Chile es uno de los ocho países de los 193, que componen la ONU, cuyo sistema de seguridad social se erige sobre la base de un modelo de ahorro obligatorio en cuentas individuales administradas por entes privados.

Las bajas pensiones y la completa indefensión de los jubilados de nuestro país, que solo por el hecho de pasar a ser miembros pasivos de la economía pueden transformarse en parte de los grupos más vulnerables, son temas que han copado la agenda pública en los últimos años, sin que haya una mejora sustantiva en las pensiones.

En razón de lo anterior, los senadores Alejandro Navarro, Yasna Provoste, Juan Ignacio Latorre, Ximena Órdenes y Alfonso De Urresti tomaron una decisión y realizaron un movimiento legislativo no intentado hasta ahora: presentaron una propuesta de reforma a la Constitución Política de la República que modifica las facultades del Presidente de la República y del Congreso Nacional e incorpora un nuevo capítulo, el número XVI, en el que se establece un Sistema de Pensiones.

Este miércoles en Radioanálisis, uno de los autores del proyecto, el senador Alejandro Navarro adelantó en exclusiva esta información en conversación con el Director de Radio Universidad de Chile, Patricio López.

“Hace dos días planteamos una Reforma Constitucional con un nuevo capítulo que incorpora la seguridad social y por la que se establece un sistema que reemplaza tácitamente al de AFP con aportes tripartitos con igual contribución del trabajador y el empleador, más un aporte estatal. Además, proponemos la creación de un Instituto de Seguridad Social de Chile como organismo público descentralizado que sea el encargado de administrar esos fondos”.

El parlamentario explicó las razones que tuvieron los autores del proyecto de reforma constitucional para intentar esta vía. “Ello permite que el tema se admita a tramitación, porque la propia Constitución señala que todas las reformas constitucionales son admisibles. Una vez admitida, probablemente irá a la Comisión de Trabajo y se abrirá el debate. Esto ha sido criticado señalando que es una expropiación de los fondos individuales, pero lo que proponemos es que sea un ente estatal el que administre los recursos”, afirmó el representante de la 12ª Circunscripción en la Cámara Alta.

“Buscamos discutir un mecanismo de reemplazo y, si logramos aprobarlo sería el fin de las AFP, pero lo más valioso es instalar el debate en el Congreso haciéndolo ineludible como tema para próximas elecciones parlamentarias, presidenciales y también de los constituyentes”, agregó.

Según Navarro, esta propuesta de modificación constitucional además permite terminar con esa suerte de “monarquía legislativa del Presidente de la República” al señalar la modificación del artículo 65 de la Carta Fundamental sobre las materias de iniciativa exclusiva del Presidente, permitiendo que aquellas relacionadas con la seguridad social  “podrán ser compartida con el Congreso Nacional”.

En definitiva, el proyecto ingresado al Congreso busca crear un Sistema de Pensiones Solidarias, que contemplará la Pensión Básica Universal, Pensión de Vejez, Pensión de Invalidez y Pensión de Sobrevivencia. Los senadores autores del proyecto proponen que la Pensión Básica Universal sea equivalente al Salario Mínimo Garantizado. Para la administración de los fondos, se establece una nueva institucionalidad, el Instituto de  Seguridad Social de Chile, integrado por nueve consejeros y que funcionará como continuador legal de la Superintendencia de Pensiones.

Además, las cotizaciones ahorradas en las cuentas individuales administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones seguirán siendo propiedad de los trabajadores, “debiendo ser traspasados al Instituto de Seguridad Social de Chile, que otorgará a cada trabajador, un Certificado Saldo de Ahorro y Capitalización Individual Obligatorio Acumulado, mediante una Libreta Nacional que registrará su saldo, actualizado en línea. A la fecha del traspaso de los fondos del cotizante en el antiguo sistema del decreto ley 3.500 de 1980, el Instituto de Seguridad Social, emitirá un Certificado denominado Bono de Reconocimiento Nacional Previsional Solidario, cuyo monto estará afecto a una rentabilidad garantizada de dos por ciento anual”, señala el texto del proyecto de los senadores de oposición.

La idea que subyace a esta modificación constitucional es, según Alejandro Navarro, iniciar el debate en la Cámara Alta. “Hagamos el debate, no le privemos a la ciudadanía la discusión de cómo va a pasar su vejez.”, afirmó y para luego explicar que, a la vez, busca transparentar la posición de los senadores respecto de las  AFPs y si es posible o no dejar de lado un sistema que ha sido criticado duramente por las organizaciones internacionales del trabajo por su incapacidad de responder satisfactoriamente a las necesidades de la población y por su aporte significativo al aumento de la desigualdad en Chile.