Este 18 de marzo fue aprobada en España una ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido. La ley garantiza la ayuda necesaria para morir a aquellas personas que lo deseen, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos y procedimientos. Esta ayuda puede ser una inyección letal aplicada por un profesional sanitario, la llamada eutanasia, o la prescripción de fármacos que el propio paciente ingiere, es decir el suicidio asistido.

Estos procedimientos pueden realizarse en un hospital o en el lugar de residencia del paciente, y estarán cubiertos por el sistema sanitario público. Si la persona lo prefiere, también puede acudir a una clínica privada.

Además, el plazo para responder a una solicitud de eutanasia será sólo de un mes. Durante este periodo, la situación será evaluada por dos profesionales sanitarios diferentes y por una comisión de control para garantizar que la persona cumpla los requisitos y actúe por voluntad propia y libre de cualquier tipo de presión.

Enfermedad grave y objeción de conciencia

Para solicitar la eutanasia, la persona tendrá que tener la nacionalidad española, un visado de residencia o haber vivido en el país durante al menos un año. Es una forma de evitar el llamado “turismo de la eutanasia”: las personas que viven en países que no permiten esta práctica acaban viajando a lugares que sí la permiten.

Además, es indispensable que el paciente padezca limitaciones graves, crónicas e imposibles, o una enfermedad grave e incurable que le provoque un sufrimiento extremo imposible de aliviar en condiciones aceptables.

También es esencial que el paciente tenga 18 años o más, sea capaz de formular la solicitud y esté consciente en el momento de hacerlo. En el caso de los pacientes que no puedan expresar su voluntad, se podrán aceptar documentos previos en los que se exprese esta intención, siempre que estén legalmente reconocidos.

Como en el caso del aborto, la legislación prevé la posibilidad de que los médicos se nieguen a practicar la eutanasia. Pueden alegar la llamada objeción de conciencia por convicciones personales, ya sean éticas o religiosas. Sin embargo, esto no puede privar al paciente de su derecho a la muerte asistida, que debe garantizarse con la ayuda de otro profesional.

Un largo proceso

En los últimos años, España ya había hecho dos intentos de regular la eutanasia, en 2018 y 2019. A pesar de contar con un importante apoyo en el Congreso, esas iniciativas finalmente no salieron adelante debido a la agitación política que ha llevado al país a convocar repetidas elecciones generales en los últimos años.

Cuando una coalición de izquierdas consolidó finalmente al presidente Pedro Sánchez en el poder en enero de 2020, el proyecto volvió a presentarse. Desde entonces, las principales críticas han venido de los partidos más a la derecha del espectro político, el Partido Popular y Vox. Incluso intentaron sustituir el texto por una propuesta para extender los cuidados paliativos a los enfermos, pero la iniciativa fue rechazada.

Durante los debates, algunos legisladores de estos partidos acusaron al Gobierno de intentar reducir el gasto en salud y pensiones “deshaciéndose” de las personas con enfermedades crónicas. En los demás partidos, sin embargo, el proyecto recibió un apoyo constante desde el principio, en línea con las encuestas que indican que la mayoría de los españoles está a favor de la eutanasia.

Actualmente, la eutanasia está permitida en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y el estado australiano de Victoria. También se ha aprobado en Nueva Zelanda, donde entrará en vigor en noviembre. El suicidio asistido está permitido en Suiza y en algunas regiones de Estados Unidos.

Con Denise Menchen, corresponsal de RFI en Madrid.