El 15 de marzo de 2018, el presidente Sebastián Piñera, entonces comenzando su segundo mandato, entregaba diversos lineamientos sobre lo que proyectaba para su gobierno. Aquel día el medio alemán Deutsche Welle publicó una entrevista al mandatario, en la que él fue claro y preciso al abordar la situación de Venezuela y la grave crisis migratoria que aquello ya provocaba.

“Vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile, porque tenemos un deber de solidaridad y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades”, decía entonces.

Sin embargo, de aquellas palabras poco y nada queda, puesto que ante la grave situación que se reveló durante las últimas semanas en Colchane, el Gobierno decidió dejar a un lado la solidaridad prometida, y optó por una vía más rápida pero que poco contribuye desde el punto de vista humanitario: la expulsión.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien ha encabezado este proceso en el norte del país, declaró al respecto que las personas serán expulsadas por haber ingresado de forma irregular. Asimismo, dijo que “hay que dar una señal clara de que los que ingresen de manera irregular se van a encontrar con proceso de expulsión, entendemos que son víctimas en sus países de origen y de bandas internacionales, pero Chile debe hacer un proceso interno y aplicar la ley vigente”.

El actuar del Gobierno no solo ha sido cuestionado dado que parecieran haber olvidado lo comprometido, sino también porque ante la crisis humanitaria que ha generado esta migración masiva, la expulsión no es la medida más adecuada.

Una medida que vulnera derechos

Respecto de la situación que se está viviendo en el norte del país, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, su secretario Rodolfo Noriega comentó lo que ha ocurrido con estas expulsiones ante lo que expresó que no es más que un intento por parte del Ejecutivo de responder mediáticamente a la crisis.

“Estas expulsiones de un grupo de venezolanos y colombianos no son de quienes recién han ingresado, hay que ser claros, para que ocurra una expulsión tiene que haber todo un proceso (…) Además las expulsiones no son un remedio a esta situación, las expulsiones en realidad son ineficaces porque el volumen de gente que ha ingresado es muchísimo mayor, ni con los 15 vuelos que tienen pensados podrían expulsar a la mitad de las personas que han entrado en estas últimas dos semanas”, comentó.

Frente a esto, el dirigente de la organización pro migrantes expresó que “el Gobierno no se hace cargo ni hace frente a la situación, más restricción genera más inmigración irregular y las expulsiones no van a resolver nada, es una medida última dada desesperadamente para la galería. El gobierno está trabajando para la galería, para responder a quienes piden que rueden cabezas, los ultranacionalistas, quienes hablan de expulsión son quienes le mueven la pauta al gobierno y el gobierno pretende embaucar a la opinión pública con estos procedimientos”.

En tanto,  Luis Eduardo Thayer, académico de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, indicó que lo que se ha hecho por parte del Ejecutivo carece de respeto a los derechos humanos y es una medida vergonzosa para el país, esto porque no reconoce la grave crisis humanitaria que se vive en toda la región, y que ha llevado a migrar a personas de diferentes nacionalidades, y no solo desde Venezuela.

“Se están tomando medidas que desconocen esa dimensión de emergencia, en contexto de pandemia, además es una solución que desde ese punto de vista es inhumana y, por otra parte, como medida de resolución a esta situación es poco realista, porque no se va a detener el flujo migratorio”, dijo.

A ello agregó que la forma en que se realizan los procesos, con transmisiones televisivas, a cargo de ministros de Estado e incluso la forma en que se vistió a los migrantes con overoles blancos, dan cuenta del desarrollo de una política inhumana y denostativa de las personas: “De alguna manera se trata de transmitir una señal a la población chilena a costa de la humillación pública de estas personas que vienen de una crisis humanitaria, es vergonzoso como país estar dando esta repuesta”, aseveró.

El académico de la Universidad de Chile agregó que la política se torna todavía más grave cuando dentro de la misma región sí se están tomando medidas con otros enfoques y respetando derechos humanos, como es el caso de Colombia, donde el presidente Iván Duque – afín políticamente al mandato del presidente Piñera- decidió implementar una política de regularización a miles de migrantes.

“El eje izquierda o derecha aquí no funciona, aquí funciona el eje compromiso con los derechos o desprecio hacia los derechos humanos, y Chile está mostrando desprecio hacia los derechos humanos, hacia las personas, inhumanidad, ese el eje con el cual hay que entender esto. Y hay otra cuestión importante que es el hecho de que el gobierno de Chile de alguna manera despliega esta política de cara a la ciudadanía, de cara a la captura de la atención ciudadana, hipoteca los derechos en función de un número más en las encuestas”, explicó.

A ello añadió: “La decisión que toma el presidente Duque en Colombia es una decisión que toma en virtud del compromiso que tiene con los derechos, y eso le va a traer costos políticos. En el caso de Chile se priorizan un par de cifras en las encuentras frente a los derechos humanos y eso da cuenta de que la derecha que nos gobierna es heredera de la dictadura, que despreció los derechos humanos”.

Finalmente, sobre lo que debería hacerse para enfrentar esta situación, tanto el académico de la Universidad de Chile, Luis Eduardo Thayer, como el secretario de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, comentaron que es necesario un financiamiento para el resguardo y garantía de los derechos de las personas, lo que se puede lograr repensando las inversiones que se hacen para militarizar la frontera.

Asimismo, destacaron la necesidad de generar políticas de regularización, dotar a los gobiernos locales de mayores capacidades para generar mecanismos de acogida y también la necesaria coordinación de las autoridades con los países de origen y tránsito, para lo que también es necesaria la coordinación de las organizaciones internacionales vinculadas con la migración y los derechos humanos.

Migrantes sin vacunas

Además de las políticas de expulsión tomadas durante las últimas horas, el Gobierno anunció esta jornada que no se vacunará a turistas y migrantes. Según comentó el canciller Andrés Allamand no tendrán derecho a la inoculación quienes tengan visa de turistas, tampoco turistas de países a los que no se les pide visas, ni migrantes en situación de irregularidad.

La decisión del Ejecutivo también ha generado cuestionamientos, no solo por la distinción que se está haciendo en el acceso a la salud, sino porque no vacunar a la migrantes en situación de irregularidad genera un problema en el control de la pandemia, puesto que también son parte de la población nacional.

Al respecto, Luis Eduardo Thayer comentó que este es un elemento adicional a la política inhumana del Gobierno, la que además es una irresponsabilidad en términos de salud pública.

“Le están pidiendo a un funcionario que niegue a la vacuna a una persona porque no tiene un carnet, le están pidiendo que de alguna manera se convierta a este paradigma inhumano que está tratando de instalar el gobierno (…) Hay que hacer un llamado a desconocer eso, no puede ser en términos de salud pública, porque es una irresponsabilidad en el tema de los contagios. No tiene ningún sentido más que el denostar a las personas extranjeras”, expresó.

La situación también fue lamentada desde el área de la salud, pues desde el Colegio Médico llamaron a no limitar la vacunación a las personas en situación irregular: “Afectará a migrantes en condición de mayor vulnerabilidad y atenta contra la salud de toda la población. Hay otras formas, más humanitarias, de limitar el “turismo de vacunas”, expresaron a través de Twitter.