La comuna de San Pedro de Atacama es una de las más afectadas del país por las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. Como uno de los íconos del turismo en Chile, más del 80% de la población se desempeña en el rubro y gran parte del resto lo hace en actividades relacionadas. Los efectos de la paralización de la actividad económica han sido devastadoras para los sampedrinos y muchos de ellos han acudido a sus autoridades locales buscando ayuda, pero pocos han encontrado respuestas.

“Todas aquellas personas que fueron fuerza productiva, nuestras pymes, nuestros pequeños y medianos empresarios, están en la quiebra. Están sin ingresos y no tienen cómo solventar su día a día”, relató a nuestro medio María Teresa Veliz, concejala por la comuna. “Podríamos quedar sin agua y sin energía eléctrica, porque no hay cómo solventarlas. Más encima, sin alimentación a nuestra población”.

Un escenario complejo, pero similar al que enfrentan muchas comunas en el país, que batallan día a día contra el virus, intentando contener la crisis con presupuestos que rayan en lo inconcebible. Pero el de la Municipalidad San Pedro de Atacama no parece ser un típico problema de billetera, porque no es que la plata falte, el problema es que no se ha gastado. “Un actuar negligente”, de parte del alcalde independiente-UDI Aliro Catur, es la razón que esbozan las denuncias que comienzan a gestarse desde distintos sectores.

El alcalde independiente-UDI de San Pedro de Atacama, Aliro Catur, llegó en 2016 al cargo. Foto: Municipalidad San Pedro de Atacama.

Una billetera engrosada por la minería y las emergencias

La Municipalidad de San Pedro de Atacama ha recibido montos por sobre los $50 millones para destinar a emergencias que, sumados a $2.950 millones donados por dos compañías mineras, totalizan a un monto de más de 3.000 millones de pesos disponibles para acudir en auxilio de la comuna.

Hace más de un mes la minera Albemarle Corporation envió una carta al alcalde señalando de manera explícita que el total de los $530 millones que la empresa estadounidense aportó al municipio durante el último año “puede ser utilizado en acciones y/o actividades vinculadas a la crisis global COVID-19”; pero ningún proyecto de este tipo ha pasado por el Concejo Municipal.

Así también, en diciembre pasado, ingresó a las arcas de la Municipalidad de San Pedro el primer aporte de la empresa Soquimich (SQM) luego de la firma de un convenio a través de CORFO. A través de este trato, la compañía explotadora de litio comprometió entregar una vez al año $1.200 millones a la Municipalidad, como un intento de compensación por las externalidades negativas que tiene la actividad minera en la población. El convenio fue firmado el pasado 29 de noviembre por el alcalde Aliro Catur, sin antes ser sometido a consulta en el Concejo Municipal.

Esto generó cuestionamientos desde los concejales, los que fueron respondidos por el jefe comunal en una sesión ordinaria en marzo, señalando que a él lo habían invitado y que pensaba que la firma era entre CORFO y SQM. “Por eso fui y no lo llevé a un Concejo Extraordinario“, dijo. Ante la insistencia de los concejales, que argumentaban que ésta no era la primera vez que el alcalde se saltaba el Concejo, sino que la segunda, Catur respondió que “es un ser humano y puede equivocarse”, agregando que no volvería a ocurrir. “Fueron las circunstancias, los tiempos, el momento y no lo voy a repetir por tercera vez“, indicó el alcalde de San Pedro, según consigna el acta de la sesión ordinaria Nº7 del Concejo. “Acá no hay ninguna mala intención, al contrario, por agilizar las cosas, porque me decían que si no se firmaba este convenio, íbamos a perder esas platas“, sostuvo Catur en la misma sesión.

Siendo mayo de este año, en plena crisis sanitaria por la pandemia, el dinero no se había usado, lo que motivó a cuatro concejales de la comuna a enviar una carta al jefe comunal pidiendo que esos recursos se destinen a la Cooperativa de Energía Eléctrica (CESPA) y al comité de Agua Potable Rural (APR), para rebajar los pagos de energía y agua, además de garantizar la entrega del servicio en contexto de crisis. Además, pidieron que el aporte por el convenio con SQM correspondiente al año 2020 -otros $1.200 millones que están a disponibilidad del municipio-, se utilice para la generación de programas de empleo, que permitan ir levantando la comuna en términos económicos. Pero según cuentan en el Concejo Municipal, la única respuesta por parte del edil fue que esos dineros del convenio SQM estaban pensados “para arreglar algunas calles”. Así también lo evidencian las actas que dan cuenta del plan de pavimentación que impulsaba Catur para algunos sectores de la comuna.

Hace pocos meses, debido a los estragos que la pandemia del coronavirus estaba dejando en regiones, el Gobierno decidió entregar un anticipo del Fondo Común Municipal y se le transfirieron $41 millones a la Municipalidad de San Pedro por adelantado. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido sometida a la aprobación del Concejo Municipal ninguna inversión ni programa de ayuda social que se financie con este fondo.

En 2019, debido a las fuertes lluvias y graves inundaciones en la comuna, la Municipalidad de Antofagasta donó $10 millones al municipio de San Pedro para destinar a aquella emergencia; un año después en el Concejo Municipal todavía se preguntan qué se hizo con ese dinero.

A través de un convenio con CORFO, la Municipalidad de Antofagasta, San Pedro de Atacama y María Elena reciben aportes anuales hasta el fin del contrato de SQM en 2030. Foto: Diario Angamos.

Denuncias en Contraloría y Fiscalía

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada del Partido Radical por la Región de Antofagasta, Marcela Hernando, acusó al alcalde de San Pedro de Atacama de un actuar negligente frente a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile sostuvo que, para ella, lo más grave es que pudiendo haberse utilizado estos recursos para ir en ayuda de la población, hasta el momento no se haya hecho nada.

“Aquí hay un actuar negligente por parte de la autoridad municipal en términos de tener recursos y no estar aplicándolos en una emergencia que está costando vidas en San Pedro de Atacama.  Yo creo que esa es la primera causa, una negligencia tremenda, inexcusable, de la autoridad local”, sostuvo la parlamentaria. “Lo más grave es que la gente está pasando hambre, que no tiene recursos ni fuente de trabajo, y que pudiendo haber programas pro empleo o ayudas directas a las familias, esto no se esté produciendo”, agregó Hernando.

“Están alejados tres horas del centro asistencial más cercano, no ha habido ningún apoyo logístico para llevar más rápido a las personas y así han fallecido en el trayecto. Eso tiene muy molesta a la población, sabiendo que en la Municipalidad hay remesas de las empresas, que son cuantiosas donaciones o convenios, más de 1.200 millones de una empresa y 530 millones de otra, y que no se han gastado en esta emergencia. Todo eso obviamente que tiene muy molesta a la población”, denunció la diputada.

Respecto de posibles acciones judiciales o de fiscalización en torno al uso de los recursos por parte de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, la diputada Hernando descartó acudir a la Justicia señalando no estar segura de si el actuar del alcalde de la comuna configura un delito. Lo que sí comprometió fue acudir a la Contraloría General de la República para pedir que se investigue en qué se están destinando los dineros provenientes de las compañías mineras.

“La Mesa Social Covid de la comuna dijo que iba a presentar recursos legales. Lo que yo voy a hacer es la presentación a Contraloría para que revise en qué se están gastando las platas de las empresas, que debieran estar obviamente en este minuto disponibles para atender la emergencia”, adelantó la diputada PR por la Región de Antofagasta.

La diputada del Partido Radical y representante de la Región de Antofagasta, Marcela Hernando, criticó un “actuar negligente” del alcalde de San Pedro de Atacama, Aliro Catur. Foto: Congreso Nacional.

Desde la Mesa Social COVID-19 de San Pedro de Atacama aseguraron que acudirán a Fiscalía para que investigue que ha sucedido con estos dineros. Cuentan que no es la primera vez que tienen que llegar a esa instancia debido a problemas con el uso de los recursos municipales. También lo han tenido que hacer miembros del Concejo Municipal, desde donde surgieron denuncias en contra del alcalde por abandono de deberes que llegaron tanto a Contraloría Regional como al Tribunal Electoral.

María Teresa Véliz, concejala de la comuna de San Pedro de Atacama, relató a nuestro medio que ésta no es la primera vez que piden explicaciones al edil sampedrino por no hacer uso de recursos que están disponibles en la Municipalidad. Tampoco es la primera vez que no reciben respuesta. “Hay una desconexión con la situación que está viviendo nuestra comuna, no hay una conexión con las reales necesidades de nuestra gente. Los concejales no tenemos mayor potestad que hacerle a él sugerencias, siempre estamos pensando cómo abordar estos problemas, pero al no tener ellos (el municipio) una conexión directa con las necesidades que tenemos que resolver a la brevedad, no tenemos ninguna forma de que se materialicen las soluciones que necesitamos para avanzar”, lamentó Véliz.

“La responsabilidad absoluta es de la Municipalidad, específicamente del alcalde (Aliro Catur) que es el que administra los recursos. Nosotros sólo aprobamos aquellas materias que él dispone a conocimiento del Concejo, pero nosotros no somos los que administramos. Por lo tanto la negligencia, la falta de coherencia y de importancia hacia la resolución de las problemáticas de la ciudadanía y la comunidad, están dadas por el alcalde y su equipo. Por no desarrollar las acciones pertinentes para poder hacer uso de éstos recursos, para todo lo que se necesite y avanzar en soluciones a la ciudadanía”, agregó la concejala de San Pedro de Atacama.

Desde el inicio de la pandemia la Municipalidad no ha utilizado ninguno de estos recursos para enfrentar la crisis sanitaria, limitándose sólo a distribuir las pocas cajas entregadas por el Gobierno en el marco del plan Alimentos para Chile. De casi 10 mil habitantes que tiene la comuna, son más de cinco mil los que se han inscrito buscando recibir algún beneficio por parte del municipio; no obstante, son solo un poco más de mil personas las que se han visto efectivamente beneficiadas.