“El secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos“, dijo la dirigencia del hoy partido político Farc en el mensaje de perdón más contundente que ha enviado desde la firma de la paz en 2016.

La que fuera la organización rebelde más poderosa de América, implicada en un conflicto de casi seis décadas, admitió adicionalmente que “el secuestro (…) hirió de muerte” la “legitimidad y credibilidad” de su alzamiento armado contra el Estado colombiano.

“Tomada esa decisión, en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar este lastre que hasta hoy pesa en la conciencia y en el corazón de cada una y cada uno de nosotros. Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias, hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos, que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos; imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida lejos de sus afectos, de sus proyectos, de sus mundos”, agregaron en una carta pública.

Responder ante la JEP

La otrora guerrilla está respondiendo por delitos atroces ante el tribunal creado a partir de los acuerdos de paz que permitieron la desmovilización de unos 13.000 rebeldes, incluidos unos 7.000 combatientes.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga más de 20.000 secuestros por parte de los rebeldes que depusieron las armas, entre ellos los de cientos de uniformados y varios políticos como la colombo-francesa Íngrid Betancourt, quien pasó seis años en cautiverio antes de ser liberada en una operación militar en 2008.

Las víctimas de los secuestros cometidos por las FARC señalaron a principios de 2020 que los exguerrilleros que no habían aceptado esta grave violación de derechos humanos ante la JEP. Los excomandantes de las FARC llamaban todavía “retenciones ilegales” a los secuestros. Un discurso que parece que ha empezado a cambiar ahora.

Los responsables de la antigua guerrilla podrán evitar la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a sus víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia. En caso de que incumplan, podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.

Aunque el desarme de las FARC alivió sensiblemente la violencia en Colombia, todavía operan grupos armados que se financian del narcotráfico y que en las últimas semanas han desatado una ola de masacres y asesinatos que también cuentan entre sus víctimas a los exguerrilleros.