Después de cuatro meses de inicio del juicio oral un Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró culpable al ejecutivo de la compañía hidroeléctrica DESA, Roberto David Castillo Mejía, como coautor por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido en 2016 en el occidente de Honduras.

Cáceres fue asesinada por encargo de DESA al oponerse con manifestaciones a la construcción de la hidroeléctrica en el río Gualcarque por parte de esa empresa, precisó la sentencia.

“Nos sentimos muy alegres y que hemos cumplido con la memoria y el símbolo de nuestra amada y compañera Berta Cáceres”, dijo a RFI A la salida de los juzgados Berta Zúñiga, la hija de la ambientalista asesinada, y Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). “Contra todos los obstáculos, contra un sistema de impunidad, contra la presión de los grupos económicos oligárquicos de este país, hemos logrado un fallo condenatorio al presidente de la empresa DESA, constructora del proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca. Y a pesar de todos esos obstáculos, lo hemos logrado no por la voluntad del sistema de justicia, sino por todos los esfuerzos a nivel jurídico, a nivel de la movilización social, a nivel de los pronunciamientos que tantas organizaciones y tantas personas han hecho condenando este vil crimen”.

La lucha de su familia ha sido constante para que el caso no se quedase en impunidad luego de la condena contra siete personas que fueron los responsables materiales del crimen y ahora la reciente sentencia de Roberto David Castillo, como uno de los autores del crimen.

“Este proceso sólo es un paso en el camino hacia la justicia y sabemos que hacen falta la autoría intelectual”, dice Zúñiga. “Deben ser enjuiciados los miembros de la familia Atala Zablah, accionistas mayoritario del proyecto hidroeléctrico”.

El tribunal convocó para el 3 de agosto la audiencia que definirá los años de prisión para Castillo, gerente general de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) y exmilitar hondureño egresado de la escuela militar estadounidense West Point.

Según un comunicado de la Corte Suprema de Justicia, el Código Penal establece una pena de 20 a 25 años de prisión para ese tipo de delitos, comprobado con las evidencias aportadas por la fiscalía.

“Es un mensaje de la capacidad que tenemos los pueblos de romper con la impunidad que imponen estos sistemas, con sus limitaciones”, dice Zúñiga. “Que tienen problemas también para reconocer a las víctimas. El papel y el rol que debemos jugar como víctimas activas es exigir justicia. Sobre todo bueno en nuestro país, donde ha habido tanta impunidad, donde tantos líderes sociales y defensores de los territorios han sido asesinados y que eso queda en el silencio”.

Cáceres fue asesinada a tiros la medianoche del 2 de marzo de 2016 por hombres que entraron a su casa en la comunidad occidental de La Esperanza, donde también hirieron de bala a un mexicano que la acompañaba esa noche en otra habitación de la vivienda.

Castillo fue capturado el 2 de marzo de 2018 como presunto autor intelectual del asesinato. Según la fiscalía, el exmilitar y dos ejecutivos de DESA, que están entre los cinco sentenciados, contrataron a los sicarios que mataron a la ambientalista.

Los propietarios de la compañía son prominentes banqueros con grandes influencias en el país centroamericano.

Respaldo de empresarios

En su declaración en el juicio oral y público, que duró 48 días, Castillo agradeció el apoyo del Cohep, organismo cúpula de los empresarios hondureños, y de la asociación de empresas de energía renovable, lo que ocasionó preocupación en el equipo de abogados acusadores por la influencia de esos organismos en el proceso.

Unos sesenta eurodiputados habían reclamado en una declaración la semana pasada al Estado hondureño “que cumpla con sus obligaciones de garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación adecuada, efectiva y pronta para las víctimas, tanto a la familia de Berta Cáceres como a la sociedad hondureña en su conjunto”.

En la audiencia se reveló el contenido de comunicaciones telefónicas que hubo entre Castillo y otras siete personas que ya fueron sentenciados en diciembre de 2019 a entre 30 y 50 años de prisión por el asesinato de la ambientalista, ganadora del Premio Goldman de medioambiente 2015.

Con AFP.