En el marco del caso Convenios, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, aseguró que lo mismo regirá si se detecta que los funcionarios públicos prestaron servicios remunerados o no en la directiva de las fundaciones, previo a dos años.
El ministro de Vivienda sostuvo que están evaluando la eventual vinculación de funcionarios públicos con las entidades relacionadas al trabajo con campamentos, precisando que el doble pago es un delito que debe ser determinado por la justicia.
El contralor general dio a conocer los alcances de la indagación que realizó el ente por el desvío de recursos municipales a cuentas bancarias personales. Son 15 funcionarios y exfuncionarios los que aparecen implicados en el hecho.
Es una de las comunas más afectadas por los efectos económicos del pandemia, pero el de San Pedro de Atacama no parece ser un problema de billetera. No es que la plata falte, el problema es que no se ha gastado. “Un actuar negligente”, de parte del alcalde independiente-UDI Aliro Catur, según denuncias de distintos sectores.
