La noche del miércoles, el Servicio Jesuita a Migrantes alertó de una nueva expulsión masiva de personas extranjeras por parte del Gobierno. El vuelo sería el quinto de los quince contratados a la aerolínea Sky por una suma de mil quinientos millones de pesos para sacar de Chile al menos a 2 mil setecientos extranjeros.

Las sucesivas deportaciones colectivas han generado el repudio y rechazo de las comunidades de migrantes y de los organismos extranjeros de Derechos Humanos que han instado al Gobierno a detener estos vuelos. También a nivel interno de los poderes del Estado hay inquietud por estos procedimientos conducidos administrativamente. El viernes recién pasado el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, indicó que se trata de  “medidas prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en general y por la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en particular”.

Ante la inminente ocurrencia de un nuevo vuelo que conducirá a inmigrantes fuera del territorio nacional, nuestro medio conversó con Eduardo Cardoza, dirigente del Movimiento de Acción Migrante quien repudió este nuevo episodio de vulneración de los derechos de los extranjeros.

“Acá lo que ocurre es que el Gobierno no escucha al mundo y ni siquiera al Poder Judicial, es una especie de sordera ideológica que niega en los hechos el enfoque de derechos humanos en estos temas. Tanto desde la justicia como de los organismos internacionales han sido sumamente claros respecto de lo incorrecto de estas expulsiones y el Gobierno insiste en profundizar su incumplimiento del marco internacional de los Derechos Humanos.

A la derecha, Eduardo Cardoza.

De acuerdo con la información recabada por el Servicio Jesuita a Migrantes, se trata de 60 personas las que dejarían el país, esta vez desde el aeropuerto internacional de Santiago, a bordo de un  vuelo de Sky. De ellas, 45 se expulsan por orden judicial, 14 fundadas en procedimientos administrativos y una por ingreso al país por lugar no habilitado.

“Las 14 expulsiones por vía administrativa configuran expulsiones masivas que han sido condenadas por organismos internacionales y eso nos preocupa porque a esto le siguen una serie de dificultades. Ayer a las 6 de la mañana se detuvo a una mujer que era sostén de hogar, con una hija embarazada y por quien se presentó un recurso de amparo ante la Corte, pero aún no sabemos la resolución de eso”.

Por otra parte, en la jornada del miércoles el SJM de Arica denunció que luego que la Corte de Santiago concediera los recursos de amparo presentados en favor de diez personas que se encontraban en custodia de la Policía de Investigaciones tras haber sido detenidas en Arica y estaban siendo conducidas a Santiago para ser expulsadas, fueron abandonadas en la carretera en las cercanías de Chañaral, Región de Atacama.

“Eso muestra esta voluntad incontrolable de castigo, de tomar un fenómeno como es el de la migración y pretender resolverlo vía expulsiones, vía represión o sembrando el miedo en las comunidades en el marco de un estado de excepción que transgrede cualquier norma. Pareciese que el estado de excepción permite la violación de los Derechos Humanos, porque se persiste en un enfoque negativo y se toman las expulsiones como un instrumento de política migratoria, lo que nunca puede pasar. Se criminaliza a las personas porque la expulsión debiera ser un caso excepcional, mientras este Gobierno la trata como una habitualidad al punto de contratar aviones sin saber a quiénes va a expulsar haciendo de eso un buen negocio para la empresa privada”, señaló Cardoza.

“Estos casos en que se separan familias es, desde el sentido común hasta la legislación internacional al respecto, algo inconcebible e intolerable y demuestran que las expulsiones son colectivas porque no se estudia caso a caso. Si ese caso se hubiera estudiado y hubiera criterio por parte de quienes las ejecutan, eso habría sido imposible de realizar pues no se puede separar a una familia, a padres de sus hijos. Eso no es aceptable en ningún lado, pero sigue pasando en Chile y es lamentable porque no tiene nada de solución como política migratoria y mucho de violación grave a los derechos humanos de esas personas. Se insiste en el incumplimiento de los compromisos internacionales y eso es grave. Estamos en una situación en que la ceguera ideológica de no querer respetar los DD.HH. porque molestan a la ejecución del poder que se quiere utilizar mediáticamente en medio de una situación de descrédito como la que tiene el Gobierno es sumamente grave. Estas expulsiones administrativas también son forma de represión y de racismo institucional”, concluyó el activista por los derechos humanos.