Más organizaciones se pliegan a la solicitud de libertad para los llamados presos de la revuelta. Este miércoles, la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, a través de un punto de prensa, presentó una declaración pública en la que anunciaron una campaña internacional, en conjunto con otros gremios, para denunciar la situación que viven las personas que quedaron por más de un año con prisión preventiva posterior al 18 de octubre de 2019.

Al respecto, la presidenta de dicha organización, Pamela Henríquez, dio detalles del porqué se sumaron a este petitorio en favor de más 300 personas que mantienen dicha medida cautelar.

“A un año del estallido social, queremos expresar nuestro apoyo a los familiares de los detenidos, que han tenido que enfrentar una justicia indolente que deja caer todo el rigor de la ley sobre quienes se manifestaron para conseguir un país más justo. Como organización sindical damos inicio a una campaña internacional desde el mundo del trabajo, para exigir la liberación de los presos de la revuelta, quienes en algunos casos han pasado más de un año en prisión preventiva contraviniendo las garantías del debido proceso y sin derecho a visitas de sus familiares“, manifestó la dirigente.

Asimismo, el secretario general de la confederación bancaria y vocero nacional de la coordinadora NO+AFP, Luis Mesina, fue crítico con el Gobierno por no encontrar -según dijo- una solución política a los casos mencionados.

“El Gobierno de Piñera no solamente ha sido incompetente para garantizar derechos fundamentales a las personas en un proceso de pandemia, confinándonos y particularmente, a los sectores populares, manteniéndolos prácticamente en la ruina, sino que también es un gobierno absolutamente intransigente e incapaz de poder generar soluciones políticas. La prisión política exige una salida política“, declaró.

En la declaración presentada, además, las y los dirigentes firmantes se mostraron a favor del proyecto de ley de indulto general, que busca la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda por hechos acontecidos entre octubre de 2019 y diciembre de 2020.

“Creemos que este proyecto cobra urgencia ante los acontecimientos traumáticos que ha vivido el país en este último año. Las familias de los detenidos no pueden esperar más por la libertad de sus seres queridos, ni el país tampoco”, sentencian.