Preocupación existe en distintos sectores del país por la indiscriminada aplicación del derecho penal del que están siendo objeto las y los adolescentes en el contexto de las manifestaciones sociales. Esto, a pesar de la protección que les asegura la Convención sobre los Derechos del Niño, además de contar con una regulación especial dentro de la legislación penal, a través de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

“Lo que está ocurriendo en el último tiempo es que a los adolescentes se les están aplicando leyes más gravosas”, planteó con inquietud la abogada y Doctora en Derecho, Myrna Villegas, académica del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, aludiendo, por ejemplo, a la Ley sobre Control de Armas, además de la Ley de Seguridad del Estado, cuya aplicación ha sido solicitada por el Gobierno en contra de los dirigentes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), lo que califica como grave.

En contextos como éstos, es recurrente la discusión sobre la edad en la que una persona debiera ser responsable de sus propias acciones constitutivas de delito; es decir, desde qué momento se es mayor de edad, pero no sólo en cuanto a los potenciales delitos cometidos, también en lo que se relaciona con la participación en la toma de decisiones, tal como lo explicó la abogada.

“Es paradójico exigirle responsabilidad a estas personas, pero al mismo tiempo impedirles participar dentro de la sociedad, con su voto, para ver si pueden o no cambiar las cosas”, advirtió la académica, junto con identificar una compleja situación, pues “si uno quiere cuestionar el tema de la responsabilidad penal adolescente, debería también cuestionar la Convención sobre los Derechos del Niño, porque es la que permite, de alguna manera, que se establezca este tipo de responsabilidades”.

Dra. Myrna Villegas, académica del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (Foto: www.academia.cl)

Si bien entre los 14 y 18 años existe en la legislación del país un tratamiento más atenuado en términos de penas, para la experta es fundamental que “la responsabilidad penal de los adolescentes deba darse con pleno respeto del marco internacional de los derechos humanos”.

En ese sentido, un caso de máxima preocupación es lo que la Dra. Myrna Villegas define como “la criminalización de los jóvenes que interrumpieron la rendición de la PSU a través de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado”, solicitud realizada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

“Hay una falta de tratamiento político adecuado del problema, cuando se trata a las personas o a los infractores de la ley penal como si fueran enemigos políticos”, aclaró la abogada.

Agregó: “estamos asistiendo a una especie de renovación de la aplicación de la ‘Ley Maldita’ de Gabriel González Videla, que fue establecida precisamente para eliminar adversarios políticos”.

Es por ello que afirma con molestia que “acudir al recurso de la Ley de Seguridad del Estado, respecto sobre todo de jóvenes, es tan grave como invocarles la Ley Antiterrorista”.

En ese contexto, no dudó en aseverar que los ciudadanos no están sintiendo las normas penales como propias, un claro reflejo de la desconfianza hacia los poderes del Estado respecto de la conducción del país.

“El proceso de estigmatización que supone la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado estaría siendo, de alguna manera, contraria a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de adolescentes”, advierte la abogada Myrna Villegas.

Incluso manifestó que al aplicar aquella cuestionada legislación y el contenido ideológico que está detrás de ella, el Estado estaría transformando a todas esas personas en lo que se conoce como presos políticos.

“Todavía están en investigación las causas por Ley de Seguridad del Estado, por lo que no podemos saber cómo fallarán los jueces”, recordó la académica.

“Podrían resolver que la ley aplicable no es la de Seguridad del Estado, sino que es la ley penal común, en los casos en los que efectivamente se logre probar la comisión de un delito y la participación culpable de una persona en él”, añadió.

Sin embargo, independiente de eso, “el proceso de estigmatización que supone la aplicación de esta Ley ya estaría siendo, de alguna manera, contraria a los derechos humanos, especialmente cuando se trata de adolescentes”.

Tal como lo define la Dra. Myrna Villegas, la sociedad chilena en general y su comunidad jurídica en particular son esencialmente legalistas, por lo que -como explicó- cuando los gobiernos intentan responder a este tipo de violencia social a través del recurso a las leyes penales, más que soluciones, lo que ocurre es que los problemas se agravan. “El derecho penal no frena la comisión de delitos”, sentenció la académica.

En suma -como concluyó la abogada- una agudización del conflicto social podría dar paso a una cada vez mayor desvinculación ciudadana respecto de la clase política en general.