Con alerta y una serie de reparos, diversos académicos y académicas han alzado su voz de protesta frente a lo que consideran, es una arremetida del Gobierno para tramitar con premura un paquete de proyectos enfocados en legalizar la militarización policial en el país.

Este jueves, a través de una carta del Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADFA), sus integrantes hicieron hincapié en, al menos, tres iniciativas legislativas relacionadas entre sí, que han sido defendidas por el Ejecutivo desde el día cero de su gestión, pero que, particularmente, han cobrado fuerza posterior al estallido social de octubre pasado y en la actual crisis sanitaria.

Así lo manifestó, en conversación con nuestro medio, una de las integrantes de GADFA y académica del Instituto del Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (Inap), Mireya Dávila, quien criticó esta arremetida cuestionando el tipo de énfasis que los gobiernos de derecha colocan en materia de orden y seguridad.

Mireya Dávila.

“Creo que hay dos maneras de mirarlo, uno por la propia coalición de Gobierno, que es de derecha, que tiene una lógica con el orden bastante importante, esto, incluso, por sobre temas de derechos humanos; y dos, desde el punto de vista de la agenda propiamente, porque a medida que hay tanta atención acaparada por el tema del estallido social y la pandemia, el Gobierno tiene instancias para meter cosas, encalzar proyectos con los que la agenda pública no está atenta”, señaló.

En concreto, el principal proyecto que la carta mencionada rechaza es el que tiene que ver con la creación de un Sistema de Inteligencia del Estado, iniciativa que es parte del Plan Frontera Segura y que trabaja de la mano con proyectos como el del cuidado de la infraestructura crítica, el decreto de las reglas del uso de la fuerza, y un tercero que limita la cooperación del Estado con la Corte Penal Internacional.

Aunque estos tres últimos tuvieron estrecha relación con lo ocurrido en el estallido social, es el proyecto sobre el Sistema de Inteligencia el que, desde el Ejecutivo, han intentado despachar de forma apresurada en medio de la pandemia por el coronavirus. Hay que recordar, sin embargo, que este miércoles, el presidente Sebastián Piñera le quitó la urgencia luego de diversas críticas desde sectores de la oposición.

No obstante, el trámite sigue su curso, y las críticas de los integrantes de GADFA tienen que ver particularmente con temas de fondo que lo componen, primero, por la injerencia de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interna, además de un diseño institucional que no otorga un contrapeso al poder presidencial.

“Lo que queremos es que el Congreso, como el órgano representativo de la gente, tenga más capacidad de control y, por tanto, el Ejecutivo rinda cuentas no solamente respecto al tema de a quién nombra, sino que respecto a los contenidos, los planes y cómo funciona la inteligencia del país”, explicó la académica Mireya Dávila.

“Más allá que sea solamente una cosa formal, que tenga que ir una vez cada semestre, que realmente el Congreso tenga capacidad de pedirle al Presidente la correspondiente rendición de cuentas de una democracia”, agregó.

Felipe Agüero.

Otro de los miembros firmantes de la carta y académico del Inap, Felipe Agüero, también conversó con nuestro medio respecto de este tema y aseguró no estar en contra de un sistema de inteligencia, siempre y cuando este no faculte a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de problemas que no les competen.

“Lo que ocurre es que en el proyecto del Gobiernos se plantean varias cuestiones en las que no quedan claras algunas funciones y responsabilidades. Se propone un subdirector, por ejemplo, que no tiene una función clara y que es completamente prescindible, pero lo que nosotros destacamos es que se permite el trabajo de las Fuerzas Armadas en cuestiones de recolección de datos, lo que llaman inteligencia residual, que es de orden interno”, recalcó.

La propuesta que manejan las y los académicos firmantes es un Sistema de Inteligencia Civil, que no dé cabida para la injerencia militar en temas no castrenses. Para tales efectos, según plantean los especialistas, se requerirá de un debate con mayor profundidad, que considere la dirección totalmente civil del sistema y la posibilidad de crear una academia de formación de funcionarios de inteligencia.