En medio de la discusión en el Senado por salario mínimo, la que ha sido retomada este martes por las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo, el senador independiente Carlos Bianchi anunció que presentará un proyecto de ley que prohíba a las empresas consultar la pretensión de renta de un trabajador.

“Eso hace que la persona con tal de obtener el trabajo diga el mínimo, lo que produce un primer abuso respecto del salario mínimo”, señaló el legislador.

“La real discusión en la que debemos concentrarnos aquí en el Senado es ¿Cuánto es el egreso mínimo? Lo que gasta una familia. Ya que ese gasto es infinitamente mayor a lo que podría recibir como salario mínimo.  Luego también tenemos pensiones mínimas que también son el resultado de haber tenido años de un salario mínimo”, agregó el parlamentario.

Asimismo, el senador ha propuesto que el Estado otorgue un incentivo para que los pequeños empleadores, las mypymes puedan efectivamente pagar el mínimo y el Estado la diferencia, para de ese modo garantizar sueldos sobre los 500 mil pesos.

Respecto de prohibir la consulta por la pretensión de renta, la investigadora de Fundación Sol, Francisca Barriga, señaló que es necesario conocer la iniciativa en detalle para evaluar sus posibles beneficios. Sin embargo, aclaró que el problema del salario mínimo tiene problemas mucho más de fondo.

“Desde Fundación Sol entendemos que el salario mínimo en Chile responde a un atraso salarial, y un atraso salarial tanto por criterios de suficiencia, incluso de sobrevivencia, como también un atraso según el tamaño de la economía. Entonces una de las razones por las que podría explicarse este atraso salarial tiene que ver, por ejemplo, con las propias condiciones del mercado laboral en tanto a las negociaciones colectivas, instancias donde se define el valor del trabajo, la sindicalización sabemos que de alguna manera se pulverizó con la instalación del Código Laboral, entre otros factores”.

“El poder hablar de ese tipo de políticas por una parte nos haría más sentido para hablar de la discusión de fondo sobre el valor del trabajo y sobre las formas en que ese valor se define, entendiéndolo desde relaciones de poder dentro del propio mercado laboral”, agregó.

Además, la economista abordó el debate que se ha generado en el Congreso sobre salario mínimo, que ingresó a inicios de mayo y sin embargo ha tenido una serie de retrasos.

Sobre este punto expresó que como es la costumbre se está quitando el foco de la discusión estructural, incluso generando debates confusos desde el Gobierno en el marco de las diferencias entre salario e ingreso mínimo.

“Es importante separar estos conceptos porque desde sectores del oficialismo se ha tratado de impulsar políticas como los subsidios al empleo, que de alguna manera  permiten que el mercado laboral no se haga cargo de valorizar el trabajo como es debido y se vive del subsidio estatal. Por lo tanto desde los sectores del oficialismo se ha tratado de llevar la discusión hacia ese plano, en el que al fusionar los conceptos de ingreso y salario como si fueran lo mismo caemos en el riesgo de que los hogares no pueden salir de la pobreza con ingresos autónomos de, por ejemplo, el propio mercado”, explicó.

Junto a ello comentó que el llevar adelante “una negociación anual del Ejecutivo con la población del país lo único que hace es invisibilizar el atraso salarial y el bajo nivel en el que se encuentra respecto a la productividad propia del trabajo”.

Desde Fundación Sol han levantado una propuesta de reajuste progresivo de salario mínimo que permitiría llegar a los 625.000 pesos en los próximos dos años para superar la línea de la pobreza.

Dicha idea ha sido socializada desde la organización con actores del mundo del trabajo y también hacia integrantes del Poder Legislativo, desde donde si bien se ha generado buena recepción no se ha tomado la idea para llevarla a la práctica.