Durante la tarde de este martes, el Senado de Argentina deberá votar el proyecto de ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La iniciativa, que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura y gratuita hasta la semana 14 de gestación, es muy cercano al que rechazaron los senadores en el 2018. Pero esta vez la Cámara alta podría adoptarlo.
Por un lado, porque en el 2019 el proyecto sumó parlamentarios favorables al aborto. También porque es una iniciativa del presidente peronista Alberto Fernández, quien quiere encolumnar a los senadores oficialistas para poder cerrar el año con una victoria política.
Por otro, porque el movimiento feminista, cada vez más autónomo y en expansión, busca demostrar que es capaz de contrarrestar la presión de la iglesia católica y los cultos evangélicos sobre los parlamentarios.
La adopción de la ley sería entonces un logro circunstancial para un gobierno que tomó un país en crisis hace un año y solo pudo gestionar la pandemia desde aquel momento. Pero se trata de un cambio fundamental para las mujeres argentinas, que podrían acceder a una interrupción del embarazo de manera segura, en vez de recurrir a prácticas clandestinas y peligrosas para las más vulnerables.
“Seguro de los 1.000 días”
En caso de paridad de votos, deberá desempatar la titular del Senado, la ex mandataria y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pese a que durante su gobierno (2007-2015) no impulsó la legalización del aborto, cambió de posición y votó a favor en 2018 cuando el Congreso trató por primera vez un proyecto de IVE.
Uno de los 72 senadores no podrá participar de la sesión por estar suspendido tras haber sido denunciado por acoso sexual. Además, es poco probable que esté en condiciones de votar el senador y ex presidente Carlos Menem, de 90 años, hospitalizado con problemas cardíacos y renales. Declarado antiabortista, durante su gobierno (1989-1999), Menem instituyó el ‘Día del niño por nacer’.
Para sumar votos favorables, el proyecto incluyó la posibilidad de que los profesionales de la salud hagan “objeción de conciencia”, un punto cuestionado por la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que agrupa a más de 300 organizaciones feministas.
Al mismo tiempo, Fernández impulsó otro proyecto, que también tratará el Senado el martes, y que crea un “seguro de los 1.000 días” para fortalecer la atención de la mujer durante el embarazo y la de los hijos en los primeros años de vida, con el fin de evitar un aborto motivado por causas económicas.
Desde 1921, el aborto está permitido en Argentina en caso de violación o peligro para la vida de la mujer. Hasta ahora en América Latina, el aborto es legal solamente en Cuba, Uruguay y Guyana, así como en la Ciudad de México, y está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
