El conflicto en La Araucanía está lejos de amainar. Luego del desalojo de la municipalidad de Curacautín por parte de agentes del Estado, se produjeron  graves enfrentamientos entre habitantes de la comuna y mapuches que se manifestaban por la huelga de hambre del machi Celestino Córdova y otros 26 presos mapuche en Angol, Lebu y Temuco.  También los incidentes en Victoria y la movilización en Collipulli ayudaron a aumentar las cifras de detenidos y querellas por parte del Gobierno.

El intendente de la región, Víctor Manoli, declaró a los medios que  el Ejecutivo no avalará “la violencia como vía de solución” y anunció la convocatoria a una mesa de trabajo transversal que incluye a  exjefes regionales y personeros privados en búsqueda de una solución política al conflicto en  La Araucanía.

Uno de los invitados a participar de la instancia es Andrés Molina, diputado por el distrito 23 y quien fuera intendente de la zona durante el primer mandato de Sebastián Piñera.  En conversación con nuestro medio, el ingeniero y presidente interino de Evópoli manifestó sus apreciaciones del conflicto y analizó la situación actual en relación a otras que enfrentó cuando era la máxima autoridad regional.

Considerando su experiencia en el cargo de intendente de La Araucanía durante la primera administración del Presidente Piñera, ¿cuáles son las diferencias entre aquél conflicto y el que se vive ahora en la zona?

Lo primero es que esta es una situación más grave de la que vivimos cuando yo era intendente en términos de que se ve más difícil, porque cada vez hay más aristas, hay violencia y muertes que la gente incluso comienza a olvidar. Es complejo porque la gente siente que hay impunidad, que la justicia no está funcionando y también en su propio entorno y en las ciudades les comienza a afectar. Hay también una suerte de despertar en Chile sobre esto, porque lo que vimos en Curacautín lógicamente que no es nada para celebrar y es preocupante porque la gente está demostrando que la impunidad reina y que la justicia hay que hacerla por sus propias manos.

Estamos frente a una huelga de hambre cuya connotación es distinta a las anteriores. Aquí hay condenados por asesinatos tanto del matrimonio Lucksinger Mackay como de otros mapuches, por robo de la Caja de Compensación de Los Andes, entonces estamos frente a una situación en la que no solo hay imputados como en el caso de las huelgas de hambre que me tocaron como intendente, porque en esa época ellos estaban en prisión preventiva por las querellas por ley antiterrorista que permitía mantenerlos privados de libertad hasta llevarlos a juicio, sino que de condenados. En mi periodo como intendente la negociación buscó retirar la querella antiterrorista para resolver el conflicto.

La situación del machi Celestino Córdova es crítica según lo han expresado los especialistas del Colegio Médico. Al ser una autoridad espiritual del pueblo mapuche, ¿ve usted posible algún tipo de negociación en orden a evitar consecuencias mayores?

Quiero aclarar que la circunstancia actual es muy distinta. Aquí la persona puede ser un machi, un político, pero la persona está condenada por un delito, una pena de 18 años y se trata de un delito de los más graves. Quemar vivo a un matrimonio al interior de su casa no es menor y la búsqueda de salir por seis meses a cumplir parte de su pena en su rewe es muy difícil de asumir para cualquier gobierno, porque implica saltarse la justicia. Aquí claramente la justicia ya decidió y los otros poderes del Estado no tienen atribuciones para saltarse lo que la justicia dice.

Por otro lado, lo que vimos en Curacautín es que poblaciones muy vulnerables incluso se acercaron al municipio a tratar de hacer justicia por sus manos y no hay un factor político ni ideológico detrás. La gente se empezó a cansar, porque estuvieron varios días viendo cómo se marchaba y se destruía  parte del mobiliario público y también autos privados, y terminaron haciendo lo que conocimos todos. Este cansancio de la falta de justicia, de impunidad está calando profundamente y no tiene que ver con mapuche o no mapuche, porque muchos de los que estuvieron allí también son mapuche, hay declaraciones de eso. Claro, habían connotaciones de gritos que pueden reflejarse como de discriminación hacia el pueblo mapuche. Hace un año también enfrentamos una situación complicada respecto de darle la libertad al machi Celestino Córdova para los efectos de que fuera a su rewe. Al principio la petición era estar un mes y se negoció y se hizo un trabajo para que estuviera algunas horas, con quince personas y se hizo bien. Eso no fue fácil para el Gobierno, pero la negociación permitió terminar con la huelga de hambre.

Si lo de ahora fuera parecido a lo del año pasado, se podría llegar a una solución similar, pero la solución no da para estar seis meses en su rewe.

¿Qué pasa con el Estado de Derecho en La Araucanía cuando vemos este tipo de situaciones de autotutela, particularmente considerando el momento político y sanitario actual?

No pretendo salir en defensa de lo que pasó hace unos días, se trató de una situación muy preocupante, pero el concepto de autotutela legal no viene al caso. Esto fue una detención ciudadana frente a un delito flagrante y eso está perfectamente consagrado en el Código Procesal Penal. Eso fue lo que hicieron las personas con quienes dañaban los bienes públicos. Esto no se trata de legítima defensa ni de autotutela, que es más un concepto político que penal, yo no creo que estemos ante una autotutela en ese aspecto. Es un tema preocupante, pero aquí efectivamente las personas salen a enfrentarse para resguardar los bienes públicos.

¿Cuál es su postura en relación a las imputaciones de racismo por parte del Estado y particularmente de este gobierno  hacia el pueblo mapuche?

Rechazo totalmente eso . Tenemos un senador que ha sido elegido en la zona de Arauco y que lo menos que tiene es racismo. El daño que se hace al mirar las cosas desde ese punto de vista es que no se entiende que lo que se resguarda es un bien público, el que en tiempos de pandemia, se hace fundamental porque todo se hace a través del Municipio. Ya llevaban una semana sin poder atender en un momento en el que todas las políticas públicas están radicadas ahí para las personas que no pueden acceder a través de internet y requieren llegar en forma presencial. Quienes se tomaron el municipio de Curacautín no son de la comuna, son personas de Ercilla entonces más rabia generaba eso en los vecinos. Quiero dejar claro que se deben ejercer las acciones judiciales respecto de quienes actuaron en horario de toque de queda y todo lo que corresponda, pero creo que el foco debería estar en delitos de mucha mayor connotación como son la quema de dos municipios. No he escuchado a la Fiscalía iniciar acciones respecto de quienes quemaron las dos municipalidades, Traiguén y Ercilla, y huyeron. Hasta el día de hoy no hay detenidos y eso me parece gravísimo porque son hechos criminales con condenas de 20 años.

¿Cuál es su proyección para la mesa de trabajo convocada por el Intendente de La Araucanía?

Yo me estoy sumando y tengo la mayor disposición para poner mi experiencia de 4 años como intendente, pero lógicamente hay un tema en el que el mundo legislativo, político tiene una función. Algunos de quienes se reúnen son efectivamente legisladores y eso puede ayudar, también quienes pertenecen al ámbito privado y pueden hacer un aporte sincero, entiendo que en privado se le hará llegar al intendente Manoli algunos antecedentes. Esto es positivo porque cuando uno se aleja un poco del bosque puede mirar mejor, porque personas que hoy no están directamente involucradas en la política pueden entregar una visión que aporte a la búsqueda de avances y dar los pasos necesarios en la dirección correcta.

Especialmente considerando los plazos…

Los plazos son cortos, hay una agenda política y legislativa y una de seguridad que está estancada. Hablo de la ley de inteligencia que está parada y de los retrocesos en materia de usurpación respecto de las penas, porque ahora se la considera como falta y ni siquiera la persona que la comete va detenida. Esta costumbre de tomarse los municipios es vieja en La Araucanía y creo que mi indicación a la ley de barricadas y cortes de caminos que se aprobó en la Cámara de Diputados y se rechazó en el Senado, habría ayudado. Si hubiésemos tenido una agravante en ese delito, hoy no estaríamos hablando del tema y es muy probable que no se hubiesen tomado los municipios.