Por primera vez, la discusión sobre el marco regulatorio para el funcionamiento de los medios de comunicación ha entrado de manera protagónica a la discusión presidencial. La propuesta del candidato Daniel Jadue de avanzar en esta materia y de crear un Consejo Ciudadano para velar por el adecuado funcionamiento de los medios ha generado posiciones a favor y en contra.

Durante esta semana, los principales medios privados de país expresaron su rechazo a la propuesta a través de editoriales y de declaraciones públicas, mientras el gremio de los canales, Anatel, afirmó que la experiencia “demuestra que quienes temen al escrutinio público buscan formas para coartar la libertad de expresión, intervenir la línea editorial y programación de los medios y afectar el pluralismo”.

         Durante esta mañana, el periodista y columnista Daniel Matamala se preguntó en su espacio semanal en La Tercera “¿Quién de ellos es dueño de la verdad “objetiva”? ¿Es objetivo Jadue? ¿Es objetivo Sutil? ¿Es objetivo El Siglo? ¿Es objetivo El Líbero? No. Son dirigentes y medios al servicio de determinadas ideas políticas, y en una sociedad democrática tienen derecho a expresarlas. ¿Quién debe definir qué medio cumple con esos estándares de “objetividad”? ¿El comité ejecutivo de la CPC? ¿Un ente burocrático dominado por un sector político? ¿Ciudadanos elegidos por la mayoría para acallar las voces de la minoría? La respuesta en una democracia es: ninguna de las anteriores”.

Una de las preguntas que surgen es si el actual orden mediático cautela el pluralismo. Al respecto el Observatorio de Medios Fucatel es categórico. En una declaración pública señaló que “es falso que en Chile exista una oferta de medios con una diversidad de miradas. Importantes organizaciones y tribunales internacionales han manifestado que Chile -excluyendo los regímenes dictatoriales-, es uno de los raros casos de países donde la casi totalidad de los medios de alcance mayor o masivos pertenecen a un sector de opinión ligado a la derecha política y a la oligarquía económica”.

         Desde hace algunos años, el Colegio de Periodistas ha definido como una de sus líneas de acción la consagración del Derecho a la Comunicación en la Carta Fundamental, para lo cual se haría necesaria una Ley de Medios. Su actual presidente, Danilo Ahumada, afirmó que “en Chile existe una alta concentración de la propiedad de los medios de comunicación y carecemos de un marco regulatorio eficiente. El espacio radioeléctrico no es infinito, por tanto, es importante democratizar esos espacios que son públicos. La Ley de Medios lo que viene a hacer es garantizar los tres sectores de las comunicaciones: el privado- que es el que mayoritariamente existe en Chile-, el público- recordemos que en nuestro país no hay medios públicos y TVN no cumple esa figura-, y los comunitarios y territoriales”.

Ahumada se refirió a que no solo se debe promover la diversidad ideológica, sino también la territorial. “Una ley de medios promueve la descentralización de las comunicaciones con la participación de actores y actrices desde las regiones y la diversidad de realidades que ahí habitan”, afirmó.

En tanto el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, señaló que la necesidad de una regulación mediática es avalada por organismos internacionales en la materia. En su opinión, “existe una relación directamente proporcional entre la libertad de expresión, ergo la existencia del pluralismo informativo, con la densidad del sistema democrático. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, explicitó el carácter colectivo de los derechos asociados a la comunicación, lo cual comprende el derecho de todas las personas no sólo a buscar y recibir información plural, sino también a difundirla por cualquier medio de expresión, sin discriminaciones ni sujeción a limitaciones económicas, ideológicas o culturales. Esto significa asignar un rol importante al Estado en el resguardo de la dimensión colectiva de estas garantías”.

El debate en Apruebo Dignidad

La instalación del debate ha generado distintas posiciones en la coalición, en medio de la competencia para las primarias del próximo 18 de julio entre Gabriel Boric y Daniel Jadue. Esta mañana, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, calificó como “muy buena” la columna de Daniel Matamala y recomendó su lectura, lo cual entre otros factores motivó durante el día el pronunciamiento de dirigentes y militantes de Apruebo Dignidad en redes sociales.

Al respecto, la expresidenta de la Fech, militante de Comunes y activista trans, Emilia Schneider, afirmó que “como Apruebo Dignidad deberíamos afrontar las diferencias programáticas con altura de miras, sin caer en caricaturas de otros sectores y siempre aspirando a representar los anhelos de cambio de la ciudadanía. Por ejemplo, tampoco comparto cien por ciento la idea de un consejo ciudadano, pero sí revisar la concentración de la propiedad de los medios (sobre todo las concesiones estatales, como ha señalado Daniel), tomar medidas para fortalecer el pluralismo de los medios y recoger una demanda histórica del sector de las comunicaciones: una ley de medios para Chile”.

La dirigenta agregó que “la concentración del poder mediático en los grandes grupos económicos ha generado un enorme daño a nuestra democracia, y así como es urgente avanzar en verdad, justicia y reparación por las violaciones a DDHH, tenemos que hacernos cargo que a nivel internacional Chile es uno de los países que presenta una situación crítica respecto a la libertad de prensa, agudizada con posterioridad a la revuelta social”.