Una investigación de Radio Bío Bío hizo público un audio en el que es posible escuchar al ex congresista de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Hasbún, comprometiendo gestiones ante el Ministerio de Obras Públicas en favor de la empresa de Bruno Fulgeri.
En el registro, quien fuera representante del distrito 26, solicita a su interlocutor el pago, sin monto especificado, de sus servicios y expresa que se pondrá en contacto con Lucas Palacios, actual ministro de Obras Públicas, como parte de sus gestiones.
Luego de conocidos estos hechos, el aludido secretario de Estado, a través de un comunicado público, salió rápidamente a desmentir cualquier contacto con Hasbún y a negar su participación en los hechos denunciados.
“Niego categóricamente cualquier participación mía, directa o indirectamente, en esta o cualquier otra eventual situación irregular”, inicia el texto, para luego agregar que respecto de “las grabaciones conocidas entre terceros, subrayo tajantemente que yo solo puedo responder por mis acciones y no por las ejecutadas por terceros, en este caso por privados”, marcando una clara distancia con el ex alcalde de Estación central.
Este lunes, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía a través de Héctor Leiva, persecutor jefe de esa unidad, anunció que están llevando cabo las acciones indagatorias necesarias para aclarar las irregularidades al interior del MOP y que implicarían, eventualmente, los delitos de cohecho y tráfico de influencias por las que Gustavo Hasbún sería investigado en calidad de imputado.
“Hay un serie de antecedentes que se han ido recopilando y la Fiscalía está desarrollando una investigación a través de la Brigada Anticorrupción Metropolitana, cuyas diligencias están en pleno desarrollo. Por lo tanto, todavía no podemos entregar mayor detalles del contenido de la investigación”, señaló el fiscal, para luego agregar que el ministro Palacios podría ser citado a declarar en calidad de testigo.
Por su parte, el Gobierno, a través del ministro Felipe Ward, salió a respaldar la figura de Lucas Palacios. “Cuando una autoridad de Gobierno, cuando un funcionario público se encuentra frente a hechos que son, eventualmente, constitutivos de delitos, tiene la obligación de ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente. En este caso, la Fiscalía, y eso es lo que se hizo. Junto con eso, se terminan anticipadamente los contratos (con la empresa de Fulgeri), se cobran las boletas de garantía –es decir, no hay ningún perjuicio para el Fisco- y se elimina o se suspende a la persona involucrada del Registro de Contratistas. Nos parece que la respuesta que hizo el MOP en su oportunidad es absolutamente correcta, adecuada y oportuna“, expresó en un punto de prensa en La Moneda el secretario de Estado que reemplaza a la vocera Karla Rubilar durante sus vacaciones.
