Una reforma a Carabineros es la postura en la que siguen insistiendo diversas voces especialistas en materia de seguridad, esto a la luz de nuevos casos que dan cuenta de la grave crisis por la que atraviesa la institución uniformada en los últimos años.

Una revisión veloz de las noticias protagonizadas de forma negativa por Carabineros, después del caso Panguipulli, incluye en la lista una revelación de Ciper que da cuenta de los vínculos de algunos efectivos con el narcotráfico, así como la tensión que existe entre Contraloría y la institución, luego de la suspensión de tres generales involucrados en irregularidades, en el marco del estallido social. Además, hay parlamentarios, ex policías, abogados y ex fiscales de La Araucanía que señalan el vínculo de funcionarios de la institución con el robo de madera.

Esta lista en aumento, en opinión del exsubsecretario de la Prevención del Delito, Antonio Frey, debe ser entendida a partir de la concepción histórica de las policías, las cuales deberían estar subordinadas al poder político -y por ende a la ciudadanía- tener límites definidos por un ente externo, y una tercera arista que tiene que ver con asumir su función como parte de un servicio público.

Sin embargo, según explicó Frey a nuestro medio, en el caso de Carabineros, ninguna de estas características se cumple a cabalidad.

“Uno suele pensar en la policía como un servicio positivo, pero la policía tiene una dimensión negativa de sus servicios: detener, privar de libertad; y por lo tanto impone un análisis justamente sobre sus límites y sus controles. Su servicio, en una parte, es negativo para las personas, y por lo tanto requiere un control cada vez más democrático, una gobernabilidad cada vez más democrática, que en el caso chileno, justamente porque no hemos cambiado esas leyes matrices, se le da demasiada independencia y mucha opacidad”, explicó Frey.

En este contexto, la estrategia comunicacional del Gobierno para hacer frente la crisis ha sido clara: por un lado, proteger a la institución y su rol de defensa del orden público, pero además, emprender una serie de mecanismos legislativos enfocados en otorgarles mayores atribuciones a las que ya tiene.

No obstante, Frey recalca que desde los años noventa hasta la actualidad, el presupuesto de Carabineros ya ha sido ampliado cuatro veces y medio, algo que, por otro lado, no puede ser fiscalizado debido a las restricciones de la institución para brindar información de transparencia.

“Tenemos que parar esta idea de que más es mejor, de que solo dando recursos vamos a mejorar la policía, y establecer una gobernabilidad democrática que permita saber en qué se usan, cómo se usan, cuándo se usan, en qué aspectos se usan, y cómo evaluar eso. Si no tenemos la pata de la rendición de cuentas, o de la transparencia, no sirve de nada darle más recursos a ninguna institución del Estado, pero en particular a la Policía, porque no sabemos cómo se están gestionando esos recursos, para qué se están gastando y a qué se están destinando”, criticó.

Tal y como pasa con el tema presupuestario, Frey opina que la poca fiscalización de la institución se ha dado incluso en el ámbito de la formación académica. En la actualidad, por ejemplo, solamente la Escuela de Oficiales se encuentra acreditada por tres años, esto porque la Ley Orgánica de Carabineros asimila automáticamente la educación policial a la educación formal universitaria, ampliando así la autodefinición de sus límites.

Por tal motivo, tanto desde la formación como desde el establecimiento de las funciones, para Frey es necesario que la reforma de Carabineros pueda llevarse a cabo de forma paulatina y pensando más en que la sociedad actual, con una clase media educada en auge, requiere otro tipo de policías a su servicio.

“Lo que tenemos que hacer ahora es una tarea titánica, pasar del instrumento de protección del Estado y sus instituciones, la protección del orden público como valor superlativo -ya que el decreto de Ley 1086 del año 83 le da la atribución a la policía de disolver cualquier manifestación que no esté autorizada por la Intendencia- pasar de este instrumento de defensa a la institucionalidad política, a un instrumento del servicio del ciudadano, a un instrumento protector de derechos como función central, no como función secundaria”, explicó.

Finalmente, frente a la oportunidad de redactar una nueva Constitución, el ex-subsecretario de Prevención del Delito recordó que es justamente en allí donde se tiene plasmado el concepto de una policía reactiva y no de servicio, así como la definición de sus funciones distinto a lo que sucede con otros organismos del Estado. Por tal motivo, Frey recalcó que debería aprovecharse dicha instancia para pensar en si las policías requieren mantener el mismo formato de acción, que lo hace un organismo prácticamente independiente, o más bien si son un servicio público que piensa en las personas y en sus derechos.