A raíz de las falencias evidenciadas en el proceso de licitación del Instituto de Energías Limpias, en que se adjudicó a instituciones extranjeras, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, redactó una carta en que fija su postura al respecto.
A continuación el texto íntegro:
En 2019 comenzó un proceso de licitación para definir el o los organismos que estarían a cargo de la implementación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), un centro de investigación e innovación que tiene por objetivo estudiar el desarrollo de energías renovables para una minería con bajas emisiones de CO2, cuya infraestructura se construirá en la región de Antofagasta. En este territorio, además, se basará el desarrollo de una política de estrategia nacional de hidrógeno verde.
Este importante proyecto representa la mayor inversión en I+D+i realizada en Chile en los últimos años. Tras varias demoras en el proceso, Corfo adjudicó su realización al consorcio extranjero Associated Universities Inc. (AUI), con la participación de tres universidades privadas chilenas. Lo anterior, en desmedro de la propuesta presentada por el consorcio ASDIT, que reúne a 11 universidades públicas y privadas tradicionales -entre ellas, la Universidad de Chile-, 16 centros de excelencia en investigación y organizaciones nacionales e internacionales.
Este proceso de licitación evidenció un conjunto de falencias procedimentales difíciles de entender, así como demoras en su resolución. Resulta especialmente llamativo que no se tomara conocimiento de la evaluación realizada por un panel de expertos internacionales, quienes entregaron la más alta puntuación a nuestra propuesta.
Con esta resolución no sólo se debilita una política de Estado que debe promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Chile, sino que además se limita el fortalecimiento de capacidades de investigación propias en esta materia. Esto último es clave para que Chile se consolide como potencia energética verde. Se pone así en entredicho el desarrollo del país y la posibilidad de dar un salto efectivo para cambiar la matriz productiva nacional.
Para evaluar la situación y acciones a seguir se ha conformado un equipo jurídico que ha estado en permanente coordinación con las demás universidades participantes de nuestra propuesta. Adicionalmente, se han mantenido conversaciones con diversos parlamentarios y parlamentarias, con quienes se realizó un punto de prensa para informar a la ciudadanía de esta situación. Paralelamente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas se realizarán acciones tendientes a esclarecer los pasos de un proceso que, hasta el momento, estaría dejando fuera a 11 de las principales universidades chilenas.
Hoy, más que nunca, necesitamos que el Estado piense en las consecuencias de largo plazo para el país en su conjunto, de cara a sus habitantes. Decisiones tan trascendentales pueden arriesgar la soberanía que hemos conseguido en materia científica, tecnológica y de innovación. Como pocas veces, resulta literalmente cierto que lo que aquí está en juego es el futuro de Chile.
