La irregularidad migratoria ha sido un término popularizado en los últimos meses, principalmente por los acontecimientos ocurridos en la comuna de Colchane. Sin embargo, pese a que el tema está aún lejos de resolverse, algunas organizaciones hacen cálculos y dimensionan el impacto que podría tener esta crisis en un grupo mucho más acotado y vulnerable: los niños, niñas y adolescentes.

El tema no es desconocido para el Ejecutivo, e incluso, jugó un papel trascendental en el debate por la nueva Ley de Migraciones, incluyendo un artículo rechazado por el Tribunal Constitucional y que proponía la implementación de un plan de retorno asistido para menores de edad que ingresen al país de forma irregular.

Dicho artículo, tal como lo han aseverado diversas organizaciones, incluida la Defensoría de la Niñez, significaba un peligro porque creaba un sistema de expulsiones administrado por el Sename, dejando de lado el actuar de los tribunales de familia. No obstante, consultada por nuestro medio, la directora del Colectivo Sin Fronteras, Patricia Loredo, insistió en lo perjudicial del proyecto para la niñez migrante, recordando otros artículos aprobados que continúan vulnerando derechos fundamentales.

“Hay una restricción respecto de los años que se les pide a las personas, antes de incorporarles a algunas políticas de subsidios, que son directamente sostenidas por el Estado. Es un retroceso, porque actualmente el único requisito que hay para que las familias, incluyendo a los niños que son parte de estas familias, accedan al Registro Social de Hogares, es que las personas tengan algún tipo de visa, y ahora a eso se le ha puesto un piso más alto”, explicó.

En el artículo 16 del proyecto al que se refirió Loredo, se mencionan las limitaciones, tanto en materia de seguridad social y beneficios fiscales, a los que se verán expuestos algunas personas migrantes que no cumplan con el tiempo de permanencia estipulado. Esto mismo, en el caso de niños, niñas y adolescentes en situación irregular, resulta ser aún más complejo puesto que ni siquiera en temas tan básicos como la salud o la educación el Estado ha podido garantizar el cumplimiento total de sus derechos.

Así, por ejemplo, en el caso de la salud, Loredo explicó que si bien el acceso para este grupo está garantizado gracias al Decreto 67, que regula la inscripción de las personas extranjeras residiendo en Chile, en los últimos meses se ha podido conocer de casos en los que la norma no se ha cumplido a cabalidad.

“En el último tiempo se ha agudizado una restricción que ha impuesto Fonasa, un nuevo requisito que, la verdad, no está respaldado en ningún documento ni decreto, que es que las personas deban presentar un documento de PDI que acredite su situación migratoria. Es un requisito totalmente ilegal, porque no está respaldado en ninguna normativa y es un tema que en los últimos días queremos visibilizar, porque es un procedimiento que no se ajusta a la norma”, indicó.

Pese a que Loredo ha solicitado información al respecto a la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, sin obtener respuesta alguna, a partir de casos como éste es posible analizar el uso de los identificadores provisorios como mecanismo temporal para que niños, niñas y adolescentes en situación irregular puedan acceder a sus derechos. En el caso de la educación, por ejemplo, el llamado Identificador Provisorio Escolar (IPE) está cercano a cumplir 5 años desde que reemplazó al RUT 100 en el año 2016.

Sin embargo, aunque este cambio fue impulsado gracias a la presión de diversas organizaciones migrantes, el balance sobre sus beneficios no es del todo aprobatorio, según la directora social del Servicio Jesuita al Migrante, Valentina Latorre.

“Si bien tienen acceso a educación, no tienen acceso a instrumentos tan fundamentales como el Registro Social de Hogares o a los beneficios que otorga la Junaeb. Entonces, por un lado decimos en el discurso que los derechos de los niños y niñas son prioridad, pero en la práctica esto queda relegado al estatus migratorio. Tenemos este IPE, pero no estamos dando garantías de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación”, señaló Latorre en conversación con nuestro medio.

Según agregó la profesional, el IPE planteado por el Mineduc no es hoy una garantía para una regularización migratoria una vez que un niño, niña o adolescente termina la etapa escolar, y más bien lo deja relegado de becas y créditos para la continuidad de sus estudios. A este régimen, según cifras del Colectivo Sin Fronteras, han accedido 30 mil menores de edad solo en último año, los cuales muy probablemente quedaron fuera de los planes de contingencia implementados por el Gobierno para enfrentar la pandemia.

Por tal motivo, si bien podría ser un tema para discutir pausadamente en la Convención Constituyente, y para la cual las organizaciones ya preparan protocolos para garantizar los derechos de la población migrante, son conscientes de que una solución más efectiva sería plantear un proceso de regularización migratoria inmediata para niños, niñas y adolescente en situación irregular.

Con un equipo conformado por el Colectivo Sin Fronteras y la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, se ha tomado el registro ya de 400 menores de edad que se encuentran en dicha condición, cifras con las que se pretende trabajar para promover mecanismos de regularización, así como también orientar y favorecer la inclusión en el ámbito educacional y de salud.