El martes, en la Cámara Alta, los senadores actuando como jueces de la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, decidieron por mayoría simple (18 votos a favor, 15 en contra, dos abstenciones y un pareo) desestimar los argumentos de los diputados acusadores y mantener en su cargo a la autoridad regional.
Desde fuera del Congreso, el académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash, recordó el diagnóstico que entregó preliminarmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita a nuestro país, dando cuenta de la grave crisis por la que se atraviesa en materia de DD.HH. y, en ese sentido, diagnosticó una grave crisis de moral en la Cámara Alta.
“Irse de viaje, no ir a votar, abstenerse en la votación frente a violaciones de derechos humanos es el reflejo de una clase política que perdió completamente la capacidad de proteger derechos y reaccionar ante los abusos” aseveró.
Asimismo, el docente universitario criticó el que se instale la idea de que violar los derechos humanos para conseguir un determinado fin, en este caso el orden público, esté acorde con la Constitución.
“El mensaje ha sido que los derechos humanos no son un límite infranqueable, sino que hay un bien superior que está por sobre las personas y sus derechos. Eso es gravísimo para la convivencia democrática en Chile” advirtió.
En cuanto al porvenir, el académico señaló que se está consolidando una situación de impunidad tanto política como judicial, por lo que, desde su perspectiva, es imposible que cesen las violaciones a los derechos humanos, que se haga justicia, y se repare a las víctimas.
“Los tres poderes del Estado se van alineando tras una idea de criminalización de la protesta social, de impunidad y de defensa al orden establecido a cualquier costo” aseguró Nash.
Sobre el rol de Carabineros y su responsabilidad en los últimos hechos, el experto en Derechos Humanos sostuvo que la institución uniformada depende de las autoridades civiles, y que son éstas, tanto Intendente, como el Ministro del Interior y hasta el Presidente, quienes no pueden pretender eximirse de su incumbencia.
La acusación constitucional contra el Intendente Metropolitana es la tercera revisada por el Congreso desde el estallido social del 18 de octubre. La primera resultó con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un lapso de cinco años de quien había sido hasta entonces la mano derecha del Presidente Piñera, el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. La segunda acción constitucional revisada por los parlamentarios fue dirigida contra el propio jefe de Gobierno, sin embargo, al igual que con la del Intendente Guevara, no prosperó.
