El director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia destacó que los cambios en los tiempos de los procesos judiciales muestra que la recién promulgada legislación pone en el centro el interés superior del niño.
La Defensoría de la Niñez recibió más de 13 mil casos de vulneración de derechos de NNA entre 2018-2025. Predominan negligencias y maltrato familiar. Pese a baja en 2024, la violencia aumenta; OLN asumen más requerimientos.
El Congreso sugirió terminar con el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género por ser “puerta de entrada a terapias hormonales”. Mientras, tanto el Ministerio de Salud y familias beneficiadas ponen foco en su labor psicosocial.
El diagnóstico sobre los derechos de la niñez y adolescencia dio cuenta del aumento de jóvenes que afirman sentirse solos. Asimismo, expuso el incremento de menores de edad insertos en entornos violentos.
Anuar Quesille afirmó que hay una tendencia al alza de fallecimientos de niños, niñas y adolescentes a causa de armas de fuego desde 2017. Así, informó que la próxima semana se reunirá con la Subsecretaría de la Niñez para abordar la problemática.
La instancia tendrá una duración de al menos un año y será conformada por siete comisionados. Soledad Larraín, una de ellas, comprometió contribuir al reconocimiento de la verdad, mecanismos eficaces de reparación y garantías de no repetición.
El documento consigna una serie de desafíos para la institución, tales como, la implementación del Sistema de Garantías y Protección, además de la transversalización del enfoque de derechos en la gestión pública e instituciones del Estado.
La reciente tragedia en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde 35 estudiantes resultaron con quemaduras tras un accidente relacionado con la manipulación de artefactos explosivos, es un claro indicativo de las profundidades de la crisis educativa y social que enfrenta Chile. Cuatro de los jóvenes se encuentran en riesgo vital y 17 más con […]
Los homicidios de niños, niñas y adolescentes aumentaron un 78% en Chile entre 2018 y 2023. Al respecto, la directora de la organización, María Elena Santibáñez, sostuvo que “no basta con alarmarse, se requieren paneles de revisión de estos casos”.
Si bien se destacan algunos esfuerzos en la materia, para Francis Valverde de ACHNU aún no están las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes se sientan seguros, pues “el Estado todavía responde de manera represiva y coercitiva”.
Se trata de los jóvenes de zonas rurales, indígenas y con discapacidad, donde además existe un mayor énfasis en los trastornos depresivos, de ansiedad y los relacionados con uso/consumo de sustancias.
El programa busca subsanar la indefensión de los 36 mil niños, niñas y adolescentes que no tienen representación jurídica ante los tribunales de familia, estableciendo una atención exclusiva de abogados especializados en derechos de la niñez.
Durante la Conferencia Internacional del Campus Global de Derechos Humanos, realizada en Nepal, se discutieron las amenazas que afectan a este grupo y que se han visto acrecentadas durante la pandemia.
La Corporación Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile dieron a conocer que cerca de mil menores de edad viven en el país sin acceso a salud, educación y otros derechos fundamentales.
Es la segunda vez que la parlamentaria busca que se legisle en la materia. Hace dos años presentó una iniciativa muy similar, la que fue rechazada por falta de quórum al alcanzar 73 de los 89 votos que necesitaba para avanzar a siguiente trámite, por lo que fue archivada por un año.
La doctora analizó para nuestro medio las más recientes cifras de contagio y también reflexionó sobre el estado de la salud mental de los más jóvenes integrantes de nuestra sociedad luego de casi año y medio de pandemia.
Se trata de un compromiso de cinco puntos que busca relevar la participación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente. Representantes del mundo político independiente aseguraron que las infancias deben tener reconocimiento y protección constitucional.
