Por 55 votos a favor, solo uno en contra y seis abstenciones, el Senado argentino adoptó de forma definitiva la ley de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados.

La norma dispone que el Estado nacional, en sus tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y todas sus dependencias, así como las empresas públicas, deberán reservar en sus contrataciones al menos 1% de su dotación a las personas comprendidas en dicho colectivo sobre la única base de su género autopercibido.

Obligatoria para el sector público, la ley es incitativa para el privado: aquellos empresarios que decidan respetar el cupo verán los aportes sociales de sus empleados trans, travestis y transgénero ser considerados como adelantos de impuestos.

Para las asociaciones representativas del colectivo, se trata de un gran avance para una población tradicionalmente discriminada y cuya salida laboral se reduce habitualmente a la prostitución.

La Argentina ha instituido el matrimonio entre personas de mismo sexo en 2010 y, dos años después, sancionó una ley de identidad de género considerada la más liberal del mundo.