Ya llevan un mes las protestas en Colombia y la situación sigue siendo sumamente delicada. A diario se registran manifestaciones en diversas ciudades del país cafetalero y el enfrentamiento con las fuerzas de orden y seguridad se ha convertido casi en una rutina.
Y es que la situación de los derechos humanos en la nación sudamericana es particularmente sensible. Son cientos los videos que circulan en las redes donde se ve a policías y militares abusando de su fuerza, hiriendo a manifestantes y utilizando armamento para dispersar concentraciones.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), basada en los datos que el propio Estado colombiano le otorgara, se han registrado en el país al menos 9.623 protestas en 794 municipios del territorio colombiano, con la participación aproximada de 1.493.791 personas.
“En al menos 1,038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza”, señaló la instancia continental.
Además, la CIDH alertó sobre las “extremadamente graves denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente”.
Ante esto, la CIDH pidió entrar a la nación cafetalera para trabajar in situ en el territorio en conflicto, sin embargo, el gobierno colombiano le denegó la entrada. Para profundizar en el tema, nuestro medio dialogó con Ruth Quevedo, economista colombiana y directora académica de la Escuela Nacional Sindical, quien sostuvo que la negativa del Ejecutivo a la CIDH demuestra que Iván Duque “algo esconde, algo está ocultando al mundo”
Según narra Quevedo, las cifras de la CIDH se quedan pequeñas, ya que son más las personas que se encuentran desaparecidas, y que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) está totalmente descontrolado.
“Ha habido casos de agresión sexual por parte de la fuerza pública en contra de las mujeres, la situación de los desaparecidos no es clara, no se tiene una cifra certificada y oficial, pero ya se está hablando de que han aparecido algunas personas y se sabe de más o menos unas 170 personas que aun están desaparecidas, hay 33 personas civiles con lesiones o traumas oculares producto del uso de instrumentos no aprobados dentro del protocolo de la fuerza pública, que está disparando directamente al cuerpo de los manifestantes, entre otras graves situaciones de violaciones a los derechos humanos”.
“Quien primero abre fuego y quien provoca en el marco de la protesta pacífica es la fuerza pública mediante tirar piedras, tirar gases, tirar las motos en contra de las personas, inclusive, han cometido actos vandálicos que ya se han evidenciado como la quema sus propias motos y la entrega de armas a personas vestidas de civil, que serían infiltrados, para generar un escenario caótico”, agregó la también maestrante en Ordenamiento Urbano Regional.
Ruth Quevedo
Para Quevedo, todo esto pone de manifiesto que se ha perdido la responsabilidad política ante estos hechos, los cuales, además, quedan impunes debido a que “lamentablemente, las investigaciones se demoran exageradamente y eso hace que se genere un clima aun mayor de ilegitimidad hacia la fuerza pública”.
Sobre el comportamiento de los distintos actores políticos en el país, la Directora Académica de la Escuela Nacional Sindical asegura que hay sectores progresistas, cercanos a la izquierda y centro izquierda, que han condenado los hechos y han exigido al Gobierno que cese la violencia, sin embargo, hay otro sector que incluso niega las violaciones a los derechos humanos en el país.
“Un sector de la clase política que, principalmente, es representado por el Centro Democrático de Álvaro Uribe, insiste en plantear que las desapariciones y que los abusos en contra de los manifestantes corresponden a una pugna entre iguales donde la policía y los manifestantes estarían en igualdad de condiciones y casi que plantean que las víctimas son los policías y las fuerzas militares, perdiendo de vista que lo que hay de fondo es una violación del derecho a la protesta por parte de quienes, inclusive, deberían garantizar ese derecho”.
Según Ruth Quevedo, misma línea sigue el gobierno de Iván Duque, quien no ha querido pedir la renuncia del cuestionado ministro de Defensa, de los altos mandos militares ni policiales y sigue insistiendo en que los violentistas son los protestantes.
“El Gobierno Nacional no ha dado una señal de retiro de los altos mandos militares ni de la policía, ni del ministro de Defensa Diego Molano sino que, por el contrario, sigue defendiendo y planteando que aquí no hay ninguna violación de los derechos humanos cuando toda la evidencia demuestra lo contrario”.
Por ahora no se vislumbra una solución rápida el estallido social colombiano, las organizaciones sindicales y sociales siguen con su postura de no ceder respecto del paro nacional que ya cumplirá un mes, mientras que el Gobierno no muestra una intención de negociar. Ambos bandos están jugando al desgaste, según señalan gran parte de los analistas locales que no se arriesgan a apostar por un desenlace.
