La ley no entrará en vigencia hasta que sea publicada en el Diario Oficial; sin embargo, el ambiente para las organizaciones migrantes y promigrantes en el norte del país está lleno de tensión e incertidumbre.

A partir del lunes, a solo horas de haberse promulgado la nueva Ley de Migraciones, un grupo de personas de nacionalidad venezolana, que residían en un improvisado albergue de la Plaza Brasil, en la ciudad de Antofagasta, se convirtieron, sin saberlo, en un botón de muestra de lo que viene siendo, según el Ejecutivo, el “reordenamiento de la casa”.

Según manifestaron a nuestro medio organizaciones de la zona, funcionarios de la Policía de Investigaciones les habrían hecho firmar sus propias sentencias de salida del país, asegurándoles que a partir de esto podrían acceder a servicios de salud y a una futura regularización de su estatus migratorio.

Así lo manifestó en conversación con nuestro medio la vocera de la Asamblea de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), Lorena Zambrano, quien además aseguró que la puesta en marcha de este tipo de acciones tiene estrecha relación con el anuncio realizado el fin de semana por el Presidente Sebastián Piñera, respecto del endurecimiento de las medidas de control en las fronteras.

“Llegó la PDI a la Plaza Brasil a decir que se realizaría el proceso de orden de expulsión y que firmaran la hoja de recibido. Sin embargo, las personas asisten engañadas, porque al principio, cuando empezaron a entrar, les hacían firmar esta autodenuncia supuestamente para tener derecho a la salud, pero nunca se les dijo que iban a ir expulsados. Incluso a muchos se les dijo que con este proceso tenían la posibilidad de regularizarse, cosa que vemos que no fue así”, explicó la dirigenta.

En total, según información de AMPRO, son diez las personas que firmaron este documento en el transcurso de estos días. No obstante, la Plaza Brasil podría convertirse prácticamente en el centro de las expulsiones debido a que el albergue instalado allí es habitado por al menos 150 personas que llegaron a Chile por pasos no habilitados y que no tienen posibilidades de acudir a otro espacio.

Por tal motivo, asegura Zambrano, desde las organizaciones que trabajan con población migrante en el norte, se esperaba mayor empatía de parte del Ejecutivo, así como instancias de diálogo, entendiendo que si bien se trata de una crisis que no es nueva, en el norte se contaba con información de sobra para poder abordarla desde el respeto a los derechos humanos.

“Cuando el Presidente dijo que hay que ordenar la casa, se olvidó que para eso también existía la posibilidad de ordenarla en conjunto. Esto debió haberse hecho con la participación de las organizaciones, se debió volver a discutir. No se puede contratar un avión de no sé cuántos millones de pesos para expulsar, con esa plata tranquilamente se podía organizar, crear apoyo psicosocial donde trabajen organizaciones migrantes y buscar una solución razonable y humanitaria”, comentó.

Finalmente, la dirigenta hizo un llamado a las autoridades gestoras de este tipo de medidas, a considerar que dentro de la población afectada en la plaza se encuentran niños, niñas y adolescentes, además de adultos mayores que necesitan de atención médica urgente. Asimismo, recordó que de continuar con los planes de expulsión se deberá aclarar qué pasará con las madres y padres de niños nacidos en territorio chileno. “¿Se va a romper el proceso de reagrupación familiar y se irán los padres, como pasó en anteriores expulsiones?”, cuestionó.