Con 31 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, el Senado despachó a ley el proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que reemplazará al Servicio Nacional de Menores (Sename) luego de innumerables cuestionamientos a la función cumplida por éste último.

El nuevo servicio será fiscalizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a diferencia del Sename que dependía del Ministerio de Justicia. Además, la nueva institucionalidad señala que se mantienen  los organismos colaboradores, pero que éstos no no podrán tener antecedentes fundados de violaciones a los Derechos Humanos, de malversación de caudales públicos o de fraude al Fisco.

Este jueves, los trabajadores de la Red de Organismos Colaboradores Acreditados del Servicio Nacional de Menores (OCAS) hicieron público un comunicado en el que rechazan tajantemente los cambios de la institución destinada a los niños, niñas y adolescentes ya que, aseguran, la crisis del Sename “ha sido permanente y todo indica que se mantendrá bajo el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”.

“El nuevo servicio es una farsa, es un show mediático orquestado bajo la consigna famosa de ‘Los niños primero‘. En 2005  hubo algo muy similar, con bombos y platillos y congresistas con los brazos arriba, directores de organismos colaboradores, Delia del Gatto, directora del Sename entonces, hablaba de un nuevo trato a la niñez, una nueva ley, la 20.032 que regula los organismos colaboradores y el sistema de subvención. Han pasado quince años y solo hemos visto maltratos, abusos, violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y juventud y, por cierto, maltrato a las trabajadoras y trabajadores honestos que se vinculan en los procesos de intervención en los más de 400 organismos colaboradores que hay a nivel nacional. Ahora nos encontramos con un nuevo servicio que no cambia nada, absolutamente nada, ninguna estructura”, aseguró Francisco Consiglia, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras subcontratadas del Sename (Sintrasub).

El dirigente además cuestiona las motivaciones que habría detrás de mantener el sistema de tercerización de los servicios de atención y protección a la infancia, y criticó el triunfalismo de los congresistas que señalaron que la aprobación del nuevo servicio era un avance en medida de lo posible. “Los trabajadores y trabajadoras no queremos avances en la medida de los posible, queremos cambios estructurales ya, porque se requieren. La experiencia y la práctica lo han demostrado, los abusos lo han demostrado”.

“¿Cuál es el interés de mantener organismos colaboradores, abusadores, negligentes, tanto con la niñez como con sus trabajadores? Aquí hay una cuestión política de fondo que es mantener el sistema subsidiario, que terceriza y subcontrata, dando mayor interés al tema financiero por sobre el que merece la niñez y juventud en nuestro país. Los trabajadores no estamos de acuerdo y vamos a gritar a los cuatro vientos: esto es una farsa”, aseguró Consiglia.

El verdadero cambio: la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia

En la tramitación del proyecto de ley de la nueva institución que reemplazará al Sename, se estipuló un artículo transitorio relativo a una condición para la entrada en vigencia de de la normativa: la aprobación y publicación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

Sobre ese punto, la experta en Derechos Humanos y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Francis Valverde, manifestó que, si bien la nueva institución que reemplaza al Sename podría representar cierto avance, Chile sigue teniendo un problema de fondo que es la falta de un estatuto de protección integral a la infancia.

“El servicio es lo mínimo que se podía conseguir en una situación como la que está el país en términos de protección de los niños y niñas, esperamos que el Presidente no vete el artículo transitorio que señala que no se puede poner en práctica el servicio hasta que haya una ley de garantías, porque la ley del servicio no enfrenta el problema de fondo, que es la situación general de desprotección de niñas y niños en Chile. En términos del servicio especializado podría ser un avance solo si hay una ley que prevenga y promueva derechos y los promocione como corresponda, lo que no está sucediendo”.

Francis Valverde

Respecto de las características del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia , la directora de la Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas indicó que sin ley de garantías integrales, esta nueva institucionalidad, en la práctica, es un simple cambio de nombre por diversas razones.

“Primero, por el financiamiento, pues mientras exista ley de subvenciones y no financiamiento a la intervención especializada, la precariedad de la intervención con los niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos se va a mantener. Es impresentable que se siga manteniendo una fórmula de vínculo con los niños a través de una “ayuda” a los privados para que sean ellos quienes enfrenten las situaciones e intervengan con los NNA. El Estado sigue no haciéndose responsable de las garantías y derechos de los niños y niñas. 

Segundo, al no haber prevención local a nivel territorial o un dispositivo de apoyo y permanente vigilancia de la situación de los NNA, como sería un servicio local de la Infancia, que prevenga vulneraciones de derechos y las detenga a tiempo para que no sean graves, entonces no se van a detener los ingresos a los servicios especializados, que es el gran problema que tenemos ahora. Hay 14 mil niños en lista de espera, según los datos de la Subsecretaría de la Niñez, entonces el tema es cómo evitamos que esa lista se siga engrosando y la única forma es que haya un verdadero sistema de protección integral que prevenga las vulneraciones: que haya apoyo y políticas de familia, de infancia a nivel local.

Un tercer elemento tiene que ver con esta supuesta nueva calidad del servicio que se cuestiona porque no se puede exigir, con la precariedad financiera actual que no mejora con los 95 mil millones de pesos que plantea la Subsecretaría porque un 30 por ciento de eso se va a gastos administrativos y con el restante apenas se cubre a los 14 mil niños y niñas que ya están en lista de espera. Entonces no habrá remuneraciones dignas a profesionales especializados, ya que con sueldos de máximo 800 mil pesos no se logran profesionales con experiencia. Estos tres elementos dificultan que el sistema funcione si es que no hay una ley que dé protección integral de derechos que obligue al Estado a garantizar derechos, pero no quieren hacerlo porque eso abriría la puerta a  garantizar derechos a todos los ciudadanos y Chile por Constitución tiene establecido que es un Estado subsidiario, entonces esto releva la necesidad de un cambio constitucional“.

“El cambio en el Sename no ataca el problema de fondo: que en Chile no se respetan los derechos de todos los niños y niñas, pues todos tienen derecho a ser protegidos y  requieren garantías reforzadas. Pero eso debe ser aplicable a todos los niños que residen en el país, no solo los chilenos, concluyó Valverde.

Los trabajadores de los órganos colaboradores del Sename no descartan iniciar nuevas movilizaciones, pese a lo complejo del momento sanitario actual.  Por lo pronto, seguirán mandando oficios a la Subsecretaría haciendo presente las falencias de esta legislación. Pablo Valdebenito, trabajador y dirigente nacional del sindicato, expresó a Radio Universidad de Chile que como funcionarios que se desempeñan en el ámbito de la niñez ven con buenos ojos el que la entrada en vigencia del nuevo servicio esté supeditada a la publicación de la ley de garantías de los NNA.

“Nos parece bien que se discuta y que se anteponga la ley de garantías de derechos de la niñez a la entrada en vigencia del nuevo servicio. Esta ley tiene que aprobarse porque lleva durmiendo hace más de 5 años en el Congreso y es bueno que se haya amarrado de cierta forma la entrada en vigencia del nuevo servicio a la aprobación del estatuto de garantías”. Además criticó que con la nueva normativa se mantenga la estructura básica anterior, es decir la tercerización, subcontrato, licitaciones públicas, etcétera, por lo que, a su juicio y de la organización que representa, “el sistema no cambia en nada”.

En 2018, debido a las graves negligencias y la vulneración de los derechos por parte del Estado chileno, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó que éste asumiera plenamente la responsabilidad de regular, controlar y financiar el respeto, protección y realización de todos los derechos de los NNA, y sugirió la modificación de la ley de subvenciones, exigiendo estándares de calidad a los Organismos Colaboradores Acreditados del Servicio Nacional de Menores, tanto en el número como en la calificación del personal y en la calidad de las instalaciones.

Según lo que expresan los expertos y los propios trabajadores de los órganos colaboradores, este nuevo servicio no cumple en lo absoluto con las recomendaciones de Naciones Unidas y Chile seguiría estando al debe con los niños como sujetos de derechos.