Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en particular el proyecto que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales,  este lunes la iniciativa continuó su debate en el Senado en donde, en una maratónica jornada en la comisión de Constitución, se votó tanto en general así como las indicaciones que son claves para el proyecto.

Con  3 votos a favor y 2 en contra, la instancia aprobó en general la reforma constitucional para que sea revisada a la brevedad por la Sala del Senado. A favor votaron el presidente de la instancia, el socialista Alfonso de Urresti, Pedro Araya (independiente) y Francisco Huenchumilla (DC), mientras en rechazo se pronunciaron Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN).

Luego vino la discusión en particular en donde se votaron las 15 indicaciones presentadas a la iniciativa. En ese sentido, uno de los puntos que suscitó mas debate fue la indicación que apuntaba a restringir el universo de personas que podrán hacer retiro de sus ahorros, la que finalmente fue rechazada. Lo mismo ocurrió con la indicación sobre el pago de impuestos al retiro del 10 por ciento en base a los ingresos.

Por otra parte, la comisión aprobó que el retiro del 10% pueda ser solicitado hasta 360 días después de la promulgación de la iniciativa.

Al momento de anunciar su votación en senador Andrés Allamand reiteró que, desde su perspectiva, el quórum requerido para votar la iniciativa en Sala debiera ser de 2/3 y no de 3/5  lo que fue rechazado por el presidente de la comisión. Ante esto, el parlamentario RN anunció que hará reserva expresa de constitucionalidad de la moción.

 “Es una iniciativa pésimamente estudiada, llena de vacíos y aspectos prácticos que nadie ha considerado. Este proyecto es el mejor ejemplo de cómo no se debe legislar” indicó.

En esa linea, el parlamentario enfatizó que rechazaba el proyecto “porque es groseramente regresivo. A los que más beneficiará es a los que más tienen. Y le costará al Estado en impuestos que no cobrará, casi mil millones de dólares”.

Por su parte, el senador UDI, Víctor Pérez acusó a la oposición de intentar minar el régimen presidencial y “establecer un parlamentarismo de facto”. Además, el legislador cuestionó a dicho sector por no querer avanzar en la reforma previsional y de utilizar este debate para ocasionarle un daño al Ejecutivo.

En relación a la advertencia del senador Allamand, Francisco Huenchumilla enfatizó que, más que un asunto procedimental, hay un problema de carácter político del cual el Ejecutivo no ha logrado hacerse cargo.

“El Gobierno, en vez de amenazarnos con reservas de constitucionalidad, y el Tribunal Constitucional, que está desprestigiado políticamente, debiera decirnos que tenemos un problema, y que hay que sentarse a conversar con políticos y empresarios para alcanzar un gran acuerdo para Chile”.

La mirada de los expertos 

Durante la mañana, en una primera sesión, la comisión dio paso al debate con expertos y expertas de diferentes ámbitos para el análisis del proyecto. Entre los invitados estuvieron el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, el abogado constitucionalista Fernando Atria y el profesor de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.

A ellos se sumaron también los abogados Jorge Correa Sutil y Arturo Fermandois, el economista Rodrigo Vergara, Bettina Horst, integrante del Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo y Lysette Henríquez, presidenta de la Comisión Económica del Partido Socialista.

Desde el área del derecho, el abogado y académico de la Universidad de Chile, Fernando Atria, se refirió, entre otras cosas, a los argumentos que han existido en contra de la constitucionalidad de este proyecto, descartando que sea inconstitucional.

Así también abordó el debate en torno al quórum de votación que requiere esta reforma constitucional y, según argumentó el abogado, aplicar los 2/3 no corresponde.

“Esa temporalidad de la vigencia de esta regla está reiterada. El proyecto dispone que se trata de una autorización excepcional a propósito de “el estado de catástrofe decretado a causa del COVID-19”,  insisto, por única vez, todas esas son expresiones del propio proyecto. Y, en ese sentido, no puede acusarse de resquicio o subterfugio el hecho de que se recurra a una disposición transitoria, entonces es razonablemente entendida una disposición transitoria y se mueve dentro del margen fijado por el articulo 19 número 18, no agrega ni quita al derecho a la seguridad social. Por consiguiente no hay ninguna razón por la cual deba someterse al quórum más agravado del capítulo tercero”, explicó.

En tanto, Bettina Horst, integrante del Centro de Estudios e Investigación Libertad y Desarrollo, abordó las implicancias de este proyecto y se refirió a los montos de retiro que podrán tener los afiliados, solicitando que se informe que no todos podrían tener un millón de pesos.

“La gran mayoría, una buena parte de quienes hoy día tienen fondos en el sistema de administradoras de fondos de pensiones no tienen, no podrán retirar esa cantidad de fondos. Un 5 por ciento podrá retirar como máximo 50 mil, entre 50 y 100 mil pesos son un 8 por ciento y así sucesivamente. Aquellos que podrán retirar hasta un millón serán un 27 por ciento, es decir, uno de cada cuatro afiliados al sistema recibirá menos de un millón de pesos. A mi me queda la sensación que se ha instalado hoy día en la discusión pública que todos van a retirar un millón de pesos, yo creo que eso es importante también, que desde quienes impulsan esta reforma expliquen claramente que para muchos no va ser un millón de pesos, sino que un monto bastante inferior”, comentó.

Para su revisión en la Sala del Senado el proyecto contaría con el apoyo suficiente para ser aprobado ya que, desde la UDI, José Durana, David Sandoval e Iván Moreira, sumados a los RN Manuel José Ossandón y Juan Castro ya manifestaron que votarán a favor.

En ese contexto, desde el oficialismo han aumentado las voces que apuntan a la posibilidad de que el Presidente impida el avance del proyecto a través de un veto o acudiendo al Tribunal Constitucional.