Nuevas irregularidades relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales se identificaron en el “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile”, trabajo desarrollado por la académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI), Chiara Sáez, y el director del Observatorio del Derecho a la Comunicación de esta misma unidad académica, Javier García. La publicación, disponible para todo público, que esta vez se centró en la censura artística, el pluralismo mediático y las presiones a los medios de comunicación sobre su labor de informar, evidenció serias transgresiones a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación e información.
Este tercer informe clasificó cuatro categorías de irregularidades relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales identificadas en el transcurso de la revuelta social y la pandemia. En la mayoría de estos casos, se ven involucrados agentes del Estado.
Restricciones a las expresiones artísticas
A raíz de la revuelta social, numerosos casos de censura y violaciones del derecho a la libertad de expresión han sido expuestos en las redes sociales y medios de comunicación. Según la información recabada por el informe, las expresiones artísticas con motivo de protesta, han sufrido de igual forma el atropello por parte de organismos del Estado. Entre los casos más emblemáticos, destaca la querella por “ultraje público a un emblema patrio” interpuesta contra Marcela Inostroza, alias “La Maga”, por la Intendencia de la Región Metropolitana. La artista fue acusada bajo la Ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, aprobada en dictadura y reformada el 2010, por realizar una performance que consistía en barrer y limpiar la puerta y la calle junto al Centro Arte Alameda utilizando la bandera chilena como trapero.
Otro de los casos simbólicos fue el hostigamiento contra el colectivo LasTesis, quienes recibieron una denuncia por parte de Carabineros de Chile por “atentado contra la autoridad” y “amenazas hacia la institución” por un video grabado afuera de una comisaría en Valparaíso. Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado manifestando su preocupación ante la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
El 20 de mayo, en tanto, el estudio lumínico Delight Lab realizó un comunicado de prensa donde anunciaba acciones judiciales por acoso, censura, amenazas y vulneración de derechos. Entre otras cosas, denunciaban el hackeo a su cuenta de Instagram, amenazas a través de redes sociales, difusión de datos privados de trabajadores del estudio y declaraciones que incitan al odio y al amedrentamiento por parte del diputado RN, Diego Schalper. Junto a esto, diversos actos lumínicos realizados por Delight Lab han sido saboteados por Carabineros de Chile bajo el amparo de las autoridades. El día 24 de septiembre el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, apoyó la conducta de Carabineros ante el cuestionamiento por la eventual violación al derecho a la libertad de expresión, luego de que la policía censurara una intervención artística realizada en colaboración con Galería CIMA. El mismo día de las declaraciones del alcalde, Carabineros acudió a las dependencias de Galería CIMA para conseguir una lista con datos de todos los trabajadores de la productora.
Respecto a la tipificación de los artistas censurados que formaron parte de las manifestaciones, el director de la fundación Datos Protegidos, Danny Rayman, indicó que “la razón (de las acciones de censura) se justifica, o no, porque nos encontramos con personas que no solamente son artistas, se pueden catalogar como “artivistas”, ya que el contenido de estas manifestaciones artísticas está relacionado con el activismo que hay detrás. La protección que debieran tener ellos no es solo como personas, sino también como artistas, activistas y, por lo tanto, de una u otra forma, como defensores de derechos humanos. El Estado debiera tener una proactividad para que las situaciones que han vivido, no puedan pasar en democracia.”
Además de las acciones de hostigamiento policial y judicial contra los colectivos artísticos que han participado activamente de la protesta social, los registros del “Informe 2020. Libertad de Expresión en Chile” demuestran la sistemática acción estatal contra grafitis y obras artísticas desplegadas en fachadas de edificios públicos y privados, las que han sido eliminadas con pintura sin la autorización de los responsables de estos centros. Asimismo, muchas esculturas desplegadas en lugares públicos y privados han sido robadas y, en muchos casos, aún no se devuelven a sus autores.
Falta de pluralismo mediático en cobertura televisiva
En Chile no es novedad el problema de la concentración de los medios de comunicación en los grupos económicos más poderosos del país. Sin embargo, tal como evidencian los datos recabados por el informe, los principales medios han faltado al “principio de pluralidad” respecto a la aparición de figuras políticas en la televisión abierta y al alcance de los temas tratados.
El 24 de marzo de 2020, Contraloría señaló que la participación de alcaldes en medios de comunicación debería limitarse a la entrega de información necesaria para el cumplimiento de las funciones municipales. Al respecto, la empresa de estudios de opinión, Conecta Media, presentó los resultados de un estudio que evidenció una permanente y mayoritaria aparición de alcaldes de Chile Vamos, sobre todo en el género “matinales”, siendo los alcaldes Joaquín Lavín, Rodolfo Carter y Evelyn Matthei los ediles que más minutos son exhibidos en televisión abierta.
En este sentido, la académica de la Universidad de Santiago, Elizabeth Berger, contrastó el problema de la falta de pluralidad de medios con la crítica situación de concentración de medios en nuestro país. “Lo más conveniente es propender al pluralismo y diversidad de medios, y en Chile chocamos con el problema de la altísima concentración de medios, que a su vez afecta a toda la región. Esto de que el mundo digital venía a salvarnos no fue tan así, la concentración aumentó en los operadores en el mundo de las telecomunicaciones. Lo preocupante de la concentración de medios en términos de pluralismo es la tendencia a la homogeneidad informativa y la precarización de los trabajadores del sector”.
Chiara Sáez
La académica del ICEI y una de las autoras de este informe, Chiara Sáez, señalo que el problema de la concentración de medios es un tema que debe ser abordado en el proceso constituyente. “El problema no radica solo en la concentración de la propiedad, sino que también hay una concentración ideológica y de inversión publicitaria. Me parece que hay que entender que esta triple concentración es la que nos tiene en esta situación. Si estamos hablando de un sistema privado de medios, donde -en teoría- el mejor programa debiera tener la mejor inversión publicitaria, eso no pasa debido a la concentración ideológica, los empresarios están dispuestos a poner dinero solo en determinados tipos de programas, y estos no necesariamente son los que hacen periodismo de investigación. Entonces, ¿qué tipo de Estado necesitamos definir para que aborde esta problemática de una manera democrática? Esa pregunta debe quedar abierta para el debate constituyente”, sentenció.
Estos y otros atropellos a derechos fundamentales fueron expuestos en profundidad en el tercer capítulo del ciclo de conversatorios “Libertad de Expresión en Chile. Informe 2020” que se encuentra en todas las redes sociales del ICEI. El próximo jueves 25 de marzo, a las 18:00 horas, se realizará la presentación final de estos cuatro informes. En dicha jornada, se tocará el tema de la censura algorítmica, acoso selectivo y discursos de odio en internet.
