El lunes 19 de octubre sería la fecha en que legisladores de Chile Vamos acudirán al Tribunal Constitucional para que el proyecto de ley que sanciona a quienes nieguen o justifiquen las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet sea declarado inconstitucional.

La iniciativa, que castiga hasta con tres años de presidio el negacionismo, fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 22 de septiembre y ahora debe ser debatida por el Senado.

Antes de que esto suceda, cinco diputados oficialistas se encuentran reuniendo las firmas necesarias para frenar el proyecto nacido en el año 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.

Camila Flores (RN), Francisco Undurraga (Evopoli), Gustavo Sanhueza (UDI), Javier Macaya (UDI) y Luis Pardo (RN), redactaron el borrador del recurso en el que argumentan que sancionar a quienes nieguen o justifiquen las violaciones a los derechos humanos en dictadura atentaría contra la libertad de opinión.

Entre quienes están detrás de esta iniciativa que Chile Vamos pretende frenar, se encuentran las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura. Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, la jugada que pretende hacer la derecha demuestra, “una vez más”, la necesidad de cambiar la institucionalidad actual, pues, a su juicio, organismos como el Tribunal Constitucional van en contra de la voluntad popular.

“Vuelva a poner en el tapete la necesidad de cambiar la legislación y la institucionalidad impuesta bajo la dictadura. El suprapoder en que se ha transformado el Tribunal Constitucional -que la transición le dio un mayor poder todavía- resulta una afrenta a las determinaciones populares, a las determinaciones que, en teoría, buscan profundizar la democracia y, en este caso particularmente, avanzar hacia un país que garantice la no repetición de los crímenes de lesa humanidad”.

Lorena Pizarro

Sobre el argumento al que apelan los diputados oficialistas y su referencia a la violación del artículo 19, número 12 de la Constitución, que dice relación con “la libertad de emitir opinión”, la dirigenta de la AFDD asume como un “insulto” dicha apelación, pues, según dijo, es justamente la derecha la que, en la historia de Chile, ha coartado y censurado la libertad de expresión.

“Me parece un insulto alegar que se atenta contra a libertad de expresión, cuando ellos (la derecha), precisamente, es lo que más cercenan, mutilan cuando se instalan las dictaduras cívica-militares, y no solo ayer, sino también ha pasado en la transición. Entonces, desde el punto de vista ético, solo demuestran a falta de ética que ellos profesan con su actuar político”.

Similar opinión tiene Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Para ella, el argumento de Chile Vamos no es válido tomando en cuenta que la iniciativa busca evitar justificar crímenes de les humanidad que son parte de tratados y convenios internacionales a los que Chile suscribe.

“No es válido porque la derecha ha tenido un libertinaje de expresión y así ha sido siempre, por lo cual aquí usan una triquiñuela de forma muy manipuladora para mandar un mensaje a la gente de que aquí se está coartando la libertad de expresión, cuando este proyecto de ley no tiene ese fin y en los hechos concretos se demuestra. Aquí se está reaccionando ante crímenes de lesa humanidad, condenados mundialmente por tratados y convenios internacionales”.

Según Lira, el hecho de querer frenar un proyecto en contra del negacionismo es ya un acto negacionista.

“Es una actitud grave de negacionismo el ir al Tribunal Constitucional para que no se apruebe una ley que sanciona el negacionismo en relación con los crímenes el terrorismo de Estado en dictadura”.

Recordemos que una de las diputadas que defiende el proyecto, Carmen Hertz, explicó, hace unas semanas a nuestro medio, que no es real el argumento de que la iniciativa colisiona con la libertad de expresión, pues esta tiene “su límite es la libertad de los otros. Es falso que existe colisión, eso está zanjado hace mucho. La mayoría de los países que ha sufrido estas violaciones, lo sancionan, porque estos son atentados a la condición humana y negar esos crímenes en esas sociedades, es traumatizar y vulnerar la honra y agraviar la memoria colectiva de un pueblo”.

La iniciativa que penaliza el negacionismo no es algo nuevo en el mundo, pues muchos países tienen tipificado la negación de genocidios como delito, entre ellos se encuentran Alemania, Francia, Austria, Portugal, Rusia, Suiza, Países Bajos y República Checa.