Entre las 12 y 14 horas de este lunes, el Tribunal Constitucional realizó la primera audiencia de análisis del requerimiento presentado por parlamentarios de oposición que busca declarar inconstitucional 13 artículos de la Ley de Migraciones y Extranjería, aprobada hace un par de semanas por el Congreso Nacional.

Para esta jornada se contó con las exposiciones de la Asociación por las Libertades Públicas, la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, el Movimiento de Acción Migrante, el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, y la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes.

A ellos se sumaron la Fundación Migra Chile, el Centro de Estudios Legales, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, el Partido Unión Demócrata Independiente, el diputado Boris Barrera, entre otros.

Entre los argumentos a favor de esta inconstitucionalidad están que diversos artículos generarían discriminación, desigualdad ante la ley y vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, se cuestiona la excesiva discrecionalidad para autoridades del Ministerio del Interior respecto de decidir sobre el futuro particular de personas migrantes.

Desde la Asociación por las Libertades Públicas, la abogada Claudia Sarmiento mencionó algunas de estas normas.

“La norma es valiosa pero contiene también disposiciones que son contrarias a la libertad personal garantizada en el artículo 19 número 7 y también a las disposiciones de igualdad ante la ley (…) Nos interesa en particular destacar lo siguiente: la disposición contenida en el artículo 131 que establece la reconducción o devolución inmediata de un extranjero mientas se encuentre vigente la resolución que ordenó su abandono del país, la potestad que se le entrega al subsecretario del Interior para expulsar a personas extranjeras del país, la potestad que también se le entrega al subsecretario del Interior de prohibir hasta por 30 años el ingreso de una persona al país”, explicó Sarmiento sobre los artículos cuestionados.

En concreto, los artículos impugnados en el requerimiento son el 3,16,18,27,33,117,127,131,132,133, 135, 137, 175 y 176.

Desde la Universidad de Chile y su Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, la académica María Emilia Tijoux también fue parte de las exposiciones. En su espacio la doctora en la sociología se refirió al racismo presente en Chile, que muchas veces se acrecienta por parte de las mismas autoridades.

“Nuestras investigaciones demuestran la existencia del racismo en nuestro país en sus distintas formas, siendo el racismo institucional el más violento debido a la violencia simbólica, cínica y callada, naturalizada que supone normal, por ejemplo, tratar a seres humanos de manera diferenciada en las instituciones del país. Luego otro tipo de racismo, el racismo cotidiano que se vive en sus peores expresiones parece no conmover a nadie, por eso estamos acá, para pensar que el país que queremos debe despojarse de todo racismo, trabajando y revisando sobre todo nuestra propia historia”, indicó.

En contra de este requerimiento se hicieron presentes el Partido Unión Demócrata Independiente y la senadora Luz Ebensperger, quienes a través de sus abogados expresaron los motivos por los que la Ley de Migración y Extranjería sí sería constitucional y, por lo tanto, debe ser promulgada tal y como salió del Congreso.

“El proyecto es constitucional en tanto no vulnera la libertad de circulación, la parte requirente ha señalado en diversas normas de este proyecto que atenta en contra de esta libertad (…) Esta excelentísima magistratura ha sido enfática en establecer que el estado puede condicionar el ingreso de una extranjero al país bajo una serie de requisitos normativos previstos en la ley, en consecuencia, lo que está haciendo aquí el legislador, y en otras normas que son impugnadas respecto de esta iniciativa, no es más que restringir legítimamente la libertad de circulación mediante ciertos requisitos que aparecen como razonables y, por lo tanto, acordes al texto constitucional”, expresó el abogado Tomás de Tezanos, representando a la UDI, en parte de su argumentación.

Jornada de alegatos

Este lunes la audiencia pública estaba enfocada en exposiciones, mientras que la jornada de alegatos, en que los abogados de cada parte se referirán a los argumentos técnicos de la posible inconstitucionalidad, se dará este martes.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el abogado Martín Canessa, uno de los patrocinantes del requerimiento, expresó tener mucha confianza en que el TC resolverá la situación a favor de la inconstitucionalidad.

“Estoy convencido que tenemos argumentos de peso de derecho constitucional para cada una de las impugnaciones que proponemos al tribunal. En ese sentido, creo que hemos preparado un requerimiento que ha sido no solamente convincente, sino que muy respetuoso de la especificidad de la competencia del Tribunal Constitucional. No hemos propuesto transformar al tribunal en una instancia que pueda dirimir cosas políticas, solamente cosas estrictamente constitucionales”, dijo.

Y agregó: “En particular estoy esperanzado de que con este requerimiento el tribunal pueda cumplir una de las misiones que tienen los TC en el mundo y también acá en Chile, que es la defensa de los derechos de las personas y, en particular, de los derechos de las minorías como lo son las personas migrantes”.

En lo que refiere a la jornada de exposiciones de este lunes, el abogado manifestó estar muy contento con las exposiciones, en las que señaló las organizaciones dieron una discusión dentro de los márgenes de lo que debe ser un debate en el Tribunal Constitucional: “Fue una discusión constitucional estricta, no de oportunidad o mérito de la ley, y la verdad es que de las audiencias públicas que he visto, es de las que más pueden contribuir a la decisión del tribunal por eso mismo”.

En tanto, sobre los argumentos en contra del requerimiento, en que se señaló que lo que se busca, entre otras cosas, es dejar un sistema de expulsión sin dientes, el abogado Martín Canessa dijo lamentar lo que se expuso.

“La verdad es que nada más lejos de la realidad, no se propone en el requerimiento ni se impugnan normas que permitan algo así como una migración irrestricta. Y, por otra parte, me parece que las cifras que el propio gobierno ha sacado a relucir como cifras récord de expulsiones ejecutadas durante 2019 permiten desmentir cualquier idea de que se vaya a dejar sin dientes un sistema de expulsión o que no vaya a ser posible”, explicó.

Los alegatos por este requerimiento comenzarán este martes 19 de enero desde las 9 de la mañana, instancia en que el abogado constitucionalista Patricio Zapata será el encargado de defender que 13 artículos de la Ley de Migraciones son inconstitucionales.