En el primer día hábil de la cuarentena total decretada por el Ejecutivo en el Gran Santiago, vecinos de El Bosque protagonizaron protestas por la medida que les impide trabajar y, en consecuencia, no cuentan con los recursos para mantenerse durante la vigencia de la medida sanitaria.

Por más de diez horas se sucedieron las manifestaciones, mientras Carabineros actuó con fuerza contra los vecinos mediante los carros lanzaguas, lanzagases y bombas lacromógenas. 22 personas fueron detenidas bajo distintos cargos.

Este martes, en la primera edición de Radioanálisis, la concejala de esa comuna, Margarita Urra (PC)  analizó la situación vivida en la jornada anterior e interpeló al Gobierno a tomar medidas más acorde a las necesidades ciudadanas.

“Nosotros tenemos un trabajo no solo en la comuna de El Bosque, sino en distintas comunas del área metropolitana con agrupaciones de comités de allegados. En El Bosque uno sabe perfectamente cómo está y cómo resiste la gente y yo veía venir, con las solicitudes de cuarentena y la falta de soluciones económicas, que habría un gran problema con la forma cómo iban a resistir las familias, luego de la tremenda cesantía que estábamos teniendo desde el estallido social”, señaló la también dirigenta del movimiento de allegados “Los Sin Tierra”.

En cuanto a la falta de recursos de los municipios que requieren dar más rápida solución a los vecinos, la concejala explicó que las familias desconocen cómo funciona el sistema de entrega de bonos y de mercaderías, sin embargo no son los únicos que no entienden el funcionamiento de las anunciadas ayudas del Gobierno.

“Nosotros no somos una comuna como Las Condes, somos una comuna dormitorio en la que no hay grandes empresas ni nada parecido, entonces la gente está desesperada, afectada psicológicamente, pero, sobre todo, económicamente porque no puede moverse, no puede salir a trabajar, no puede colocarse en las colas de la feria porque no los dejan por medidas sanitarias. Hay un desconocimiento, no solo de la población sino también de nosotros como autoridades de cuáles son los criterios que se están usando para la distribución de los bonos y canastas. Además las canastas, con suerte durarán una semana y no tienen los insumos necesarios para resistir realmente. Los servicios básicos como la luz y el agua no esperan, no hay gas para poder cocinar o combustible para poder calentarse y nada de eso forma parte de las prioridades del Gobierno. Cuando todo el mundo exigía cuarentena, yo exigía un sueldo de emergencia para que la familia decida si compra remedios o paga la luz o si pone algo en la olla, esto no es solo en el Bosque, sino en todas las comunas vulnerables: La Pintana, Quinta Normal, etcétera”.

En materia de la situación que afecta a los allegados, Margarita Urra expresó que su agrupación solicitó al Ministerio respectivo  el abrirse a la posibilidad que la gente pudiera postular a viviendas sin cumplir con el requisito los ahorros en la  libreta, de modo de usar ese ahorro para resistir “porque no había luces sobre soluciones económicas directas para la gente. Hoy se habla, pero no tenemos claro el criterio que se usa para entregar los recursos a la población”, expresó la concejala.

“Las autoridades hablan de las necesidades de la población, pero no escuchan a la población. Si tan solo tuviéramos incidencia en las decisiones que se están tomando a nivel de Gobierno para que pudiéramos decirles de qué forma debiesen aplicarse las medidas y cuáles son los sectores más vulnerables y necesitados en este momento. Los alcaldes andan desesperados en diferentes instancias tratando de hacerse escuchar”, aseveró la dirigente.

Consultada al respecto de la escasez de exámenes PCR, la autoridad comunal fue muy crítica de la gestión de la autoridad sanitaria. “No tenemos para hacer exámenes a la población y tampoco se nos explica el por qué. Los concejales somos los que estamos con la gente, los que contestamos las preguntas, los que tratamos de contener y el gobierno no consulta a los alcaldes ni menos a nosotros. No sé quién asesora o si solo se escucha al mercado y a los empresarios, pero al poblador no lo escucha nadie. Gobiernan para ellos solos y eso no es bueno, gobernar es para un pueblo completo y lo que el pueblo exige no es una canasta familiar, sino que es mejor un sueldo de emergencia a nivel país”.

En cuanto a la situación de los centros asistenciales, Margarita Urra se refirió a la saturación de los consultorios. “Antes del estallido social teníamos el gran problema de la atención de los hospitales, hoy con la pandemia ya sabemos que no hay camas ni menos ventiladores. Sabemos perfectamente que estamos colapsados y también que no hay hoteles sanitarios para los contagiados. En el Bosque tenemos un caso de una joven madre que fue diagnosticada y que estaba en su mediagua a cargo de su hijo de entre 6 a 8 años: para ella no hubo hotel sanitario ni medidas de distanciamiento para cuidar a su hijo. Hoy ella está hospitalizada en El Pino”.

“Sabemos que si nos enfermamos, para nosotros no hay posibilidad de ir a hospitales y creo que ya empezó el proceso de elegir quién puede o no ser conectado a un respirador mecánico”, aseveró.

Finalmente, la concejala hizo un llamado urgente a sus vecinos a resistir. “Les pido a los pobladores resistir. No es un llamado a la violencia ni nada parecido, solo les pido que resistan por favor, tenemos que aguantar, tenemos que pasar esta pandemia más allá de la sordera del Estado. Resistan, no arriesguen sus vidas”.

Nueva etapa de la protesta social: los motines del hambre

Las movilizaciones del lunes en El Bosque fueron solo las más documentadas en los medios, sin embargo en otros sectores de la capital como La Pintana, La Victoria, la Villa Francia, Pudahuel y también en otras ciudades del resto del país como San Antonio, Antofagasta, Arica, Concepción o Valparaíso, se vivieron protestas que constituyen, según la definición del historiador Sergio Grez, una nueva fase de la rebelión popular iniciada el 18 de octubre.

Sergio Grez

“Como todo movimiento social de protesta, éste ha conocido distintas fases: entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre fecha del Acuerdo de Paz Social y la Nueva Constitución, destinado a desviar las protestas populares por un camino inocuo, se vivió una primera fase. Luego vino otra etapa que llegó hasta mediados de marzo, cuando la pandemia hizo que los movimientos de protesta y reivindicación fueron obligados a refugiarse en espacios más pequeños y acotados en redes sociales, con manifestaciones ocasionales en las calles o poblaciones.

Y parece ser que ahora estamos entrando en una tercera fase, un periodo de movilizaciones bajo las condiciones de la emergencia sanitaria y en gran medida gatillada por la insuficiente preocupación de las autoridades de Gobierno por solucionar los acuciantes problemas, sumado a las desigualdades estructurales existentes desde hace décadas en nuestra sociedad. Hay que subrayar que desde que se empiezan a sentir los efectos del coronavirus, el Gobierno se ha centrado principalmente en la protección de los intereses del gran empresariado con un desprecio absoluto por la salud, la vida  y la suerte de los sectores populares y hoy en día, de la mayoría de la población, porque hay que incluir también no solo al 60 por ciento más pobre, sino a las llamadas clases medias que viven en una situación precaria y se mantienen gracias al endeudamiento permanente. Este ciclo no sabemos cuán largo será ya que está gatillada por las necesidades más acuciantes. Podríamos decir que estamos frente a motines del hambre”, señaló el académico de nuestra casa de estudios.

Este resurgimiento del movimiento social ya había sido advertido por la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo que a través de su secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, puso la señal de alerta para Latinoamérica.

“Si la ciudadanía ve que esta crisis fue el shock necesario para cambiar de mentalidad y de modelo de desarrollo, podremos tener un mejor futuro”, dijo Bárcena en una entrevista a EFE.

La propia Cepal anunció que los efectos económicos de la pandemia en esta región serán graves de la región y que la economía  se contraerá un 5,3 por ciento este año. Con 11,6 millones de nuevos desempleados y 215 millones de pobres, la organización dependiente de la ONU llamó a los gobiernos latinoamericanos a  implementar  con urgencia una renta básica que permita a la población más vulnerable sortear la crisis del coronavirus. El monto propuesto por la Cepal para el llamado Ingreso Básico de Emergencia (IBE) alcanza los 143 dólares mensuales por un periodo de seis meses.