El 8 de marzo (8M), a nivel mundial, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que originalmente era el día de la mujer trabajadora. Este año, con el contexto nacional en el que estamos, la fecha está marcada por la revuelta social, la pandemia, el aumento de la violencia de género, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y un Proceso Constituyente que nos trae de forma inédita, una Convención Constitucional Paritaria. Sin embargo, también es una fecha marcada por el 8M del 2020, cuando se erigió la marcha más masiva de nuestra historia en distintos lugares del país. Esta marcha y el mayo feminista de 2018 -que sin duda ha sido una antesala de la revuelta social-  nos muestran la potencia que tiene el feminismo en estos procesos. El feminismo se hace imprescindible porque viene a intersectar las diversas problemáticas, demandas y vivencias de nuestros procesos políticos.

Las demandas de este 8M se construyen desde estos diagnóstico y realidades, y no pueden ser analizadas sólo y exclusivamente desde una única arista, como si fueran problemáticas aisladas. Si bien la perspectiva de género en la Nueva Constitución es uno de los ejes centrales en la discusión pública, debemos tratarla transversalmente en todo el texto, no como un apartado. El aumento de la violencia de género, de los femicidios y de la violencia política sexual son temas que ineludiblemente deben ser abordados a través de leyes, políticas públicas y de una forma estructural en la Nueva Constitución. De igual forma, la profundización del modelo económico neoliberal que hemos sufrido en el contexto de la pandemia también debe ser abordado desde una perspectiva de género. Tal interseccionalidad y variedad de temáticas nos lleva a reconocer el rol que juega el feminismo en el contexto del Proceso Constituyente y la crisis de representatividad latente.

En primer lugar, podríamos decir que el feminismo tuvo un rol preponderante en la discusión del Proceso Constituyente, a propósito de la paridad de género. Un Proceso Constituyente que nació de la necesidad de tener un órgano representativo fue lo que desembocó en una Convención Constitucional compuesta por primera vez en la historia, de manera equitativa por hombres y mujeres. En segundo lugar, el aumento de representatividad de mujeres en el Congreso (de 13% a 26% durante este período) ha contribuido a que la discusión de leyes relacionadas con los derechos de las mujeres y con perspectiva de género sean cada vez más.

De esta forma, el feminismo ha tomado un rol importante, si es que no central en las discusiones políticas y constituyentes en nuestro país. Lo que en un momento fue considerado secundario, ahora se encuentra en una posición protagónica en el espacio público. Las consignas que se escuchan en las calles por educación, salud, trabajo, vivienda, acceso al agua y cuidado del medio ambiente, tienen un fuerte componente de género que es importante tomar en cuenta. Del mismo modo y en buena hora, hoy es un despropósito el no considerar el hecho de que las mujeres constituyen más de la mitad de la población en Chile y de que son ellas las que, en mayoría, se organizan y levantan las Juntas de Vecinos y organizaciones barriales autoconvocadas. Por otra parte también hoy de manera paulatina, se encuentra en cuestionamiento y en franca erradicación el (mal) utilizado concepto de “minoría”, para hacer referencia a grupos que escapan de la norma establecida por el orden heteropatriarcal.

En efecto, la crisis de representatividad también responde en gran parte a que históricamente las mujeres, las disidencias, han sido relegadas a segundo e incluso tercer plano en las discusiones políticas. Una política masculinizada y de la élite es una de las causas principales del descontento de la ciudadanía. No solo no nos escuchan, sino que tampoco nos toman en consideración. La política “del olimpo” se ha resquebrajado en nuestro país para dar paso a la política de los comunes. Desde aquí también se construye en torno a la importancia del feminismo en el Proceso Constituyente.

Es por esto que no basta solamente con que tengamos una Convención Constitucional Paritaria, sino que es fundamental que ésta tenga representantes feministas que incorporen una perspectiva de género de manera profunda. Que la Nueva Constitución se haga cargo de las desigualdades y violencias estructurales que se reproducen en y por el actual modelo. El feminismo toma un papel más allá de la formalidad de la paridad y trasciende a discusiones más de fondo; discusiones que dicen relación con la poca representatividad y participación de mujeres con perspectiva de género en la toma de decisiones.

Desde ahí debemos situarnos para la discusión de lo que se viene en torno a este Proceso Constituyente. Necesitamos más derechos con perspectiva de género, en especial derechos sexuales y reproductivos. Pero también necesitamos instituciones que incorporen en su diseño a las mujeres con todas y cada una de sus especificidades y que, a su vez, tales instituciones permitan la participación vinculante con organizaciones; nos referimos a la necesidad de relevar a mujeres que desde la sociedad civil cuentan con opinión y praxis respecto de los temas que se han de discutir. Uno de los puntos centrales de la legitimidad de la nueva constitución vendrá por el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de grupos históricamente discriminados y excluidos.

Las mujeres y disidencias nos hemos organizado por mucho tiempo pero nos han escuchado poco y nada. El actual Proceso Constituyente abre una oportunidad histórica para que podamos pasar a la primera fila, a la discusión política. Avanzar hacia un país más justo y equitativo requiere una nueva distribución del poder y que sean mujeres activistas, disidentes y feministas las que lo asumamos, en representación de las mayorías históricamente excluidas, invisibilizadas y mal tratadas. Porque de ahí somos, porque de ahí venimos; porque hacemos política desde la praxis y no desde la academia ni la casta.