El Líbano ha logrado contener la propagación del nuevo coronavirus mediante la adopción de un plan de confinamiento estricto, junto con un toque de queda nocturno y el cierre de escuelas y universidades desde fines de febrero. Se han notificado un total de 717 casos confirmados, 24 muertes y 120 recuperaciones.

Estos resultados fueron considerados alentadores por las autoridades que iniciaron, el 27 de abril, un plan de desconfinamiento en cinco etapas que se extiende hasta principios de junio, con la reapertura de las escuelas durante dos meses. Los exámenes de certificado y bachillerato se mantienen según calendario normal.

Pero el movimiento de protesta se reanudó apenas comenzó el desconfinamiento. Desde el lunes, los enfrentamientos han dejado una víctima y decenas de heridos, entre ellos 80 soldados, con un aumento de la violencia sin precedentes desde el inicio del levantamiento popular, el 17 de octubre de 2019.

Una crisis económica convertida en crisis social

La crisis económica y financiera que afecta al Líbano desde el otoño de 2019 se ha profundizado en las últimas semanas y se ha convertido en una crisis social. En unos pocos días, a mediados de abril, la libra libanesa perdió más del 20% de su valor frente al dólar, los precios aumentaron en más del 50%, y el desempleo se disparó, acentuado por el cese de la actividad económica debido a la pandemia.

Todo esto se sumó a las fuertes presiones a las que están sometidos los libaneses desde octubre, con la imposibilidad de disponer de sus ahorros o de retirar divisas de sus cuentas bancarias.

Las condiciones de vida se están volviendo muy difíciles para grandes sectores de la población, cuando el 50% de los libaneses viven por debajo del umbral de pobreza, según el Banco Mundial. Muchas familias ya no llegan a fin de mes.

Esta frustración puede explicar el brote de violencia, dirigido principalmente contra el sector bancario. Este miércoles, al igual que el lunes y el martes, los manifestantes atacaron las sucursales bancarias, incendiándolas o destrozándolas en varias regiones del país.

Miedo a la manipulación

El primer ministro Hassan Diab afirmó, durante la reunión del Consejo de Ministros, que algunos buscaban provocar la sedición entre el ejército y la población. Añadió que los servicios de seguridad conocían los nombres de los líderes, y que varios de ellos habrían sido detenidos por los servicios de seguridad.

Todo el mundo en el Líbano reconoce la legitimidad de las demandas de los manifestantes, pero las autoridades sospechan ciertos partidos de querer instrumentalizar la ira de los manifestantes.

La reanudación de la protesta coincidió con una campaña política lanzada por el ex primer ministro Saad Hariri, el líder druso Walid Jumblatt y el jefe cristiano Samir Geagea. Estas tres personalidades acusan a Hassan Diab y a su gobierno de estar controlados por Hezbolá y el Movimiento Patriótico Libre, partido cristiano fundado por el presidente de la República y ahora dirigido por su yerno Gebran Bassil.

Las autoridades afirman que los partidarios de Hariri, Geagea y Jumblatt alientan el cierre de las carreteras en sus respectivos bastiones e incitan a la gente a manifestarse, algo que estos últimos niegan.

Ayuda financiera y amplio plan de reformas

A corto plazo, el gobierno ha empezado a dar a más de 100.000 familias una ayuda financiera de 400.000 libras, algo menos de 100 dólares. A largo plazo, ha preparado un amplio plan de reforma, que debe finalizar este jueves, para presentarlo a las instituciones y donantes internacionales, tras la decisión de suspender los pagos de la deuda en marzo.

Este plan prevé una reestructuración del sector bancario con una retención en las grandes cuentas, que representan el 2% de los depositantes. También prevé la reactivación de la economía real mediante un programa de apoyo a los sectores productivos.

Por último, esta semana se adoptaron una serie de medidas para luchar contra la corrupción y recuperar el dinero público robado o transferido al extranjero. Pero la tarea será difícil, ya que los opositores del gobierno empiezan a organizarse y el Parlamento sigue controlado por los partidos políticos tradicionales.