Un reportaje de CIPER Chile evidenció que el Grupo Penta, empresa investigada por distintos delitos tributarios entre los que se encuentra el financiamiento irregular de la política, consiguió que el SII le rebajara más de $1.400 millones -utilizados para asesorías legales- del monto total sobre el que se calcularon sus impuestos del año tributario 2018. Una situación que generó duras críticas a la interna, desde donde los funcionarios, agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (Afiich), advirtieron que la rebaja “no posee ningún sustento legal” y anunciaron que recurrirán ante la Contraloría General de la República.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la abogada y ex jefa del Departamento de Litigación Penal del SII, Marisa Navarrete, se refirió a la cuestionada rebaja que recibieron los controladores de Grupo Penta, pese a contar con condenas firmes en su contra.

“Es un escándalo, es inconsistente, no me parece que sea aquello que un servicio de esta naturaleza pueda hacer”.

¿A qué se refiere con que es inconsistente?

“En el caso de Penta, recordemos, fueron los primeros en los que hubo querella desde el SII. Es decir, hay una primera etapa -y es bueno que se haga memoria de esto- en que el SII se querella, con querellas amplias, contra el Grupo Penta. Pero luego, cuando aparece el grupo SQM, empieza a limitarse la acción del SII, empiezan a limitar las querellas, empiezan a colocar cláusulas que nunca habían estado en dichas querellas, y finalmente deciden simplemente no querellarse.

Entonces, con el Grupo Penta, y por eso digo que es inconsistente, ellos se querellaron. No obstante haberse querellado, o sea, haber considerado que la conducta era delictiva y haberse condenado incluso a los controladores, el SII lo que hace es beneficiarlos con esta rebaja impositiva. Y obviamente que es un beneficio, porque significa es que las empresas pagan menos impuestos y, en definitiva, esta carga la asumimos todos los chilenos”.

Desde las asociaciones de funcionarios y fiscalizadores del SII criticaron la rebaja, la calificaron de “ilegal”. Desde su experiencia, ¿existe un sustento legal para esta rebaja?

“Claro, lo que pasa es que la ley establece la posibilidad de descontar de la renta líquida imponible, es decir, de la base contra la cual se calculan los impuestos de una empresa, los gastos que son necesarios para producir esa renta. O sea, de aquello que me van a cobrar los impuestos, usted me tiene que descontar aquello que yo he gastado para que esa ganancia haya podido tener efecto. Entonces, si uno entra al detalle, a los gastos de los abogados, obviamente una empresa dentro de su giro va a ser víctima de algunos juicios, en los cuales tendrá que defenderse o en otros casos tendrá que accionar, y obviamente aquellos gastos de abogados son necesarios para producir la renta porque están dentro del giro”.

Desde la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos (Aneiich) y la Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos (Afiich), advirtieron que la rebaja “no posee ningún sustento legal” y anunciaron que recurrirán ante la Contraloría General de la República. Foto: Archivo.

Pero aquí hablamos de acciones que son delito, los controladores están condenados. ¿Cometer delitos es parte del giro de una empresa?

“Claro, y a eso la respuesta obviamente debe ser negativa, no puede estar dentro del giro de una empresa el cometer delitos. Cuando hay en la ley una frase que te dice que puedes descontar gastos necesarios para producir la renta, tú tienes un margen de discrecionalidad, obvio, pero si lo analizas en el fondo, esto no está dentro de la ley, porque hay varios principios aquí que están en contraposición a la decisión del SII. El primer principio es aquel que dice que yo no me puedo beneficiar de mi propio dolo, si yo tuve dolo al cometer un delito y por eso se castigó, yo no me puedo beneficiar de aquella conducta dolosa. Segundo, tú tampoco puedes hacer una acción como esta cuando no está dentro del giro, porque el giro de una empresa no es cometer delitos; por lo tanto, si tú te ajustas exactamente a la norma, no está dentro del giro y no es un gasto que se haya cometido en el ejercicio legítimo del giro. Recordemos que aquí una empresa tiene que accionar y actúa, pero tiene que ser un giro legítimo.

El SII lo que ha hecho con esto es incentivar la comisión de delitos tributarios. Yo redundo en el caso y sigo insistiendo en que aquí hay una inconsistencia supina del SII al haberse querellado. Porque recordemos que hay un segundo grupo de empresas, que son tal vez las más importantes, que fueron beneficiadas por el SII porque simplemente no se querellaron, ni siquiera presentaron la querella y a pesar de ser las mismas conductas del Grupo Penta. Y ellos, como el SII tiene la iniciativa exclusiva de iniciar la acción penal, no fueron investigados esos eventuales delitos y hubo un ‘perdonazo’ grande. Pero aquí el Servicio de Impuestos Internos se querelló, entonces yo no le encuentro ninguna lógica a lo que ha hecho y comparto profundamente lo que han dicho las asociaciones de funcionarios”.

También anunciaron que acudirán a la Contraloría General de la República…

“El problema es que no hay instancias reales en donde esto pueda ser revisado. Porque ha sido la tónica de la Contraloría el no entrar al mérito de algunas decisiones del SII, porque dice que son parte de sus atribuciones exclusivas de interpretar la ley.

Entonces, nos quedamos de brazos cruzados los ciudadanos comunes y corrientes cuando vemos situaciones como estas, que son absolutamente cuestionables desde el punto de vista de la ciudadanía y del sentido común, pero además desde el punto de vista jurídico”.

¿Ante quién se recurre?

“Aquí debería haber una respuesta mayor del Estado de Chile. ¿Cuál es la respuesta que ha dado a los delitos y acciones que han reñido contra la probidad administrativa, es decir, contra los delitos de corrupción? Claramente aquí no ha habido una respuesta acorde de nuestro Estado para castigar todas esas conductas, porque todos estos delitos tributarios no afectaron sólo al Servicio de Impuestos Internos, ya que el SII lo que hace es controlar aquello que tiene que ver con el tema impositivo, pero el tema impositivo nos afecta a todos, entonces todos fuimos afectados por los delitos tributarios. Todos estos delitos que fueron cometidos, además, en el marco del financiamiento irregular de la política, donde salieron beneficiados los políticos, nos afectan porque los políticos son funcionarios públicos y, por lo tanto, son delitos de corrupción. Chile ha suscrito tratados para luchar contra la corrupción, forma parte de la OCDE, y debe ejecutar acciones que en definitiva lo que hagan es sancionar la corrupción. Esa es una obligación de nuestro país.

Si uno analiza cómo fue la respuesta de nuestro país al financiamiento ilegal de la política, yo creo que nadie puede sostener que la respuesta fue siquiera castigar los delitos contra la corrupción”.

En julio de 2018, tras ser formalizados por delitos tributarios, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, ambos controladores del Grupo Penta, fueron sentenciados a 4 años de libertad vigilada intensiva y clases de ética. Foto: Archivo.

¿Cuál podría ser la motivación detrás de esto?

“Ahí entramos en el ámbito de lo hipotético, pero bueno, los hechos son bastante claros. Aquí el financiamiento irregular de la política fue transversal, afectó a izquierda y derecha, grupos completos. Si observamos al actual director del Servicio de Impuestos Internos, que es un cargo de exclusiva confianza de la Presidencia de la República, fue nombrado por Michelle Bachelet, pero fue mantenido por Sebastián Piñera. O sea, aquí claramente vemos una situación coincidente en que Barraza, que es el gran impulsor de la impunidad de los delitos tributarios relacionados con el financiamiento de la política, fue nombrado por uno y mantenido por otro. Yo creo que la gente aquí tiene que sacar sus propias conclusiones y no hay que ser muy experto para aquello, eso es claro.

A uno como ciudadano común le parece una situación sumamente injusta cuando vemos hoy día están persiguiendo con sanciones a aquella gente que recibió un Bono de Clase Media. O sea, por favor, de qué estamos hablando. Si todas las grandes empresas pagaran realmente los impuestos que deben pagar y que pagamos todos nosotros que no tenemos esa posibilidad de descontar estos millonarios gastos de abogados, yo creo que obviamente habrían muchos recursos que hoy día no se tienen.

Me parece a mí que hay una inconsistencia del SII con la actuación que ha hecho y un favorecimiento a la comisión de delitos tributarios por parte de grandes empresas, porque cuando se trata de la persona que tiene un negocio en la esquina al Servicio de Impuestos Internos no le tiembla la mano en perseguir ese tipo de delitos. Sí le tiembla la mano cuando se trata de empresas que tienen cierta relevancia en nuestro país”.

¿Ha sido una política del SII?

“El SII ha promovido la impunidad para las grandes empresas. Yo como jefa del Departamento de Litigación Penal del SII nunca recibí ninguna propuesta de delito tributario desde la Dirección de Grandes Contribuyentes, sólo recibí propuestas de querellas criminales respecto de direcciones regionales y aquellos que no eran grandes empresas. Eso obviamente obedece a una política de las personas que dirigen el SII, porque nadie va a pensar que las grandes empresas no cometen delitos tributarios, eso no es así. Ya lo hemos visto, todos los grupos relacionados al financiamiento irregular de la política son grandes empresas, porque son los que tienen recursos para financiar políticos.

Entonces, evidentemente, ahí hay un problema de autonomía del Servicio de Impuestos Internos. Mientras el director del SII siga siendo de confianza del gobierno de turno, jamás vamos a tener una autonomía como la que espera la ciudadanía”.

Foto en portada: Ramon Monroy/Aton Chile.