El abogado integrante de la Fundación Ciudadano Inteligente y ex querellante del caso SQM, Mauricio Daza, abordó la determinación de la Fiscalía Regional de Valparaíso, a cargo de la abogada persecutora, Claudia Perivancich, de no perseverar en las investigaciones contra 34 involucrados en la causa, entre quienes se encuentra el ex ministro del Interior del segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo, quien recientemente se sumó a la carrera senatorial como independiente en el pacto de Unidad Constituyente.
Según explicó este lunes la fiscal, la determinación se debe a la no participación de Servicio de Impuestos Internos (SII) como órgano querellante en el caso SQM y que termina con las posibilidades de esclarecer los delitos tributarios de quienes emitieron boletas de honorarios con apariencia de legalidad a la empresa de Julio Ponce Lerou. Entre ellos, Irina Rossi, hermana del exparlamentario Fulvio Rossi- a quien la Corte de Apelaciones aprobó su desafuero por delitos tributarios en el mismo caso el 2017- los hijos del vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, Jorge y Benjamín Pizarro, Harold Correa y el hermano del fallecido Jorge Matute Johns, Alex Matute, entre otros más.
Para el ex abogado querellante de la causa, suspendido por efectos de su rol como convencional constituyente, la determinación del Ministerio Público es una decisión lamentable, “que suma un capitulo más a esta historia de corrupción e impunidad que es el caso SQM”.
“Es lamentable por la falta de acción del SII, y esto en un contexto en que su director, el señor Barraza, fue designado por el gobierno de Michelle Bachelet, en circunstancias que se estaba abriendo al conocimiento del Ministerio Público y de la ciudadanía, estas redes vinculadas al financiamiento que realizaba ilícitamente grandes grupos económicos, en este caso SQM, a diversos sectores de la política en Chile. Lo que llama la atención es que a partir del cambio de un funcionario que depende de la sola voluntad del gobierno de turno, también se afectó gravemente la posibilidad de perseguir criminalmente estos delitos graves, y este conjunto de decisiones lo único que hace es afirmar la tesis de que en Chile hay una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves competidos por altas autoridades y grandes empresarios, especialmente en materia de corrupción”, criticó Daza.
En ese sentido, señaló que el poder político ha tenido la posibilidad de influenciar de manera determinante las pericias e investigaciones que se le hace al propio poder político, en la medida que el SII es un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, y su director, quien es el mandatado a presentar querellas o denuncias en caso de delito tributario, es seleccionado con criterios de confianza por las autoridades de turno.
En ese sentido, el delito tributario es de acción pública previa instancia particular y en consecuencia de eso, requiere de una querella o denuncia del Director Nacional del SII para que el Ministerio Público pueda investigar. Un requisito que para Daza, es parte del problema estructural que se reafirmó a partir del debate que existió en el congreso, respecto a la posibilidad de eliminar esta condición.
“Hay que recordar que en muchas áreas, en la Ley de Bancos, en la Ley de Mercado de Valores, el Ministerio Público no requiere de ningún tipo de denuncia o querella especial. Lo que existe es un sistema que ha sido establecido adrede por parte del poder político para resguardarse respecto de investigaciones por delito tributario. En el caso de SQM, esto se concretó a partir del abrupto cambio que hizo Michelle Bachelet del entonces director Michel Jorratt, cambiándolo por el señor Barraza, quien en una de las primeras medidas que anunció, fue que no iba a seguir presentando ni avalando querellas criminales por este tipo de casos relacionados al financiamiento ilegal de la política y en ese ámbito resulta llamativo que haya sido ratificado en su cargo en el gobierno de Sebastián Piñera, a pesar que el programa tributario de la actual administración es completamente distinto al de la señora Bachelet. Esto ha dado pie para que se sostenga que finalmente el señor Barraza está ahí para garantizarle a la clase política que no va a ser investigada por este tipo de hechos”, señaló.
Asimismo, el abogado manifestó que la Fiscalía podría persistir en la investigación de las acciones vinculadas con la emisión de boletas ideológicamente falsas, a partir de la figura de delitos de corrupción, como el soborno y el cohecho, entre otros conceptos, en la medida que “no es creíble pensar que un conjunto de políticos emitieran boletas de manera simultánea, con la finalidad de que SQM rebaje sus impuestos, hay que recordar que estos dineros terminaron en el ámbito de distintos dirigentes políticos y la hipótesis razonable es que esto se hizo a cambio de algo, pero esto no fue materia de una investigación decidida por parte del Ministerio Público”, observó el abogado.
En lo relativo al exministro del Interior y ex militante PPD, Rodrigo Peñailillo, se emitieron cuatro boletas de honorarios con apariencia de legalidad a la empresa Asesorías y Negocios- empresa de Giorgio Martelli- que a su vez, recibía aportes de SQM. No obstante, hasta hoy no existe ningún antecedente que dé prueba consistente sobre los servicios que realizó el ex jefe de campaña de Michelle Bachelet a Asesoría y Negocios.
Según Daza, el intervencionismo de Peñailillo sobre el esclarecimiento del caso, es absoluto, en cuanto involucró a Samuel Donoso, abogado de Patricio Contesse- gerente general de SQM- en calidad de asesor del Ministerio, en una reunión con el exdirector del SII para efectos de abordar la causa que se venía destapando.
“Aquí hubo una denuncia por parte de Michel Jorratt y de Cristian Vargas, quienes eran respectivamente director del SII y el subdirector jurídico de la identidad, quienes sostuvieron que fueron citados a una reunión por parte del entonces ministro del interior Rodrigo Peñailillo en dependencias del Ministerio de Hacienda, donde iban a estar con un representante del entonces ministro de Estado, quien habría resultado ser Samuel Donoso, abogado en esa época y hasta la actualidad del ex gerente general de SQM Patricio Contesse y que en esa reunión se les habría señalado por parte del señor Donoso, a los señores Jorratt y Vargas, a que realizaran gestiones que de alguna manera entorpeciera la investigación del Ministerio Público. Esos son hechos que podrían constituir el delito de tráfico de influencia, sin embargo, nunca se investigó esto por parte del Ministerio Público y ahora sorpresivamente después que el señor Peñailillo llega a nuestro país de vuelta a anunciar una candidatura senatorial, se comunica que sencillamente el Ministerio Público desecha esta causa”, denunció.
La relación entre SQM y el PPD es bastante estrecha si consideramos que Samuel Donoso es, al igual que Peñailillo, ex militante de dicho partido. En ese sentido, Daza recuerda que en un momento, el PPD llegó a inscribir ante el Servel a SQM como militante, lo que luego se justificó como un error, en la medida que una empresa no puede afiliarse a un partido político.
“Acá todo indica que el PPD fue financiado e influenciado de manera importante por la empresa controlada por Julio Ponce Lerou, y obviamente esto es un hecho jurídicamente relevante, pero por sobre todo es importante desde el punto de vista político, porque estamos hablando de un partido que ha levantado las banderas en contra de las dictaduras, pero que finalmente habría aparecido financiado precisamente por el yerno del dictador, quien obtuvo esta empresa que antes era pública, en un proceso de privatización que ha sido altamente cuestionado y que se desarrolló en plena dictadura, por lo tanto creo que el PPD tiene mucho que explicar respecto a lo que ha sido su vinculo con SQM en relación al financiamiento ilegal de la política y la forma como se ha desempeñado”, aseveró.
Actualmente se lleva una causa contra el exministro Pablo Longueira y otros personeros vinculados a una arista de SQM, relacionada con delitos de cohecho e ilícitos de orden tributario. Algunas de las que se han mantenido luego de las determinaciones tomadas por el ex fiscal de Valparaíso, Pablo Gómez, que prácticamente desmantelaron todo el caso, afirmó Daza.
“El fiscal Pablo Gómez, de una manera inexplicable cerró gran parte de las aristas, quizás la más importante, la que se vinculaba con la imputación en contra de la persona jurídica de SQM por delitos de corrupción, específicamente de soborno y esto a cambio del pago de una suma de 3 millones y medio de dólares, lo que es equivalente a la suma que gana SQM durante una semana de explotación de pertenencias fiscales en el salar de Atacama, a partir de un contrato de arriendo que fue suscrito durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que claramente es perjudicial para los intereses del Estado”, denunció.
Finalmente el abogado afirmó que la impunidad en los delitos perpetrados por autoridades políticas y altos empresarios del país, es un problema estructural que puede remediarse en la nueva Constitución, en orden a que el Ministerio Público cuente con facultades de investigar delitos tributarios sin la denuncia o querella del SII y que además garantice, que no por la voluntad de un fiscal en particular, se lapidarán las investigaciones sobre una trama de graves delitos de corrupción en el país.
