La parlamentaria indicó que la iniciativa es un paso, pero lo que reclaman los organismos internacionales es una reparación integral y sólo puede ser iniciativa del Ejecutivo, es decir del Presidente de la República.

“Lo que estamos haciendo nosotros es facilitar un acceso a la reparación pecuniaria a través de la demanda civil, un procedimiento expedito y fácil para las víctimas, porque generalmente estas demandas y estas denuncias demoran seis a ocho años. Nosotros creemos que la reparación tiene que ser ya, porque cada día que pasa, se agudiza más el daño físico y psicológico no sólo de una persona, sino de una familia completa, son redes que se ven dañadas, son familias que se ven dañadas producto de no tener estos apoyos necesarios”, afirmó Vallejo.

La legisladora recordó que durante el estallido social se violaron los derechos humanos “de miles de compatriotas y así está constatado en distintos informes tanto nacionales como internacionales, el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 19 de marzo del 2020 contabiliza un total de 3 mil 838 personas heridas por parte de agentes policiales y 460 lesiones oculares. Estas personas no han tenido realmente una reparación, menos una reparación integral, no han tenido tampoco acceso a la justicia”, precisó.

Vallejo subrayó que de más de 2 mil 900 casos que han sido denunciados en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de violencia estatal, sólo una persona logro tener acceso a la justicia con una condena hacia el agresor.

“Estamos hablando de personas que fueron violentadas sexualmente, psicológicamente, que sufrieron lesiones, que sufrieron mutilaciones y además estamos hablando de personas que murieron producto de esta violencia y sus familiares no tienen ninguna respuesta por parte del Estado, de ahí la urgencia”, concluyó.

En tanto, la diputada Marisela Santibáñez destacó el caso de Fabiola Campillai, indicando que se trata de “una mujer que salió de su casa a tomar micro y que nunca más pudo ver a sus tres hijos, quienes hoy día claman, piden, ruegan justicia”.

“A Fabiola le arrebataron tres de sus cinco sentidos sin estar reclamando nada en la calle, simplemente queriendo llegar a su trabajo. Que sea el nombre de Fabiola Campillai una sanbernardina, madre de tres hijos, la que nos lleve a tomar conciencia de lo necesario y de lo importante que es votar a favor de esta ley”, agregó Santibáñez.

“Es por Fabiola y por Gustavo Gatica que estamos hoy día exigiéndoles a los diputados que no están convencidos de que en Chile tiene que haber sólo un tipo de justicia, no pueden haber dos tipos de justicia, una que persigue, una que encierra y otra que no lo hace, la otra que permite que funcionarios como Patricio Maturana  siga ejerciendo sus labores con ciertas medidas cautelares”, puntualizó.

Por su parte, el diputado Miguel Crispi (RD) indicó que “”este es un proyecto de ley trascendental en relación a lo que fue el estallido social y la violencia policial. Hoy día hay más de 2 mil 900 querellas por parte del INDH por violaciones a DDHH. Leímos esos informes respecto a personas privadas de libertad, en contexto de protesta, que eran desnudadas haciendo sentadillas en calabozos. Muchos de nosotros estuvimos en esos calabozos. En materia de DDHH, el Estado es responsable de generar verdad, justicia, reparación y no repetición, pero no hay nada de eso. Este proyecto apunta a tener una pequeña reparación”, sostuvo el parlamentario.

Cabe señalar que en la redacción de este proyecto participaron distintas organizaciones de DD.HH. y de familiares de víctimas de la represión, quienes llevan largos meses exigiendo justicia y reparación.

Durante el debate, la bancada PC solicitó a la Mesa de la Cámara declarar inadmisibles las indicaciones presentadas por el oficialismo.

La iniciativa es de autoría de la diputada Camila Vallejo y cuenta con la firma de los y las parlamentarias Natalia Castillo, Carmen Hertz , Pamela Jiles  Carolina Marzán, Emilia Nuyado, Marisela Santibáñez, Gabriel Boric, Tucapel Jiménez y Matías Walker.