El pasado martes 2 de junio, el gobierno de Sebastián Piñera dio suma urgencia al proyecto que buscar reformar el Sistema de Inteligencia del Estado, la Ley de Inteligencia, y anunció el ingreso de discusión inmediata al proyecto de Ley de Infraestructura Crítica. El segundo de estos permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para resguardar instalaciones como generadoras de electricidad y suministros de agua.

Las acciones del Gobierno han generado crítica en un amplio espectro de expertos. La Comisión Chilena de Derechos Humanos consideró preocupante el avance del proyecto de Ley de Inteligencia, el cual “abre paso a un sistema de inteligencia dirigido a reprimir y neutralizar la protesta social”.

Los cuestionamientos de los parlamentarios han sido diversos también. El presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Brito, es parte de los diputados que tramitarán ambos proyectos con prontitud. Cree que ambos son una forma de considerar a las F.F.A.A como un “botín político del gobierno de turno”.

“Nos preocupa cómo el Presidente ve los movimientos sociales, al parecer, como un enemigo poderoso, y en esto no queremos entregarle ninguna facultad adicional para que permita que nuestros compatriotas de civil se enfrenten a nuestros compatriotas de uniforme porque el Presidente no ha querido hacer su trabajo, que es escuchar a la gente y atender las demandas sociales”, expresó el militante de Revolución Democrática.

Adicionalmente, Brito expuso su preocupación sobre la poca definición que existe en la iniciativa, pues no específica que se entenderá como “grupos nacionales” que ponen en riesgo la seguridad del Estado.

“El proyecto no menciona siquiera una vez la palabra narcotráfico, una vez la palabra crimen organizado o habla siquiera algo de la corrupción. El proyecto pide un voto de confianza al presidente Piñera para que utilice los 6 mil millones de pesos anuales de inteligencia en lo que él estime. O sea, esto puede ser policial o militar; asuntos internos o externos.

“Acá hay que escuchar a los académicos, a los expertos en el área y tenemos que conversar con algunos ex agentes que ya han manifestado su interés en participar en esta conversación, como también a organizaciones sociales que han sido víctimas también de medidas ilegales por parte de las unidades de inteligencia de Carabineros. Un sistema de inteligencia es del Estado, no del Gobierno o de los partidos políticos del momento. No estamos disponibles para tramitar, con tanto apuro y en medio de una pandemia, algo de esta envergadura”, agregó.

El parlamentario adelantó que se pidió una prórroga de dos semanas para poder discutir el proyecto de Ley de Inteligencia, pero, en sus palabras, es un plazo “insuficiente” para poder abordar el tema con la rigurosidad que amerita un nuevo Sistema de Inteligencia del Estado.

“Esperamos que el Gobierno no fuerce a esta Comisión de Defensa y al Congreso Nacional a tramitar en medio de esta pandemia, cuando está ocurriendo tanto sufrimiento y abandono por parte del Estado a su gente, un proyecto de estas características. Esperemos que las urgencias  sean apoyar con alimentos a las familias y con la Renta Básica de Emergencia, y además también proveer de todo lo necesario para que los hospitales puedan cumplir de mejor manera sus funciones”, puntualizó Brito.

Por otro lado, el proyecto de Ley Infraestructura Crítica, al que se le dio discusión inmediata, deberá ser despachado en los próximos seis días al ingreso de esta prioridad del Ejecutivo.