Dos hechos marcaron los últimos días para los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste. El primero fue agredido cuando visitaba a uno de los detenidos durante el estallido social y la presidenta del Senado fue interpelada cuando acudía a recorrer una feria de la comuna de Puente Alto.

A Boric lo acusan de su gestión política durante la revuelta de octubre de 2019 y a Provoste la responsabilizan de la pérdida de 600 millones de dólares cuando era ministra de Educación durante el primer gobierno de Michelle Bachelet y por lo cual terminó siendo destituida después de una acusación constitucional.

El escenario abre una discusión en torno a las construcciones mediáticas que entrañan una falta de verosimilitud y deformaciones de la realidad, a partir de las denuncias categóricas que esgrime parte de la ciudadanía sobre algunos hechos.

En el caso del diputado de Convergencia Social, se le atribuye la responsabilidad de los presos y presas detenidas en el marco del estallido social, por lo que se ha interpretado como la aprobación de la Ley Antibarricadas que derivó en la criminalización de las protestas.

“Es increíble la construcción” señaló el analista político, columnista y académico de la facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, en el panel político de la primera edición de Radioanálisis, que integró también a la Doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad del Norte, Francis Espinoza.

“Lo que al final ocurrió con la Ley Antisaqueos, porque se llamaba así y después fue rebautizada como Ley Antibarricadas, es que el Frente Amplio vota en general para que se legisle y el Partido Comunista, la mayoría de ellos, se abstiene de esa votación en general. Luego tanto el Frente Amplio -Gabriel Boric- el PC y parte de la ex Concertación, votan en contra de todos los artículos que tenían que ver con una criminalización de formas de expresión que están en la historia de los pueblos, como las barricadas. Todo eso se votó en contra. Hoy día sin embargo que haya personas detenidas, reprimidas, no es culpa del conglomerado del que formaba parte Gabriel Boric”, señaló Águila.

En lo relativo a la candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, se le imputa una responsabilidad en el caso “Subvenciones”, en circunstancias que la Contraloría General de la República reparó, entre los años 2004 y 2008, la falta de respaldos de 600 millones de dólares, transferidos por la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, Franka Grez, a sostenedores educacionales. Un caso por el cual, personeros de Renovación Nacional y UDI acusaron constitucionalmente a Provoste, que terminó destituida e inhabilitada de ejercer cargos públicos durante cinco años.

“Fue una acusación política, como son las acusaciones constitucionales y terminó en su destitución, pero nunca hubo un juicio en Tribunales de Justicia y por lo tanto, instalar esa idea es una tremenda calumnia“, aseveró el analista político.

Quien sí fue formalizada y condenada con pena de cárcel por el delito de malversación en el caso “Subvenciones” fue la ex funcionaria de la subsecretaría de Educación, Franka Grez. No obstante a aquello, Provoste fue increpada este sábado por algunos transeúntes de la Feria Grande de Puente Alto, para efectos que devolviera “la plata que se robó del Ministerio”.

Un contexto de crispación social

Frente a los hechos ocurridos, el académico del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI), Claudio Salinas, afirmó que existen bastantes equívocos en torno a la interpretación de estos dos hechos particulares, y lo atribuyó a una susceptibilidad en el ambiente social, en el cual, el componente emotivo de la retórica contribuye al procesamiento y al entendimiento de ciertos temas.

“Esta situación de procesar esta información, ocurre en un escenario emotivo, pero también de constante desafección en torno a la política tradicional y que sin lugar a dudas, Boric y Provoste, igualmente encarnan. Hay vastos sectores de la sociedad que no necesariamente votan, pero que ya tienen una opinión preconcebida respecto del accionar de los políticos tradicionales. Por lo tanto una manifestación de este tipo se comprende bajo esas lógicas”, explicó.

A modo de dilucidar este contexto, Salinas abordó el fenómeno de la posverdad, término acuñado por el Diccionario Oxford como la palabra del año durante el 2016 y que dice relación con la información o afirmación en la que los datos objetivos tienen menos importancia para el público que las opiniones y emociones que suscita.

“La posverdad es un régimen, como Chomsky explicaba hace ya muchos años, donde importan menos los hechos, e importa más bien corroborar ciertas informaciones preexistentes. Es decir, que en una parte importante de la opinión pública está la idea de corroborar ideas prestablecidas. Ahora tendríamos que problematizar el hecho unilateral, porque pareciera ser que cuando se interpreta la posverdad, es como que hay una información que vehiculan los medios de comunicación y que las personas lo procesan en el mismo sentido, lo cual es completamente falso. Porque aquí lo central es el contexto donde se están produciendo estos hechos, que se enmarcan en un proceso general de mediatización de la vida cotidiana y de la política”, señaló.

Bajo ese contexto, el académico de la ICEI, señaló que, sin prejuicio de que los gobernantes deben ser fiscalizados, y evaluados en virtud de lo que dicen y de lo que votan, la cultura de la cancelación, vale decir, de quitar apoyo, anular o marcar personas según opinión o postura ideológica en cuanto sea considerada contraria o repudiable, se contradice con un rasgo esencial de la política.

“La cultura de la cancelación es compleja y dificulta el desarrollo de las representaciones políticas porque supone, ilusoriamente, que tenemos que transformar todos los espacios en ‘espacios seguros’, en el sentido que no que haya una discusión política, sino espacios completamente impolutos, espacios donde en lo moral dogmático, o ciertas moralinas, tendrían que los representantes políticos encarnar, algo así como respuestas binarias. O sea los representantes políticos no podrían exhibir ningún desliz, so pena de ser cancelados o funados y eso es complejo porque el escenario de lo político muchas veces es la contradicción“, explicó.

El asidero político de la violencia

Por su parte, Águila, problematizó la violencia ejercida de los gobernados hacia sus gobernantes como un síntoma de la mala política de las autoridades, quienes abogan por la integridad de la paz y de la democracia, cuando no han acogido las necesidades de la ciudadanía. Esto lo abordó recogiendo la condena que realizó el ministro del Interior Rodrigo Delgado, a las declaraciones de Fabiola Campillai, quien instó a retomar con fuerza las protestas luego que la Corte de Apelaciones revocara la medida cautelar de prisión preventiva al ex carabinero identificado como su agresor. “Un llamado desafortunado que perturba la democracia y el Estado de Derecho”, consignó Delgado en esa oportunidad.

“A veces se dice que la otra cara de la violencia es la paz, pero también algunos autores han señalado que la violencia existe cuando la política falla, y cuando la política falla, es porque no logra resolver en esa esfera, alguna situación de injusticia o contradicción que genera esa rabia y esa violencia. Yo creo que uno puede todos los días condenar la violencia, pero la violencia no es solamente un problema moral, es un problema político que tiene raíces. Explicar algo, no significa justificar algo y si tú no te das el trabajo de explicar algo, eso nunca va a ser superado”, relevó Águila.

La agenda pública

El presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada, explicó que las interpretaciones equívocas de los hechos objetivos, la posverdad y también, las fake news datan de mucho tiempo atrás, pero que en la actualidad se cuenta con una serie de elementos, como las plataformas digitales, que así como han democratizado la información y la producción de contenidos, han generado una exacerbación de canales que deforman la realidad.

“Por un lado las redes sociales actúan con una característica propia, más autónoma y van construyendo estas posverdades, pero por otro lado, lo que nos corresponde a nosotros como periodismo, es construir un periodismo ético, serio, riguroso y hoy los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación por lo menos, han quedado un poco al debe de esa discusión más profunda del debate político y ahí hay que hacer una reflexión y una autocrítica”, señaló.

En ese sentido advirtió que los medios incurren constantemente en enfocar las noticias en el debate político, más que a los contextos y el trasfondo de las circunstancias que corresponden a una situación particular.

“Uno esperaría que esos aspectos estuvieran en el debate, que no solamente estuvieran suscritos a programas de discusión política que son más de nicho y que no todo el mundo sigue. Por lo tanto, ahí uno podría hacer una discusión un poco más profunda de lo que sucede”, afirmó.

Asimismo, Ahumada señaló que las autoridades políticas también deben asumir una responsabilidad en la conformación de la agenda pública.

“Hay una responsabilidad del mundo político de como se construyen temas en tiempos de polarización, porque estos elementos que se van instalando no solamente los instalan algunos medios, entrecomillas, sino que también son instalados por la propia clase política y en ese sentido, se necesita una clase política que aporte al debate de ideas, más que estas descalificaciones permanentes que muchas veces no tienen un sustento verídico”, agregó.