La propuesta de una ley que prohíbe y sanciona a quienes nieguen o minimicen los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983) fue presentada por miembros de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF), que está vinculada a organizaciones argentinas de derechos humanos residentes en Francia con las que el presidente argentino se reunió este jueves en París, antes de regresar a Buenos Aires.

“Nunca pensé en eso antes. Adelante”, ordenó Alberto Fernández a su ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, que también estaba en la reunión.

Después de la reunión, la ministra emitió una nota en la que argumentaba que “no hay otra manera de resolver la tragedia en Argentina que a través de la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

Losardo subrayó la importancia de cumplir con todos los tratados internacionales de derechos humanos a los que la Argentina se ha adherido.

Cualquier ley contra los negadores de la dictadura argentina se basaría en la legislación francesa contra los que niegan públicamente la Shoah. Por esa legislación de 1990, el ex presidente del Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, ya ha tenido que pagar una multa de 30.000 euros por minimizar el exterminio contra los judíos. “Fue un detalle histórico”, dijo Le Pen en referencia a las cámaras de gas en 2016.

La ley francesa castiga las expresiones negacionistas fuera de la esfera privada. La versión argentina señalaría los crímenes contra la dictadura militar, considerados crímenes contra la humanidad. Evitaría que se cuestione el número de víctimas, incluso en las plataformas digitales. También penalizaría la xenofobia.

Cifras cuestionadas

En Argentina, a diferencia del Brasil durante el actual gobierno de Jair Bolsonaro, no es común negar los crímenes durante el último régimen militar, pero se ha vuelto frecuente cuestionar la cifra que las organizaciones de derechos humanos siempre han defendido, incluso sin pruebas.

Según estas organizaciones, 30.000 personas murieron durante los siete años de la dictadura, muchas de las cuales siguen “desaparecidas”. Sin embargo, según datos oficiales de 2006, el número total de víctimas es de 8.368 entre muertos, desaparecidos y secuestrados.

En 2016, el entonces Ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, fue despedido de su cargo por negar que el número de muertos hubiera sido de 30.000.

La ex diputada Graciela Fernández Meijide, miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que en 1985 sirvió de base para el proceso de enjuiciamiento de los máximos responsables de los crímenes de la dictadura argentina, había identificado 8.961 víctimas.

El periodista Ceferino Reato, autor del libro “¡Viva la sangre!” que trata del tema, hizo una encuesta basada en datos oficiales de 2006 y concluyó que hubo 7.158 víctimas, de las cuales 6.415 estaban desaparecidas y 743 muertas. Según Reato, la cifra de 30.000 fue inventada por los exiliados en Europa para poder hablar de genocidio y conmover a los europeos.

Argentina es el país americano que más ha condenado, con la cadena perpetua, los crímenes contra la humanidad. Unas 900 personas ya han sido condenadas, incluyendo a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone. Cerca de 3.000 personas ya han sido acusadas.

El presidente Alberto Fernández también se comprometió con los organismos de derechos humanos a seguir adelante con los juicios contra los responsables del régimen militar más criminal de Sudamérica. El reto de la justicia ahora es juzgar a los líderes civiles, grupos empresariales y económicos, ideólogos o cómplices de los militares.

En la dirección opuesta, durante el último año, el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro ha empezado a celebrar el día del golpe militar, a reivindicar el régimen autoritario y a negar que existiera una dictadura en Brasil entre 1964 y 1985.