para hoy y hambre para mañana, porque para nosotros es mucho más importante el crecimiento del sueldo base que recibir bonos que se gastan el mismo día en que se reciben”, agregó el dirigente de la CONFUSAM.

Respecto de las otras organizaciones, aquellas que sí aceptaron el reajuste y se subieron al acuerdo, Maturana sostuvo que éstas “cayeron en el juego de Briones”.

Esteban Maturana fue presidente de la Confederación Nacional de Salud Municipal durante 26 años. Hoy, ya fuera de la presidencia, sigue participando de manera activa en la organización como vicepresidente nacional. Foto: CONFUSAM.

En ese sentido, consultados por Radio Universidad de Chile, desde los distintos gremios secundaron las acusaciones de “chantaje” por parte de Briones y deslizaron que el secretario de Estado concretó una estrategia que tenía como objetivo quebrar la mesa del sector público.

Además, criticaron al secretario de Estado por no mantener los compromisos adquiridos en la negociación que concretaron este martes. Así lo expresó la coordinadora de la Mesa del Sector Público, Ana María Gutiérrez. “Suscribir algo y que después no te lo respeten en un proyecto de ley, creo que eso es lo que para mí reviste mayor gravedad“, sostuvo la dirigenta.

“Es grave esta suerte de chantaje de parte del ministro y de otras autoridades que estaban ahí negociando, planteando que los que firmaban sí y los que no firmaban no. Después dijo que tenía que ser una mayoría considerable la que firmara”, agregó la coordinadora de la MSP.

“Fue una mayoría, entre comillas, considerable, porque habían 10 gremios de 16, y resulta que ni siquiera es capaz de respetar ese acuerdo y hoy día aparece un proyecto de ley que no tiene incorporado este bono de acuerdo, como le llama el Gobierno”, agregó Gutiérrez.

Esto, porque en el proyecto de ley que ingresó este miércoles con discusión inmediata a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, no está incluido el denominado “bono por término de conflicto” o “bono de acuerdo”, como lo llamó el Gobierno durante las negociaciones. Así, la idea de legislar el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones al sector público, fue aprobada en general por la instancia y pasó a la Sala con informe positivo.

Fueron diez de los dieciséis gremios que componen la Mesa del Sector Público (MSP) los que aceptaron la última oferta del Ministerio de Hacienda para el reajuste de remuneraciones en el sector público. Al centro, la coordinadora de la MSP, Ana María Gutiérrez. Foto: Radio Universidad de Chile.