Esta tarde, la Contraloría General de la República se pronunció sobre el instructivo del Gobierno en el que se preveía un “retorno gradual y seguro de los funcionarios públicos”.

En el dictamen N° 9.762, el ente fiscalizador declaró la ilegalidad de dicho oficio y sostuvo que la Dirección Nacional del Servicio Civil “carece de atribuciones” para haberlo emitido.

Así, sentenció que las atribuciones del Servicio Civil “se relacionan con la implementación de políticas de gestión y desarrollo de personas y altos directivos”, y no así con la materia del instructivo, “el cual básicamente se refiere a un plan de retorno gradual de los funcionarios públicos”.

“Considerando la obligación de proteger la salud de sus funcionarios y la población usuaria, sin desatender la continuidad del servicio, observando siempre las directrices que fije la autoridad sanitaria”, agrega el dictamen, sería el jefe superior de los distintos servicios “quien posee las facultades de dirección, administración y organización, por lo que corresponde a esa superioridad, en la actual situación de emergencia, adoptar, mantener, graduar o cesar las medidas extraordinarias de gestión de personal necesarias”.