Este fin de semana, tribunales de justicia ordenaron prisión preventiva en tres casos de graves violaciones a los derechos humanos donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos es querellante.

El Décimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar para seis carabineros, imputados por los delitos de tortura y abuso sexual agravado, cometidos en contra del estudiante de medicina de la Universidad Católica, hechos que fueron perpetrados por funcionarios policiales de la 51° comisaría de Pedro Aguirre.

Asimismo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó prisión preventiva para el mayor de Carabineros, Humberto Tapia, a quien se le imputó el delito de homicidio frustrado, luego de haber disparado por la espalda con su escopeta anti disturbios , contra un menor de 16 años, quien terminó con dos pulmones perforados por perdigones.

A estas resoluciones judiciales, se agrega la del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que ordenó prisión preventiva para cinco carabineros acusados por delito de tortura contra un manifestante en Plaza Ñuñoa.

Este fin de semana, tribunales de justicia ordenaron prisión preventiva en tres casos de graves violaciones a los derechos humanos donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos es querellante. Foto: Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, recalcó el “avance del sistema de justicia en estas causas – a través de la fiscalía y los tribunales- con investigaciones exhaustivas, y resoluciones que hoy tienen a uniformados formalizados y a varios también en prisión preventiva“.

En tanto, el abogado del INDH de la Región Metropolitana, Daniel Cárdenas, valoró el apego a los estándares internacionales en las desiciones adoptadas por la Justicia.

“Nada quita que la tortura en sí misma, independiente de la gravedad o la intensidad de los hechos que la constituyen, es grave por sí mismo. Son hechos expresamente prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos, y respecto de los cuales el Estado de Chile tiene obligaciones específicas”, sostuvo Cárdenas.

“Esas obligaciones dicen relación con la investigación y sanción efectiva de dichos actos o ilícitos que están establecidos en el Código Penal desde el año 2016 a lo menos. Desde esa perspectiva es que estamos conformes con el avance de este juicio y, por lo pronto, vamos a seguir con los demás casos en que somos parte”, agregó el abogado.

Consultado por las penas que se exigirán en los graves casos de tortura, Cárdenas indicó que van desde los siete años de cárcel hasta el presidio perpetuo.