Este lunes, ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago se llevó a cabo la postergada audiencia de formalización de la investigación al ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por parte del Ministerio Público.

El exjefe municipal fue imputado por la Fiscalía Metropolitana Sur por los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito durante su gestión al mando de tal corporación edilicia.

Originalmente la formalización de la investigación debió realizarse el pasado 5 de julio pero Miguel Ángel Aguilera y su abogado presentaron licencias médicas y solicitaron una nueva fecha la que finalmente quedó fijada para este lunes.

La audiencia comenzó con más de 30 minutos de atraso y la defensa de Aguilera pidió que no fuera televisada, lo que fue rechazado por la magistrada Marcela Dattas.

En una extensa y detallada presentación, el fiscal Víctor Núñez explicó cómo entre enero de 2013 y septiembre de 2017, Miguel Ángel Aguilera habría recibido reiterados depósitos en sus cuentas bancarias cuya suma total ascendió a $263 millones, lo que constituye un “incremento injustificado” de su patrimonio ya que en ese lapso la remuneración correspondiente como alcalde correspondió a 84 millones de pesos. Así, el persecutor identificó cada depósito, transferencia y movimiento bancario que podrían configuran el delito de enriquecimiento ilícito, mientras que en las imputaciones por lavado de activos, la exposición de los hechos constitutivos de delito estuvo a cargo del fiscal Leonardo Zamora.

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, que se hizo parte a través de la interposición de una querella criminal por el delito de fraude al Fisco en contra de seis personas y el ex jefe comunal, le imputó también el delito de designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal.

Tanto el Ministerio Público como los querellantes particulares y el Consejo de Defensa del Estado solicitaron al tribunal que ordenara la prisión preventiva ya que estimaban que es un peligro para la seguridad de la sociedad y, a la vez, por existir un peligro de fuga.

Durante la larga audiencia de este lunes, la defensa de Aguilera alegó “visión de túnel” de parte del órgano investigativo en el sentido que los fiscales buscaron acomodar los antecedentes para hacerlos calzar con la tesis del caso que decidieron presentar.

En conversación con nuestro medio, el abogado querellante Braulio Palma se refirió a la importancia que tiene el que la Fiscalía haya considerado justificada la prisión preventiva en el caso del ex alcalde de San Ramón.

“La segunda causal por la que el Ministerio Público solicita la prisión preventiva es por ser un peligro para la sociedad y eso es bien importante porque le da perspectiva a la situación. Nosotros somos de la misma convicción que el Ministerio Público de que el señor Aguilera es un peligro para la sociedad y es la única manera de proteger a la sociedad en este momento procesal, en que aún no hay condena ni hay determinación de culpabilidad o inocencia, sino que hay nociones claras de que aquí se cometieron graves ilícitos que atentan no solo contra el patrimonio, sino contra la fe pública”.

Para el abogado querellante y que representa al actual alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, lo ocurrido en la comuna y el manejo de Aguilera en el municipio perjudicó gravemente a los habitantes de la comuna que lo eligieron su autoridad local, lo que conlleva necesariamente un atentado a la confianza ciudadana. Por eso manifestó que la expectativa que tienen en este proceso penal es que exista una condena de cumplimiento efectivo en un centro penitenciario.

“Nosotros esperamos que aquí exista una pena de cumplimiento efectivo, pero eso es algo que debe definir el tribunal. Pero esto da un espacio para la reflexión: cuando está involucrada la fe pública, la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, independiente del color o los proyectos políticos que tengan, la verdad es que la gravedad de faltar a esa fe pública amerita una sanción que no solamente tenga que ver con la proporcionalidad, sino que dé señales a la ciudadanía de que no hay nadie sobre la ley, ni siquiera las autoridades políticas”.

Respecto del otro imputado, Daniel García Vega, exjefe de gabinete de Aguilera, el Ministerio Público señaló que habría sido quien realizó parte de las transacciones, por lo que la fiscalía solicitó la cautelar de firma mensual y arraigo nacional. Sin embargo, la defensa de García solicitó que se impusiera la medida más severa de arresto domiciliario argumentando razones de salud. Finalmente, el tribunal accedió a ello y se decretó lo solicitado junto al arraigo pedido por el Ministerio Público.