El Frente Amplio quería que los haitianos “quedaran botados en la calle vendiendo obleas bañadas en chocolate en las esquinas”. Esta afirmación del director de Extranjería, Álvaro Bellolio, más que acusar a otros, transparenta sus propios estereotipos respecto a esta comunidad residente en el país. No es la primera irrupción pública polémica de quien tiene la enorme responsabilidad de dirigir las políticas en un tema como éste, uno de los más importantes del mundo contemporáneo.

Con justa razón, la indignación recorrió a sectores políticos, académicos y a las propias organizaciones de migrantes. Entre otras afirmaciones, se ha acusado al dignatario de bajar el nivel de la discusión, de faltarle el respeto a la comunidad haitiana residente y de reproducir imágenes que lindan con la xenofobia. Más allá de este episodio, lo preocupante es que también refleja la política migratoria que se ha ejecutado durante este periodo de gobierno, que a su vez dio lugar a una ley que, inequívocamente para los expertos, equivale a la vetusta normativa anterior, que estuvo vigente desde 1975 y veía a los migrantes como una amenaza y no como sujetos de derechos.

En este contexto general, es especialmente doloroso el trato a la comunidad haitiana. Porque no todos quienes vienen de afuera son iguales. Hay extranjeros e inmigrantes. Los extranjeros son las pieles blancas, provenientes de culturas supuestamente superiores a las nuestras, que son recibidas con reverencia y asignadas a lugares dignos, cuando no privilegiados, de nuestra sociedad. Mientras, por otro lado, están los inmigrantes, personas que vienen a amenazar a Chile, a sus supuestos valores y a sus habitantes. Entre ellos están las pieles más oscuras de nuestra América, pero incluso ahí se han hecho diferencias: en cierto momento se tuvo una política amable y receptiva con la migración venezolana, al mismo tiempo desconfianza con la migración colombiana y definitiva hostilidad con quienes han venido o pretenden venir desde Haití a nuestro país. Todo aquello no ha sido una simple declaración desafortunada, sino una política de las actuales autoridades.

Hace algunos días, a propósito de que en redes sociales se culpó a los haitianos por la suciedad en la calle Meiggs luego de las fiestas de Navidad, como si la abrumadora mayoría que estuvo allí no fuera chilena, decíamos que diversos artículos y estudios dan cuenta de expresiones nada sutiles de discriminación hacia la comunidad haitiana, situándolos en la sociedad en los mismos lugares donde antes lo hacía la esclavitud, es decir, en las tareas de mayor esfuerzo físico y peor paga. Se produce por lo tanto, una retroalimentación entre las decisiones discriminatorias de la autoridad y el racismo que innegablemente existe en una sociedad chilena que, risiblemente, suele verse al espejo más blanca que como realmente es. Esto, por cierto, sin perjuicio de que blancura y negrura no son señal de virtud ni de demérito alguno. Ése es todo el punto: un haitiano no es por serlo mejor que un chileno, ni tampoco lo contrario.

Bien haría el director de Extranjería en revisar un reportaje ampliamente difundido en televisión hace tres años, donde mostraba que detrás de los haitianos y haitianas que venden Súper 8 y bebidas en las esquinas, había una red inescrupulosa de chilenos que sostenían un rentable negocio, a cambio de una paga tan miserable que rozaba la esclavitud, con jornadas laborales de lunes a lunes. 

Y bien haría la ciudadanía, incluyéndonos a los periodistas, en preguntar qué hicieron las autoridades del gobierno anterior y del actual en perseguir semejante infamia y en proteger a quienes son las únicas y evidentes víctimas de este sistema de creencias. Al final de este comentario, invocamos a Pancho Sazo: en todas esas esquinas viva la libertad.