Este miércoles, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió acoger a tramitación una querella criminal presentada en contra del presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud, Enrique Paris, dando así inicio a un proceso penal en contra de las autoridades por presuntos delitos de negación de protección y cuasidelito de homicidio.
Esto, acusan los querellantes, por un supuesto manejo sanitario “negligente” respecto de la segunda ola de contagios por Covid-19 que aqueja a nuestro país, atribuyendo el alza en los casos activos y en el número de fallecidos a una serie de decisiones que tomó la autoridad sanitaria. Entre éstas, relata la querella, la presión para el reinicio de las clases presenciales; la reapertura de cines, gimnasios, misas y casinos; además de la negativa, pese a la insistencia del Colegio Médico y la petición formal de la Cámara de Diputados, a cerrar el aeropuerto internacional de Santiago. Todo esto, dicen los recurrentes, “mientras la pandemia recrudecía”.
La acción judicial fue presentada por el abogado y candidato a constituyente por el Distrito 13, Luis Mariano Rendón, quien explicó a nuestro medio que la querella apunta a establecer responsabilidades por lo que calificó como “una política diabólicamente coherente” en el manejo sanitario de la segunda ola de contagios por Covid-19 y que terminó agudizando la situación.
“Esto surge a partir de la constatación de que las políticas sanitarias del Gobierno han sido diabólicamente coherentes. Por un lado, han asfixiado económicamente a la ciudadanía y, por el otro lado, han des-confinado a la población y reabierto actividades económicas en medio del alza de los contagios. Esto ha atentado en contra de la vida y la salud de la población de forma directa”, sostuvo el abogado.
“El resultado ha sido forzar a las familias a salir a la calle, a riesgo de su vida y salud. Eso ha significado que más personas se hayan enfermado y que más personas hayan muerto. Eso debe ser juzgado y sancionado”, agregó Rendón.
Si bien la querella fue presentada por Rendón, el abogado lo hizo en representación de dos querellantes de la comuna de La Cisterna. Una de ellas es la arquitecta y candidata a alcaldesa por Convergencia Social, Lorena Meneses, quien señaló a Radio Universidad de Chile que la acción surgió a raíz de las preocupantes cifras que dan cuenta de cómo el factor socioeconómico ha influido en la mortalidad del virus y éste ha terminado afectando más a los territorios de mayor vulnerabilidad.
“Nos damos cuenta que ha habido negligencia, eso es lo que nosotros pensamos y por eso presentamos esta querella, negligencia en las medidas que tomó el Presidente Piñera y que concretó el Gobierno. La tragedia de la pandemia no nos ha golpeado a todos por igual. La tasa de letalidad de las comunas del sector sur es muy superior a la de Vitacura, donde vive el Presidente. Con esas diferencias, es fácil no ver el sufrimiento de las familias y jugar al poker con la vida de las personas “, sostuvo Meneses. “Esta pandemia se ha transformado en un daño con sesgo de clase finalmente”, agregó la candidata a alcaldesa de La Cisterna.
Además de Meneses, la querella fue presentada en representación del dirigente territorial y candidato a concejal por La Cisterna, Juan Ignacio Naudon. En conversación con nuestro medio, Naudon afirmó que el objetivo de esta acción judicial tiene que ver, más que con llegar a una formalización, con dar una señal de rechazo a la que calificó como “una justicia de clases”, en la que no todos parecieran ser iguales ante la ley.
“Ha sido tan absurdo e inexplicable reabrir actividades suntuarias y prescindibles mientras arreciaban los contagios, que queda la impresión que estamos además ante la influencia de ciertos negocios específicos, los mismos por los que el Presidente parece tener una especial inclinación, como los casinos”, indicó el candidato a concejal.
“Es para que se haga justicia y que no exista esto que ya es tan patente, que en definitiva estamos enfrentados a una justicia de clase. Aunque digan que todos somos iguales ante la ley, no es así. La justicia es la que tiene que demostrar si efectivamente estamos en un genuino Estado de Derecho o en realidad estamos en una suerte de monarquía, diría yo, con una nobleza que mantiene sus privilegios en todo orden”, concluyó Naudon.