Este viernes, la Defensoría de la Niñez dio a conocer la segunda cuenta pública desde su existencia y el Informe Anual 2020, el que corresponde a un mandato legal de la institución y que busca relevar la situación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el país, y es entregado a los tres poderes del Estado.

Este Informe Anual, al igual que la gestión de la Defensoría de la Niñez en el periodo julio 2019 – junio 2020, están marcados por la crisis social vivida en Chile a partir del estallido del 18 de octubre, así como también por la pandemia del Covid-19 y el confinamiento.

Dividido en tres partes, el Informe Anual 2020 de la Defensoría de la Niñez entrega una cuenta pública de la institución, donde además de enfatizar el rol y funciones del organismo, como ente autónomo de derechos humanos, se describen las principales acciones y cometidos del último año.

Entre estas destacan el envío de 331 recomendaciones a distintas entidades, observaciones y recomendaciones a 14 proyectos de ley en discusión y participación en 28 sesiones del Congreso. Se suman 293 acciones judiciales, 23 visitas a residencias o centros de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado, publicación de 5 estudios y la recepción de más de 2.800 requerimientos de niños, niñas o adolescentes y de la ciudadanía en general.

Sobre la labor realizada, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, destacó el rol activo de la institución en el seguimiento de procesos judiciales, entre el que mencionó el ataque sufrido por dos adolescentes por parte de Carabineros en Talcahuano.

“Se da cuenta de las acciones en que, en virtud de las facultades excepcionalísimas de representación judicial que ejerce la Defensoría de la Niñez, se ha realizado respecto de hechos de particular gravedad que han implicado la comisión de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. Punto especial hoy para lo que pasará en la audiencia en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, donde se formalizarán cargos por el grave e inaceptable hecho ocurrido en el interior del centro del Sename Carlos Macera, que ha afectado de manera severa a dos adolescentes producto de, una vez más, el accionar indebido y desproporcionado de funcionarios que, teniendo el deber de proteger la vida de niños, niñas y adolescentes, en definitiva han ejecutado acciones contrarias  a ello y los han atacado”.

La segunda parte del Informe Anual de la Defensoría de la Niñez se dedica a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el estallido social.

Entre los datos entregados sobre este punto están que la Defensoría de la Niñez recibió, al 30 de junio de 2020, 818 denuncias de hechos que constituyen graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. De esa cifra, un 92% de las denuncias se imputa la agresión o vulneración a un funcionario policial de Carabineros de Chile; un 51% del total de casos corresponden a niños, niñas y adolescentes que se encuentran vinculados a la red Sename; un 44,6% reportó como principal vulneración las lesiones físicas por golpes, un 15,8% lesiones por balín o perdigón, un 7,8% reportó lesiones físicas por gas pimienta o lacrimógenas y 2,1% se trata de casos de lesiones de trauma ocular.

“Casos que no son un número, que son personas, son vidas truncadas o afectadas indudablemente por el accionar estatal destinado a proteger y a garantizar derechos. De hecho, de 818 casos el 92 por ciento de las acciones violentas ejercidas contra niños, niñas  y adolescentes fue cometido por un funcionario integrante de Carabineros de Chile, para quienes todavía crean que la reforma profunda y estructural que esa institución debe sufrir no sea una necesidad” señaló.

Sobre lo que refiere a niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado, Patricia Muñoz reflexionó sobre la responsabilidad ineludible que tiene Chile sobre la vulneración en centros de cuidado.

“Los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado están bajo la directa, exclusiva y privativa responsabilidad del Estado de Chile. Este Estado ha decidido delegar sus funciones a organismos colaboradores, pero sepan que aquello no involucra ni involucrará jamás la posibilidad que el Estado, en tanto entidad responsable, pueda delegar y deshacerse de la responsabilidad que le cabe de aquellos hechos de vulneración y victimización que, desafortunadamente, se han seguido produciendo”.

Cabe señalar que en lo que refiere a educación se destaca cómo la crisis social y sanitaria en Chile han expuesto la urgencia de resolver la fragilidad en que se encuentra el ejercicio del derecho a la educación para los grupos más vulnerables. Mientras que, con foco en el mismo contexto, especialmente en el confinamiento provocado por la pandemia, otro de los capítulos aborda el derecho al juego, la recreación y el ocio como elementos claves para el desarrollo armonioso e integral de todo niño, niña y adolescente.

Además, en relación con el proceso constituyente que vive el país, se evidencia la deuda histórica en el reconocimiento del derecho de participación de niños, niñas y adolescentes.

Finalmente, el capítulo “Deficiencias del Estado como garante de la efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes” realiza un repaso a la manera en que el Estado chileno, a través de los años y de la diversa institucionalidad con que cuenta, no ha priorizado, de manera real y no sólo discursiva, los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.