A pesar de las críticas desde diversos sectores, el Gobierno pretende insistir en el apoyo de las Fuerzas Armadas en materia logística a las policías en la Macro Zona Sur de nuestro país. Para ello el Ejecutivo estaría por ingresar un decreto a la Contraloría General para habilitar estas nuevas funciones de control interno.

El decreto en cuestión es el N°265 que busca dotar a las FF.AA. de  facultades (logística, transporte y tecnología) para apoyar a las policías en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y los ataques de índole terrorista. La medida tendría su justificación en la buena evaluación de los patrullajes mixtos en la zona, por parte del ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Sin embargo, surgieron inmediatas críticas a la idea gubernamental. El diputado y miembro de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jaime Tohá (PS), señaló que el Gobierno no debe involucrar al Ejercito en situaciones de carácter civil, lamentando que se confundan los roles de las instituciones: “Seguir insistiendo en que las Fuerzas Armadas se involucren en temas de orden público dentro del país, es una demostración que este Gobierno no comprende cuál es el rol de las FF.AA., la cual tenemos que cuidar porque es una institución que pertenece a todos los chilenos”.

En esa misma línea, el también miembro de la Comisión de Defensa, Jorge Brito,  comentó que el Ejecutivo busca imponer su agenda a través de la fuerza , luego de que fuera rechazada la ley de infraestructura critica, además, adelantó que presentarán un oficio a la Contraloría para que el Ministerio de Defensa entregue las explicaciones del caso.

“Estaremos encima de los alcances que pueda hacer la Contraloría a este nuevo eventual decreto, pero por sobre todo, estaremos exigiendo respuestas en la interpelación al ministro de Defensa. No puede ser que luego de 30 años que las Fuerzas Armadas estuvieron encargadas de la defensa del país, retrocedamos tanto y las traigamos a la agenda política y social”, añadió el diputado RD.

Diputado Jorge Brito (RD)

El parlamentario, aprovechó de agregar las malas experiencias internacionales que han ocurrido cuando el Ejercito se involucra en este tipo de causas, sostenido que los resultados no son positivos y que sólo aumentan la violencia : “Los países que han emprendido este camino, hoy gozan de menores confianzas en sus instituciones, mayores casos de corrupción y por sobre todo, más violencia en los territorios donde se buscaba erradicarla”, concluyó.

Desde la zona, la diputada por la Araucanía, Andrea Parra (PPD), señaló que esta situación  vuelve a  demostrar la poca capacidad del Gobierno para resolver el problema en el territorio y que hará todo lo posible para que la iniciativa no se concrete.

¿A quién se le puede ocurrir que una buena idea para solucionar un conflicto territorial del Estado con su mayor pueblo originario es disminuir el presupuesto de compra de tierras y aumentar el de tanques y metralletas? Sí, al peor gobierno de la historia se le puede ocurrir. pic.twitter.com/Lch7978M4Z

— Andrea Parra S. (@andreaparras) May 10, 2021

“Definitivamente no entienden nada de como resolver los conflictos políticos, y tienen una obsesión por agudizarlos. Agotaremos todas las instancias posibles para impedir esta medida“, subrayó.

Desde el oficialismo, la secretaria general de Evopoli, Luz Poblete, en conversación con nuestro medio, señaló que la situación que se vive en la Araucanía es muy grave y que el apoyo en la logística a los policías sería importante.

“Esto no es un problema de orden público,  es un problema de terrorismo derechamente (…) las Fuerzas Armadas son del Estado y tienen la misión de hacer frente en una situación de violencia como la que se vive en la Macrozona Sur y que puedan cooperar en cosas como el patrullaje, no esta mal” concluyó.

Cabe recordar que el decreto 265 fue puesto en ejecución durante agosto de 2019 donde se autorizó la cooperación del Ejercito a las policías en el control del narcotráfico en los limites fronterizos terrestres del país. Sin embargo, luego de acusaciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición, la Contraloría debió intervenir y limitar el apoyo sólo a nivel logístico, descartando participación en los operativos.